A partir de la fecha, y por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), autoridad nacional de protección al consumidor, toda persona o empresa que venda soluciones de vivienda, promocione y/o publicite proyectos constructivos destinados a vivienda “debe suministrar información adecuada, clara, completa, veraz, transparente, oportuna, suficiente, verificable, comprensible, precisa e idónea”.

Lo anterior, con el fin de garantizar el derecho de los consumidores inmobiliarios a la libre elección, a recibir información, y a ser protegidos contractualmente y frente a la posible publicidad engañosa.

La circular de la SIC imparte instrucciones puntuales a las personas naturales o jurídicas que comercialicen, promocionen y/o publiciten proyectos constructivos destinados a vivienda, con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección al consumidor.

Muy particularmente, la entidad de control y protección al consumidor se refiere a la información mínima, publicidad y condiciones negociables, y pone en cintura a las empresas o personas que venden soluciones de vivienda, para que prevalezcan los derechos de los consumidores.

Cambios claves: precio y fecha de entrega

Entre los cambios más representativos se encuentran la obligación de suministrar al consumidor final el precio de la vivienda en pesos colombianos y el derecho del consumidor a pagar el precio que se le informe al momento en que manifestó la voluntad de adquirir el bien, ya sea a través de la firma del contrato de separación, opción de compra o contrato de fiducia.

El proyecto de circular fue publicado durante 15 días calendario en el portal de transparencia de la página web de la Superintendencia, para que la ciudadanía y cualquier interesado presentara sus observaciones o comentarios, los cuales fueron analizados y tenidos en cuenta para su expedición.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1372 del 13 de noviembre de 2024, declaró la “situación de Desastre Nacional” en todo el territorio colombiano por un término de 12 meses prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo.

La norma le permite al Ejecutivo acudir a todas las herramientas legales y constitucionales para hacerle frente a la situación de desastre nacional que afecta a varias regiones del país por cuenta de la ola invernal.

En los considerandos del Decreto 1372 del 13 de noviembre de 2024 se enumeran algunas de las situaciones graves que durante el año han afectado a miles de familias colombianas, y que motivan esta declaratoria de Desastres Nacional, entre ellas:

– Según el reporte de emergencias de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 11 de noviembre pasado, en lo que va del año Colombia han registrado 8.396 eventos climáticos y de desastres con impactos significativos: 952 municipios afectados, 2 millones de personas damnificadas, 244.553 familias damnificadas, 92 fallecidos y 171 heridos.

– Además, 101.639 viviendas averiadas, 1.031 viviendas destruidas y más de 280 mil hectáreas afectadas.

– Se han registrado 6.222 incendios forestales que afectaron 208.874 hectáreas, 565 movimientos en eventos que impactaron a 14.204 personas y 329 hectáreas; 560 inundaciones con afectación de 618.130 personas y 62.814 hectáreas; 454 vendavales que dejaron 108.344 personas afectadas; 277 desabastecimientos de agua y 115 crecientes súbitas.

– Durante el segundo semestre de 2024 el reporte de emergencias, con corte al 12 de noviembre pasado, señala:

– 1.666 eventos climáticos, entre incendios forestales (60%), vendavales (14%), deslizamientos (11,2%) e inundaciones (10,4%), afectando a los 32 departamentos, el Distrito Capital y 546 municipios.

– Estos eventos han ocasionado la muerte de 24 personas, 67.252 familias damnificadas, 407 viviendas destruidas, 33.768 viviendas averiadas, afectaciones a 24 acueductos, 17 alcantarillados, 6 centros de salud, 107 centros educativos, 46 centros comunitarios y más de 66 mil hectáreas de cultivos.

– Entre el 10 y 12 de septiembre últimos se registró el 40% de los eventos ocurridos durante el segundo semestre del año, así: 662 eventos climáticos: incendio forestal (61,9%), vendaval (16,5%), inundación (10%) y deslizamiento (5,9%).

– Además de fenómenos como creciente súbita, granizada, tormenta eléctrica, avenida torrencial y erosión, que afectaron los departamentos de Cundinamarca, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, La Guajira, Norte de Santander y Chocó. Estos eventos ocasionaron la muerte de 5 personas, 37 heridos, 2 desaparecidos, 88.268 personas afectadas, 180 viviendas destruidas, 11.503 viviendas averiadas, 61 vías afectadas, 6 acueductos, 8 alcantarillados y 58 centros educativos afectados, entre otras.

Por estas y otras razones que recoge la norma en su exposición de motivos, el Gobierno del Cambio declaró la situación de Desastre Nacional, pues durante 2024 se han emitido 357 declaratorias de calamidad pública (22 de nivel departamental y 335 ​municipales), de ellas 165 por temporada seca y 138 en temporada invernal.

– Solo en Chocó, las lluvias de los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2024 inundaron 25 municipios, afectaron a 37.577 familias y 187.885 personas, 4.337 viviendas, 18 colegios y 1.487 hectáreas.

Para atender esta crisis nacional, el presidente Gustavo Petro anunció recursos iniciales por $1,7 billones de pesos.

Fuente: Presidencia de la República

El martes 12 de noviembre, se sancionó la Ley que promueve la igualdad de sanciones entre vehículos y motocicletas, marcando un hito en la búsqueda de un trato más justo en las normas de tránsito.

Con esta nueva legislación, se eliminan cinco causales de inmovilización que anteriormente afectaban exclusivamente a los motociclistas, lo que representa un avance importante para la equidad en el tránsito y la movilidad.

A partir de ahora, las infracciones contempladas en los numerales D3, D4, D5, D6 y D7 del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, que incluyen conductas como transitar en sentido contrario, conducir sobre separadores o bermas, adelantar en lugares prohibidos, no detenerse ante la luz roja o amarilla y realizar maniobras irregulares, seguirán siendo penalizadas con las correspondientes multas. Sin embargo, ya no serán motivo de inmovilización para las motocicletas, lo que elimina una carga innecesaria para los motociclistas que anteriormente enfrentaban una doble penalidad.

El Senador Alejandro Vega, autor de la iniciativa, explicó que la ley pretende erradicar un entorno de persecución y zozobra que afectaba injustamente a los motociclistas. “Lo que buscamos con esta ley es generar un escenario más equitativo, donde las sanciones sean justas y proporcionadas, sin que los motociclistas enfrenten una penalización desmesurada como la inmovilización de su vehículo que para muchos es su herramienta de trabajo”, destacó el legislador.

Esta medida no implica impunidad, sino más bien un tratamiento más equilibrado y justo, liberando a los motociclistas de una carga que no enfrentan otros conductores de vehículos. Además, la ley buscar fomentar una mayor responsabilidad al volante, asegurando que las infracciones sean sancionadas de manera clara y con la gravedad correspondiente, sin caer en excesos que afectan el bienestar de los conductores.

Cabe destacar que la Ley fue sancionada de manera excepcional por el presidente del Congreso, debido a que el presidente de la República no cumplió con la obligación de sancionarla dentro del plazo establecido por la Constitución. Su entrada en vigencia queda ahora en manos del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Fuente: Comunicaciones Senador Alejandro Vega Pérez