META
Durante cinco días Fiscalía recorrió varios municipios del Meta
La Ruta de Esclarecimiento Itinerante de la Fiscalía estuvo durante 5 días en los municipios de Acacías, Villavicencio, El Dorado, Cabuyaro y Mesetas (Meta).
Como resultado de esta visita se generaron 47 actividades investigativas, se corrieron 34 traslados de escritos de acusación por el delito de violencia intrafamiliar, 7 imputaciones por el delito de violencia sexual, 1 por feminicidio tentado y 5 por homicidio agravado.
Asimismo, el Programa de Prevención del Delito de la Fiscalía General de la Nación Futuro Colombia adelantó jornadas de pedagogía con más de 1.000 personas, en temas de violencia sexual e intrafamiliar, riesgos digitales y las campañas Correcto Soy y Eso es cuento.
Además, se brindó información para que los ciudadanos puedan denunciar a través de las diversas plataformas que brinda la Fiscalía General de la Nación, como lo es la Línea 122 y la aplicación ADenunciar.
Los eventos contaron con el acompañamiento de Futuro Colombia, Alcaldías, ICBF, Policía Nacional, Ejército Nacional, colegios municipales y escuelas rurales.
Así fue el recorrido de la Ruta de Esclarecimiento Itinerante
Esta jornada inició en el auditorio del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, ubicado en el municipio de Acacías. Allí el equipo de Futuro Colombia y servidores del CTI de la Fiscalía se reunió con 40 personas, entre ellas representantes de diferentes instituciones, autoridades, líderes y comunidad en general de la localidad con el fin de darles a conocer las deferentes rutas para denunciar.
Entretanto, en Villavicencio 70 estudiantes del colegio Antonio Ricaurte Sede 20 de Julio, por medio del juego aprendieron cómo cuidarse y cómo detectar riesgos para no ser víctimas de ningún delito que atente contra su integridad.
En la localidad de El Dorado, la Ruta de Esclarecimiento Itinerante se reunió con estudiantes del colegio de la localidad, 40 profesores y 20 madres de familia, para explicarles cómo apoyar a estudiantes y familiares que puedan estar siendo víctimas de violencia sexual o violencia intrafamiliar.
Otra de las paradas fue en la vereda El Edén, donde se encontraron con 30 integrantes de la Comunidad indígena Pijao (El Dorado). Allí los asistentes hicieron preguntas sobre cómo acceder a la atención de las autoridades en caso de conocer algún delito que los afecte y dónde denunciar.
Durante tres días, en Cabuyaro los servidores estuvieron en el colegio del municipio con enseñándoles a padres de familia y docentes sobre los delitos a los que se exponen sus hijos en redes sociales.
Asimismo, se visitaron dos hogares comunitarios del Bienestar Familiar, donde el equipo de la Fiscalía se reunió con 30 padres de familia, a quienes les recordó cómo estar alertas cuando estén en peligro y busquen ayuda.
El recorrido de la Ruta de Esclarecimiento Itinerante terminó en la localidad de Mesetas al sur del departamento
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
