REGIÓN
Duitama ya tiene alcaldesa encargada
El gobernador Ramiro Barragán Adame designó a la secretaria de Educación de Duitama, Diana Patricia Monsalve Valderrama, como alcaldesa encargada de esa ciudad, tras ser notificado oficialmente sobre el fallo del Consejo de Estado en el que se declaró nula la elección de Constanza Isabel Ramírez Acevedo.
Valderrama asumirá el mando hasta que se elija a una de las tres personas de la terna que presente el partido, movimiento o coalición política que certifique la Registraduría Nacional del Estado Civil para este caso.
Uno de los argumentos esgrimidos en la demanda de nulidad hacía referencia, precisamente, a un posible caso de doble militancia por parte de la exmandataria, asuntó sobre el cual ya había hecho énfasis la Procuraduría General de la Nación el pasado 13 de abril, tras indicarle al Consejo de Estado sobre las supuestas irregularidades que cometió Ramírez al momento de su inscripción ante la Registraduría Municipal, pues quedó representada directamente por el partido Cambio Radical y no por la coalición Duitama Florece, conformada por ASI, Mais, Cambio Radical y el Partido de La U.
La demanda también señalaba que, al momento de la inscripción, la empresaria tenía dos sanciones de la Contraloría General de la República y una de la Procuraduría General de la Nación, situación que – según el demandante – la inhabilitaban para aspirar por segunda ocasión al cargo que ya había ocupado entre el 2012 y el 2015.
La sentencia proferida en segunda instancia por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el pasado 22 de abril del año en curso, revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá que negaba las pretensiones que buscaban la nulidad de la elección de Ramírez.
Sin embargo, la exmandataria de Duitama presentó un recurso de aclaración del fallo, situación que le impedía al gobernador Barragán nombrar un encargado, hasta tanto el alto tribunal no le notificara oficialmente sobre la nulidad de la elección de Ramírez, quien fue elegida para el periodo constitucional 2020-2023.
¿Qué viene?
El alcalde o alcaldesa encargada, designada por el Gobernador de la terna enviada, permanecerá en el cargo hasta el desarrollo de las elecciones atípicas que se deben adelantar, ya que aún no ha pasado el 50 por ciento del periodo. La Registraduría deberá establecer, para tal fin, la fecha de los comicios.
“El encargo será mientras se realizan las elecciones atípicas. Nosotros, respetando la decisión democrática de los duitamenses y para garantizar la continuidad del Plan de Desarrollo ya aprobado, hemos decidido que sea una persona que viniera en el gabinete actual. Necesitamos que Duitama continúe su desarrollo y que entre todos saquemos adelante a esa ciudad que tanto queremos”, mencionó el mandatario de los boyacenses.
Una vez surtidas las votaciones, sea electo y tome posesión el nuevo alcalde o alcaldesa, el mandatario encargado culminará su temporalidad.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
