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Doble calzada al Llano, la obra vial más compleja del centro del país
Una de las obras viales más desafiantes en el interior del país es la doble calzada de 85,6 kilómetros que se construye de Bogotá a Villavicencio, por entre montañas, abismos y terrenos geológicamente inestables.
En su trazado predominan la construcción de 25 túneles –entre ellos el primero que tendrá el país de dos pisos y que se inaugurará este jueves–, 66 puentes y viaductos con complicados diseños que se están haciendo sobre profundidades peligrosas. Será un corredor que con las nuevas características los usuarios reducirán el tiempo de recorrido a un poco más de una hora.
Para modernizar esta vía, la Nación la dividió en tres tramos: el primero, sin contratar, entre Bogotá y el sector El Tablón, tiene 30,6 km. El Gobierno Nacional lo dejó en manos del Instituto Nacional de Vías (Invías) para que estudie si se puede hacer solo con plata del Estado.
El segundo tramo se extiende desde El Tablón hasta Chirajara y está a cargo de la concesión Coviandes (actual operador de los 85,6 km de vía), que invertirá 1,8 billones de pesos en las obras.
En este trayecto ya se dieron al servicio 12,5 kilómetros (incluyen siete túneles y 13 puentes) y lo que falta en viaductos y túneles muestran un avance del 85 por ciento en promedio.
En esta parte del trazado se han levantado 39 puentes de los 46 que tiene el tramo. Los 6 faltantes están construyéndose. De los 18 túneles proyectados se han terminado 16 y los dos restantes están excavados.
“Algo así como el 50 por ciento no es vía superficie. Es una secuencia de túneles y puentes, lo que la hace más ágil y por su topografía fue la mejor solución”, dijo Luis Hernando Dávila, gerente de Coninvial, empresa constructora.
En este segundo tramo Coviandes terminó otros 15,5 km, de la variante de Puente Quetame a la quebrada El Naranjal, que se darán al servicio este jueves 15, en un acto al que está invitado el presidente, Juan Manuel Santos, y que presidirá el vicepresidente, Germán Vargas Lleras.
En este trayecto que se abrirá a los usuarios hay 10 puentes y 4 túneles: el más grande llamado Renacer, de 4,3 km, tiene otro túnel debajo para evacuación de emergencia.
El tercer tramo es el de Chirajara-Villavicencio, adjudicado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) al consorcio Estructura Plural Villavicencio 3.
Es una APP de iniciativa privada que invertirá 1,9 billones de pesos en la construcción de 22,6 kilómetros de nueva calzada, que contempla 7 túneles, 20 viaductos y 5 peatonales. El acta de inicio de las obras se prevé firmar también este jueves.
Fuente: EL TIEMPO
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
