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Sabanas inundables de Cinaruco en Arauca, nuevo Distrito Nacional de Manejo Integrado

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La Orinoquia Colombiana tiene una nueva área protegida de categoría Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI): Cinaruco.  Ubicado al oriente del departamento de Arauca, en jurisdicción de los municipios de Arauca y Cravo Norte, su paisaje se caracteriza por la presencia de sabanas inundables, bosques de galería y bosques riparios (que protegen las riberas de los ríos).

La nueva área protegida Nacional alcanza las 332 mil hectáreas, albergando gran biodiversidad de la Orinoquia, contando a más de 68 especies de mamíferos, 178 de aves, 176 de peces, 670 de plantas y 74 de reptiles, igualmente, sus ecosistemas de humedal son estratégicos en la regulación hídrica y del clima de la región.

Las comunidades campesinas llaneras que habitan la zona, han logrado hacer un uso sostenible de los recursos naturales para desarrollar actividades productivas que les proveen un sustento diario, es decir, han trabajado como agentes de conservación de los cinco ecosistemas identificados: sabanas inundables tropicales, humedales, bosques de galería tropicales, cuerpos de agua, playas y médanos.

Los pobladores de Cinaruco, son en su mayoría campesinos procedentes de Casanare y Arauca, igualmente, es un territorio ancestral de los pueblos indígenas Wamonae, Yaruro, Yamalero, Maiben-Masiware y Sáliva pertenecientes al resguardo Caño Mochuelo.

El logro de este nuevo Distrito Nacional de Manejo Integrado en la Orinoquia, es fruto del liderazgo de la Alianza para la conservación de la biodiversidad, el territorio y la cultura, que desde 2016 apoya al Gobierno colombiano en el cumplimiento de su meta en materia de creación y ampliación de áreas protegidas.  La alianza está conformada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, World Wildlife Fund (WWF), Wildlife Conservation Society (WCS), la Fundación Argos y la Fundación Mario Santo Domingo.

Así mismo, para lograr este proceso se contó también con el valioso apoyo de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Instituto Alexander Von Humboldt, Corporinoquia, la Fundación Orinoquia Biodiversa, la Gobernación de Arauca, las alcaldías de Arauca y Cravo Norte, Asojuntas de estos municipios, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, a través de su programa Riqueza Natural.

La gestión del DNMI será un esfuerzo entre entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible y del sector agricultura y desarrollo rural (Parques Nacionales, Unidad de Planeación Rural Agropecuaria, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Agencia de Desarrollo Rural y Agencia Nacional de Tierras, entre otros) para equilibrar la conservación de espacios naturales con el desarrollo de actividades productivas sostenibles para lo cual se contará igualmente con el apoyo de USAID.

Es de resaltar que con la declaratoria como área protegida se minimizan las presiones sobre este territorio, como la extracción ilegal de flora y fauna con fines de comercialización, las quemas, tala selectiva, pesca y cacería no reguladas y la pérdida de la identidad llanera e indígena, entre otras. 

Fuente: Comunicaciones Parques  NacionalesNaturales de Colombia

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Condenado a más de 12 años de prisión exgobernador de Arauca Jose Facundo Castillo

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jose facundo castillo cisneros

En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años, 2 meses y un día de prisión al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por el direccionamiento de la contratación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y/o centros educativos del departamento, durante el primer periodo en el que ejerció el cargo, entre 2012 y 2015.

El fallo precisó que el exfuncionario deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario, pagar una multa equivalente a 336 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 154 meses.

En el curso del juicio oral se estableció que Castillo Cisneros permitió que avanzaran dos procesos contractuales en diciembre de 2012 y octubre de 2013, con estudios previos incompletos y fundados en precios de mercado obtenidos de documentación falsa aportada a los trámites para dar apariencia de legalidad y beneficiar a unos oferentes específicos.

Adicionalmente, se constató que los contratistas fueron escogidos a través del mecanismo de selección abreviada mediante subasta inversa presencial, en cuyo pliego de condiciones se definieron requisitos habilitantes desproporcionados que limitaron la libre concurrencia de otros aspirantes.

La sentencia conocida declaró a Castillo Cisneros responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y lo absolvió por peculado por apropiación agravado. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por considerar que existe el soporte probatorio pericial suficiente para que se declare la existencia de sobrecostos por 619 millones de pesos en el primer contrato y de 1.453 millones de pesos en el segundo, lo que generó la apropiación de recursos públicos en favor de terceros.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Sancionados cinco exfuncionarios de la Gobernación de Arauca por irregularidades en el PAE

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Por irregularidades en el Contrato para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Arauca, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 9 años y 6 meses, al exsecretario de Educación de Arauca, William Arévalo Quintero, y al exgerente de Contratación (E), Uriel Niño López.

El ente de control comprobó que el exsecretario intervino en la elaboración de los estudios previos del modificatorio 1 y luego suscribió el adicional 1 de valor y plazo del contrato inicial, por $ 3.793’564.800, sin estudios previos serios y completos en los que se estimaran y justificaran los aspectos económicos del valor de la ración para preparar en casa y ser entregada a los acudientes de estudiantes de zonas rurales y sedes urbanas, generándose sobrecostos por $ 898’121.782

En cuanto a Niño López, se demostró, en primer lugar, que intervino en la etapa contractual del modificatorio 1 al bilateral omitiendo garantizar que el contenido de los estudios previos, remitidos por la Secretaría de Educación se ajustaran a la normatividad vigente y, en segundo lugar, como líder de contratación omitió ordenar la publicación de la totalidad de los documentos que hacían parte del contrato.

En la decisión de primera instancia, también se destituyó e inhabilitó por 9 años a Maricel Ortiz Ramírez, exsecretaria de Educación departamental, por celebrar el adicional 2, al contrato inicial de valor y plazo por $ 4.242’584.008, sin elaborar unos estudios previos completos y precisos, que atendieran los lineamientos adoptados por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, con ocasión de la pandemia por Covid-19.

Asimismo, el ente de control suspendió por 12 meses, convertidos a salarios devengados para la época de los hechos, al entonces gobernador de Arauca (2020-2021), José Facundo Castillo Cisneros, por el concurso de faltas en que incurrió al celebrar el modificatorio 1 al contrato del PAE por $ 14.078’860.590, sin tener previamente unos estudios de mercado serios que evitaran sobrecostos, en el cambio de ración servida en institución educativa a ración para preparar en casa.

En lo que respecta a la representante legal de la empresa interventora Invida SAS, Diana Susi Mahecha Herrera, el Ministerio Público la multó con 20 salarios mínimos mensuales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este por el término de 10 años, por desatender su deber de vigilar y controlar la ejecución del contrato PAE.

Por último, al supervisor del contrato de interventoría suscrito con Inversiones para la Vida, Holman Jeffrey Ruiz Puerta, la Procuraduría le impuso una suspensión de tres meses, por no ejercer adecuadamente las labores que le fueron encomendadas, que será convertida en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la falta.

A juicio del Ministerio Público, los exservidores y la interventora sancionados permitieron con su conducta omisiva que, el contratista del PAE, Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, impusiera la ración para preparar en casa con una escasa cantidad de ingredientes que no alcanzaba para elaborar 20 almuerzos por estudiante.

Con este actuar los sancionados afectaron los derechos fundamentales a la alimentación escolar y la educación en pandemia de los niños, niñas y adolescentes araucanos, generando sobrecostos en detrimento del patrimonio del Estado, de cara a los precios y condiciones reales del mercado.

Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, indicó la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

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En próximos días se conocerá condena del exgobernador de Arauca José Facundo Castillo

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Luego de valorar la pruebas y argumentos aportados por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentido de fallo condenatorio contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por su intervención en el direccionamiento irregular de dos contratos suscritos en diciembre de 2012 y octubre de 2013, durante el primer periodo en el que ejerció el cargo.

En ese sentido, fue declarado responsable, en calidad de coautor, del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y deberá permanecer privado de la libertad en centro carcelario para hacer efectiva la pena que será conocida en los próximos días.

Los contratos que motivaron la decisión tenían por objeto la dotación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y/o centros educativos del departamento de Arauca.

En el curso de la investigación liderada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se estableció que, con los aportes a la conducta criminal del exgobernador y sus subalternos, fueron tramitados y celebrados desconociendo varios requisitos esenciales con la única intención de beneficiar a unos oferentes específicos.

Con este propósito ilegal, la contratación no estuvo precedida de estudios suficientemente serios y completos encaminados a determinar, entre otros, los costos, valores, alternativas y precios reales de mercado afectando los principios de legalidad, economía, transparencia, y planeación.

De igual manera, se acreditó que los contratistas fueron escogidos a través del mecanismo de selección abreviada mediante subasta inversa presencial, en cuyo pliego de condiciones se establecieron requisitos habilitantes desproporcionados, desconociendo las figuras de contrato de asociación, condicionamientos que limitaron la libre concurrencia de otros aspirantes en estos procesos contractuales.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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