REGIÓN
Diez municipios del Meta están en riesgo por fragmentación de grupos disidentes
La Defensoría del Pueblo, emitió la Alerta Temprana 001-25, con el fin de advertir los graves riesgos que enfrenta la población civil en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca (sector de Piamonte), luego de la fragmentación del anteriormente conocido Estado Mayor Central.
La reconfiguración de estructuras, tensiones y confrontaciones armadas entre grupos disidentes liderados por alias ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’ han supuesto, en algunos casos, riesgos extremos, particularmente en medio de confrontaciones bélicas entre las partes y sus efectos humanitarios. Este es el caso de zonas como Solano y Cartagena del Chairá, en Caquetá; Puerto Santander en Amazonas; Mesetas en el Meta; Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo; y recientemente en Calamar, Guaviare.
Diez municipios del Meta en riesgo
La alerta identifica a los Municipios de La Macarena, Uribe, Mesetas, Vistahermosa, Puerto Lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mapiripán, Lejanias y Puerto Gaitán. Lugares donde sus autoridades se mantienen en vigilancia permanente para evitar actos de violencia que afecten a sus comunidades.
En otros casos, el riesgo alto se determina por las tensiones entre los grupos disidentes, que se han expresado en violencias directas sobre poblaciones acusadas de apoyar a uno u otro bando, un reforzamiento de las gobernanzas armadas ilegales, estigmatización de la población, entre otros hechos, que podrían conducir eventualmente a confrontaciones o un recrudecimiento de la violencia directa sobre la población. Esta situación se observa en Huila, Guaviare (San José y El Retorno), varios municipios de Caquetá, sectores del Meta, el Bajo Putumayo y Mirití Paraná y Puerto Alegría (Amazonas).
Entre las principales afectaciones que se identifican en la Alerta Temprana son:
- Reclutamiento y uso forzado de niños, niñas y adolescentes, particularmente indígenas provenientes del suroccidente del país.
- Confinamiento y restricciones al acceso a bienes esenciales.
- Desplazamiento forzado.
- Amenazas y homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios.
- Contaminación del territorio por minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI).
- Afectaciones al acceso humanitario.
- Riesgos para quienes han desertado de las filas de las disidencias y/o participan
del sometimiento a la justicia. - La no gestión digna de cadáveres.
Además, se exhorta a todos los actores armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar a la población civil, de acuerdo con los principios del DIH. Igualmente, se hace un llamado a la comunidad internacional para fortalecer su acompañamiento en los procesos de paz y protección de derechos humanos en estas regiones.
La Defensoría del Pueblo continuará en monitoreo permanente para garantizar la protección de las comunidades y el cumplimiento de los derechos fundamentales en los territorios afectados.
Fuente: Defensoría del Pueblo
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
