CASANARE
Diputado Manuel Enrique Albarracín aclaró hechos que lo vinculan con presunto caso de violencia
El diputado Manuel Enrique Albarracín aclaró a través de un Comunicado a la Opinión Pública, los hechos que rodearon un presunto caso de violencia intrafamiliar donde estaría involucrado junto con su esposa, durante el fin de semana.
Según el diputado casanareño, fueron comentarios malintencionados que buscan desestabilizar su proyecto político los que circularon en la mañana del sábado, los que sin mayor acervo probatorio manejaron la información que aducía maltrato físico hacia su esposa, situación que de plano rechazó vehementemente. El siguiente es el Comunicado dado a conocer por el cabildante.
“Los comentarios han causado malestar entre quienes siempre me han acompañado, pero me inquieta más el hecho que han logrado descompensar a mi esposa y mi familia, con quienes no salimos del asombro de ver cómo pueden llegar a hacer daño usando los comentarios infundados.
Los hechos referidos no obedecen a la realidad, y en estas instancias, me veo obligado a explicar la situación, como una persona correcta que soy y en contra de la voluntad de mi familia que prefiere que este tema sea de tratamiento familiar, pero primero está la generación de confianza a través de mostrar mis actuaciones de cara a mi compromiso social.
La mañana de hoy, 21 de enero de 2017, mi esposa Fanny Esperanza Pérez, una mujer ejemplar la cual me ha dado lo más preciado en mi vida que es uno de mis dos hijos, de nueve años, y con quien he compartido una década de amor y unión familiar, tuvo un episodio de estrés, por una situación meramente personal y que le afectó a ella, asunto que la perturbó en su comportamiento normal, por lo que yo procedí a rodearla, como es mi obligación, hasta que pude controlar su estado emocional, ajeno a ella por demás.
Ante estos hechos, agradezco la comprensión de nuestros amigos y compañeros de proyecto político, y a quienes nos han apoyado manejando con respeto esta situación, pues lo más doloroso para una familia es que se use el dolor de la misma como vehículo de desprestigio.
Por lo demás, invito a los medios de comunicación, o en general a quien le interese, que averigüen sobre este incidente con las autoridades que corresponden, quienes son la única fuente fidedigna ante estas situaciones, si hubiese lugar a cualquier hecho que irrumpa la integridad de mi familia o empañe mi imagen, seguramente ya habría sido de conocimiento y denuncia ante los entes que corresponde.”
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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