CASANARE
Ecopetrol entregó dotación escolar para sedes educativas en Casanare
En un trabajo articulado con el Ministerio de Educación Nacional, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Gobernación de Casanare, las administraciones municipales, con la participación de rectores y docentes, Ecopetrol entregó 68.949 unidades de mobiliario escolar para 200 sedes y 10 residencias estudiantiles de 30 instituciones educativas del departamento de Casanare.
Para ejecutar esta iniciativa Ecopetrol aportó un valor superior a los $7.534 millones a través del mecanismo de Obras por Impuestos, que estableció el Gobierno Nacional para la ejecución de proyectos de inversión a las poblaciones de municipios ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) y con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Los municipios beneficiados fueron Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Támara y Tauramena.
La dotación incluyó mobiliario de aula básica como puestos de trabajo, tableros, muebles de almacenamiento; mobiliario de cocina y restaurante / comedor, menaje y enseres para residencias estudiantiles, que permitirá mejorar las condiciones de acceso, permanencia, bienestar y desarrollo de los estudiantes de las zonas rurales y urbanas, al tiempo que contribuirá al cierre de brechas en educación.
El proyecto benefició a 19.739 estudiantes, docentes y trabajadores administrativos de las instituciones educativas Instituto Técnico Diversificado y Escuela Normal en Monterrey; Jorge Eliécer Gaitán, Manuel Elkin Patarroyo en Sabanalarga; IE El Cusiana, José María Córdoba, Escuela Normal, Siglo XXI, Del Llano y Crieet, en Tauramena; IE Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño en Pore.
Así mismo, la institución educativa Fernando Rodríguez en Recetor; José Antonio Galán en Chámeza; Camilo Torres Restrepo y Luis Enrique Barón Leal en Maní; IE La Turúa, León de Greiff y Cupiagua en Aguazul; IE Arturo Salazar Mejía en Támara; IE San Juan de los Llanos, indígena Yamotsinémü; El Palmar, Itenca en Paz de Ariporo.
Y las instituciones educativas Antonio Martínez Delgado, Horario Perdomo, Bonifacio Gutiérrez, Puerto Colombia, Simón Bolívar, indígena Murewon Wayuri, indígena Alegaxu y Carlos Lleras Restrepo en Hato Corozal.
“Mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y la línea de inversión social del Grupo Ecopetrol en educación, estamos aportando al cierre de brechas en educación, promovemos la calidad y retención escolar, en las regiones donde operamos. Este aporte contribuye a mejorar la calidad de vida y promover un ambiente más idóneo para el aprendizaje de los jóvenes casanareños”, comentó Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.
En el frente de infraestructura educativa en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, el Grupo Ecopetrol a través del mecanismo de Obras por Impuestos, que promueve el desarrollo de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por el conflicto armado, beneficiará a 2.249 sedes educativas en todo el país, con el Ministerio del Trabajo beneficiará al Sena de Monterrey, Casanare, y apoyará los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) del ICBF, beneficiando 312 mil estudiantes del país, quienes recibirán dotaciones escolares, infraestructura en tecnología de la información y mejoramiento de sus ambientes de aprendizaje.
Fuente: Ecopetrol
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
