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Director del DNP explica reforma al Sistema General de Regalías

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Los recursos de las regalías provenientes de la producción de minerales e hidrocarburos impulsarán la reactivación económica de las regiones. Con la ley que reglamenta la Reforma al Sistema General de Regalías, aprobada por el Congreso de la República, los municipios y departamentos del país tendrán más de $15,7 billones de pesos disponibles para inversión social directa, en el periodo 2020-2021.  

Esta cifra incluye asignaciones directas para las regiones productoras, las cuales se estiman en más de $3,8 billones de pesos, la asignación local que recibirán los municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas por cerca de $2 billones de pesos, recursos para la Inversión Regional por más de $5,2 billones de pesos y saldos no comprometidos de vigencias anteriores, priorizando inversiones en vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, conectividad, agua potable y saneamiento básico. Con corte al mes de agosto, estos saldos suman cerca de $4,7 billones de pesos. 

La cifra de los $15,7 billones de pesos es comparable con lo que se requiere para construir 150 megacolegios, energizar a 100 mil familias, pavimentar 9.700 kilómetros de vías de un carril, construir 300 centros de salud de primer nivel y edificar 5.000 viviendas de interés social. 

El director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, aseguró que con la aprobación del proyecto se saldan deudas de años: la primera, más descentralización y autonomía al territorio al pasar de 1.152 a 8 órganos colegiados de administración y decisión (OCAD); la segunda, más recursos para las zonas productoras que pasaron del 11 % al 25 %; y la tercera, la participación con voz y voto de los diferentes grupos étnicos en los diversos escenarios de decisión del sistema. 

Y agregó que “a lo anterior se suman tres asuntos trascendentales: por primera vez se destinarán recursos de regalías para la protección y fortalecimiento ambiental; el incremento para los sectores de ciencia, tecnología e innovación y para la paz; y las mejoras que implementamos para ejercer la vigilancia de los recursos de manera más coordinada entre el DNP y los entes de control”. 

Más regalías para las regiones, el medio ambiente, la educación y la paz  

Con la reforma al Sistema General de Regalías, el Gobierno del Presidente Iván Duque cumple su promesa de llevar más regalías para las regiones productoras que le apuestan a la producción de minerales e hidrocarburos. Las asignaciones directas para estas regiones se duplican, al pasar del 11% al 25%. Se estima que para el próximo bienio serán cercanas a los $4 billones de pesos.  

Los departamentos con mayores asignaciones son Meta, que pasa de recibir más de $650.000 millones de pesos en bienio 2019-2020 a más de $1 billón de pesos para el bienio 2021-2022. Le sigue Casanare, que pasa de cerca de $300.000 millones de pesos a más de $670.000 millones de pesos; y Cesar, de más de $230.000 a más de $475.000 millones de pesos.  

La reforma también promueve la equidad con más recursos para los  municipios más pobres. Más de 1.000 municipios con mayores necesidades básicas insatisfechas serán beneficiados con asignaciones que pasan del 10,7% al 15%. 

Se mantiene la inversión regional del 34% para proyectos de impacto regional con criterios de población, pobreza y desempleo. 

La reforma establece un periodo de transición para que, en el año 2021, los departamentos puedan agilizar las inversiones, viabilizando, priorizando y aprobando directamente los recursos de la asignación para la Inversión Regional. Para ello, se deberán realizar ejercicios de planeación, liderados por los gobernadores y los alcaldes, que faciliten la participación de diferentes actores regionales y locales. 

Por primera vez, se asignan recursos de regalías para el medio ambiente. Permitirán financiar proyectos relacionados con la conservación de áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. Se destinará un 5%. 

De otra parte, se deberá destinar un porcentaje no inferior al 5% de las asignaciones directas estará destinado a infraestructura educativa o a proyectos para mejorar la cobertura, permanencia y calidad de la Educación Superior pública. Los recursos de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentan del 9,5% al 10%. 

Asimismo, se mantienen los recursos para la paz. La reforma acelera la destinación de un 7% el presupuesto de regalías para la implementación de una paz con legalidad. 

Además, por primera vez, serán beneficiarios directos los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y el pueblo Rrom o Gitano de un porcentaje de la asignación para la inversión local. Los proyectos serán priorizados y aprobados de forma autónoma en Instancias de Decisión conformadas por ellos mismos. 

Más agilidad y eficiencia para que las regalías se conviertan en obras que transforman vidas 

La reforma fortalece la descentralización y autonomía de las entidades territoriales para que los recursos de las regalías se traduzcan en  obras y beneficios para las comunidades. De este modo, se pasará de tener 1.152 Órganos Colegiados de Administración y Decisión a solo 8, y del total de recursos de las regalías, el 70% tendrá asignación sin necesidad de pasar por los OCAD. 

Con el propósito de determinar la adecuada o inadecuada gestión de los recursos del Sistema serealizarán mediciones de desempeño. Como consecuencia de lo anterior, se activarán mecanismos de seguimiento, acompañamiento y protección de los recursos para los municipios y departamentos que se ubiquen en rangos críticos de gestión.  

El proyecto de ley que reglamenta la reforma al Sistema General de Regalías fue radicado ante el Congreso de la República por los Ministerios de Minas y Energía, y de Hacienda y Crédito Público, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, DNP. 

Fuente: DNP

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Colombia tendrá por primera vez una política pública de alimentación escolar

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La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) oficializó la formulación de esta política estructural, que convierte el PAE en una política de Estado y no solo en un programa gubernamental. El objetivo: blindar su operación más allá de los ciclos políticos y asegurar que cada niño, niña y joven reciba una alimentación balanceada y pertinente durante su formación escolar.

“Después de 60 años, este Gobierno le dejará a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado”, afirmó Sebastián Rivera, director de la UApA.

La nueva política se basa en cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer el impacto del programa en las aulas y las comunidades:

  1. Garantía de derechos: la alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
  2. Financiamiento sostenible: se establecen mecanismos financieros a largo plazo para asegurar la continuidad y expansión del PAE.
  3. Calidad y nutrición mejoradas: las minutas alimentarias serán revisadas y actualizadas con base en criterios técnicos, nutricionales y participación comunitaria.
  4. Participación ciudadana: estudiantes, familias y comunidades educativas participarán en la toma de decisiones, promoviendo transparencia y pertinencia local.
  5. Monitoreo y evaluación rigurosos: se implementarán sistemas de seguimiento robustos para garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La formulación de esta política responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se reconoce la seguridad alimentaria como un problema estructural. Para ello, la UApA ha habilitado un espacio de participación abierta a través de un formulario en línea y sus redes sociales.

“Esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”, explicó Rivera.

La consolidación del PAE como política pública enfrenta retos en la gestión descentralizada, la infraestructura y la capacitación, pero representa un avance determinante para proteger los derechos de la niñez y la juventud.

Con esta decisión, el Gobierno nacional fortalece su compromiso con la equidad y el desarrollo humano, sentando las bases para una Colombia donde la alimentación escolar sea un derecho garantizado, no una excepción.

Fuente: Comunicaciones Mineducación

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Antes del 30 de mayo, entidades públicas a reportar empleos de carrera que estén en vacancia

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Función Pública y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) solicitaron a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, orden territorial y Corporaciones Autónomas Regionales, reportar los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva.

Las entidades deben proporcionar esta información a Función Pública antes del viernes 30 de mayo de 2025 para la elaboración del Plan Anual de Vacantes que será enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

El Plan Anual de Vacantes es un instrumento técnico de medición que permite conocer a la Comisión y ciudadanías el número de cargos de carrera administrativa que se encuentran vacantes en el sector público y cuáles hacen parte de procesos de selección.

Función Pública aclaró que el diligenciamiento de esta información no exime a las entidades del reporte de vacantes en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) y la inscripción o actualización del Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA).

El cumplimiento de este reporte debe ser verificado por el o la jefe de control interno o quien haga sus veces en las entidades, ya que en caso de incumplimiento u omisión deben reportar a la Dirección de Vigilancia y Registro Público de Carrera Administrativa de la CNSC.

Las entidades están obligadas a diligenciar la información de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en vacancia definitiva con corte al 31 de diciembre de 2024 a través de este enlace.

Fuente: Comunicaciones Función Pública

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Desempleo en marzo se redujo a 9,6 %, reveló DANE: El más bajo desde 2017

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El desempleo en marzo de 2025 disminuyó 1,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado y se ubicó en 9,6 % desde el 11,3 % de 2024. Esto significa una variación absoluta de 1’057.000 personas ocupadas, reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.

De acuerdo con la entidad, se trata de la tasa más baja desde 2017, resultado que se explica por la menor desocupación en las 13 principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas que para el tercer mes de este año se ubicó en 9,3 %, que representa una disminución de 1,4 p.p. respecto del año pasado (10,8 %).

La tasa global de participación se ubicó en 67,4% (en marzo de 2024 fue de 67,1 %) y la tasa de ocupación quedó en 61,1 % (59,9 % en marzo del año pasado).

El estudio revela que la población del país en edad de trabajar llegó en marzo pasado a 40’514.000 personas, de las cuales 23’702.000 es la población ocupada (1’057.000 más que el año pasado); 2’522.000 es la población desocupada (con una disminución de 359.000 personas) y 14’289.000 personas están fuera de la fuerza laboral (amas de casa, estudiantes, pensionados, etc.) que se redujo en marzo último en 138.000 personas.

Por dominio geográfico, mientras en el total nacional la variación de población ocupada fue de 4,7 p.p., en Otras cabeceras llegó a 9 %, la cifra más alta desde 2018, y en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas la variación fue de +3,4 p.p.

​Ocupación por actividades

El DANE informó que por ramas de actividad económica, el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aportó  381 mil nuevos ocupados y representa 15,5 % del total nacional; le siguen Industrias manufactureras con 218 mil nuevos ocupados (11,1 %); Alojamiento y servicios de comida con 153 mil nuevos ocupados (7,3 %); Transporte y almacenamiento con 132 mil nuevos ocupados (7,5 %); Construcción aportó 125 mil ocupados (7 %); Comercio y reparación de vehículos 101 mil ocupados nuevos (17,6 %) y Actividades artísticas entretenimiento y recreación con 100 mil nuevos ocupados (8,4 % del total nacional).

Por sexo, la población masculina ocupada creció en 543 mil personas, mientras la femenina en 514 mil.

Por rangos de edad, la franja de 25 a 54 años entre los hombres redujo la desocupación en 152 mil personas, mientras en las mujeres la variación fue de 47 mil personas en el mismo rango etario.

​Desempleo​ por ciudades

El informe del DANE también da cuenta de que por encima del promedio nacional de desocupación (9,6 %) en marzo pasado estuvieron: Arauca con 29,2 %; Quibdó 29 %, Buenaventura 26,3 %, Mocoa 24,7 %, Barrancabermeja 24,6 % y Tumaco 23,3 %, entre las que da mayor tasa de desempleo.

Y las que registraron menor variación fueron Inírida 7,6 %, Mitú 6,7 %, Rionegro 6,1 % y Leticia 4,7 %.

​Informalidad y juventud

El sector informal de la economía para el tercer mes del año se ubicó en 57,7 % en todo el país; en los centros poblados y rural disperso llegó a 84,3 %; en las 23 principales ciudades del país fue de 45,2 % y en las 13 ciudades con área metropolitana se ubicó la informalidad en 43,9 %.

El DANE también midió la brecha de género en tasa de desocupación. Para el trimestre enero – marzo de 2025 la brecha de género en materia de desempleo fue de 9,8 puntos porcentuales, pues mientras los hombres registraron una tasa de desempleo de 13 % las mujeres registraron 22, 8 %.

En este mismo periodo, la población más joven (15 – 24 años) la desocupación a nivel nacional se redujo en 2,9 p.p., mientras que en las 23 principales ciudades del país se redujo en 3 p.p. En Quibdó este indicador subió 8,4 %, y en Cartagena se redujo 6,7 %.

Fuente: Comunicaciones DANE

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