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REGIÓN

Desarticulan estructura ilegal que instalaba válvulas para hurtar hidrocarburos del Oleoducto Caño Limón – Coveñas

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, y en articulación con la Policía Nacional, puso en evidencia a tres redes delictivas que harían parte de un entramado ilegal involucrado en la extracción, refinamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos.

Inicialmente, en Girón y Barrancabermeja (Santander), fueron capturados cinco presuntos integrantes de una organización señalada de apoderarse del crudo mediante la instalación de válvulas al oleoducto Caño Limón – Coveñas, en Tibú (Norte de Santander); y coordinar el traslado en vehículos cisterna, los cuales transitaban con guías y manifiestos de carga falsos.

Entre los detenidos está Albaneris Pérez Garavis, alias La Patrona o La Mona, quien sería la encargada de financiar toda la actividad ilegal y de proveer altas sumas de dinero a las estructuras del ELN que tienen injerencia en la región. Los demás son conductores que estarían involucrados en distintos eventos en los que llevaron combustible hurtado de Norte de Santander a Cundinamarca y otros departamentos del país.

Estas cinco personas, según el posible rol ejercido, fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; y receptación. Adicionalmente, a alias La Mona le fue imputado el delito de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.

Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

Componente empresarial

Otro de los eslabones de la cadena criminal está conformado por varias empresas que, desde 2021 hasta mediados de mayo último, habrían utilizado personerías jurídicas, permisos otorgados por el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y las cámaras de comercio para crear y mantener actividades comerciales relacionadas con la instalación de las plataformas de extracción del crudo, el desarrollo de sistemas de almacenamiento y refinación, y la comercialización de hidrocarburos.

Según los elementos de prueba, estas empresas tendrían vínculos estrechos con las otras redes delictivas y, al parecer, servían para dar apariencia de legalidad al combustible obtenido irregularmente del oleoducto Caño Limón – Coveñas, procesarlo y ponerlo en las costas del Caribe para comercializarlo.

Por estos hechos fueron presentadas ante jueces de control de garantías tres personas e imputadas, según la posible participación, por los delitos de concierto para delinquir agravado, receptación de hidrocarburos y falsificación de documento privado.

Los investigados son:

· Omar Enrique Morales Bobadilla, director financiero de una compañía de petróleos señalado de preparar mezclas químicas para que el hidrocarburo hurtado fuera apto para la comercialización.

· Maira Janeth Medina Flórez, representante legal de una empresa que, presuntamente, expedía documentación con información falsa para respaldar el traslado de los combustibles.

· Catalina Quintero Rincón, quien sería la encargada de administrar y gestionar permisos, y de tramitar la documentación ante las autoridades estatales para adquirir químicos con el fin de realizar la transformación del crudo para su posterior comercialización.

Aparato logístico

Finalmente, fueron capturadas seis personas que harían parte de una organización a la que se le atribuye la expedición de los documentos falsos, el almacenamiento y transporte del hidrocarburo extraído ilícitamente del oleoducto de Caño Limón – Coveñas, en el sector de astilleros, en inmediaciones de Cúcuta (Norte de Santander).

La investigación indica que este grupo habría intervenido las líneas de transferencia de los pozos de explotación y extracción del crudo. Luego, a través de vehículos cisterna, enviaban el combustible a centros de acopio en Ocaña (Norte de Santander), Aguachica (Cesar), Barrancabermeja (Santander) y Madrid (Cundinamarca).

La Fiscalía imputó a los seis capturados, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir, uso de documento falso; y receptación de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan.

Los procesados son:

Catalina Quintero, administradora de una planta de asfalto en Barrancabermeja (Santander) señalada de facilitar la adquisición y acopio del crudo; Flor Mary Triviño Yopasa, propietaria y administradora de un parqueadero donde se hacía el cargue del hidrocarburo hurtado; John Alejandro Acosta Chacón, presunto coordinador logístico; Luis Andelfo Contreras, estaría involucrado en la obtención de manifiestos de carga falsos para amparar el transporte del combustible; y José Javier Ocampo San Juan y Elkin Orlando Gómez Álvarez, conductores.

Golpe al patrimonio ilícito

De manera simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con la DIJIN de la Policía Nacional, ocupó 101 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos integrantes del andamiaje ilegal de apoderamiento y comercialización de hidrocarburos.

Se trata de 9 inmuebles rurales y 15 urbanos; 37 vehículos, 7 naves, 18 sociedades y 15 establecimientos de comercio, los cuales fueron afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.

Los predios, avaluados en más de 1,3 billones de pesos, están ubicados en Barranquilla y Galapa (Atlántico); Chivatá (Boyacá), Cartagena (Bolívar); Flandes, Espinal y Lérida (Tolima); Chía y Madrid (Cundinamarca); Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

 

REGIÓN

Seis jóvenes de Casanare, ocho del Meta y cinco de Arauca beneficiados con becas de Ecopetrol

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En una ceremonia que reunió a jóvenes talentos de todos los rincones del país, Ecopetrol entregó la beca Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, a 100 estudiantes entre los 15 y 19 años, provenientes de 32 departamentos y más de 50 municipios del país; 36 de ellos habitan en zonas rurales y 64 en áreas urbanas.

En Casanare, la beca favoreció a seis jóvenes: 2 de Aguazul, 2 de Paz de Ariporo, 1 de Tauramena y 1 de Yopal. Y en Arauca, los beneficiados fueron 5: 3 de Saravena, 1 de Arauca capital y 1 de Tame.

La beca cubre el 100% del valor de la matrícula universitaria, un apoyo semestral para alimentación, transporte y alojamiento, acompañamiento académico y psicosocial, derechos de grado y reconocimientos por la excelencia académica. Además, brinda libertad para que cada beneficiario elija la carrera y la universidad que prefiera, ya sea pública o privada.

¿Qué es lo que más estudian?

Las áreas de estudio más demandadas por este nuevo grupo de becarios son: ingeniería (50%), medicina (16%), ciencias sociales y naturales (27%), artes y humanidades (7%). En cuanto a la elección de instituciones, el 44% optará por universidades públicas y el 56% por privadas, lo que refleja una diversidad de opciones formativas en todo el país.

El Programa Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, uno de los proyectos insignia de inversión social de la compañía, cumple 39 años promoviendo la excelencia académica de jóvenes provenientes de zonas urbanas y rurales, especialmente en áreas de influencia de Ecopetrol. Desde su creación, ha beneficiado a 1.861 estudiantes y en 2025 cuenta con 408 becarios activos.

“Este es el primer escaño de una vida maravillosa que les espera a las 42 mujeres y los 64 hombres beneficiados este año, 36 vienen de zonas rurales y 64 de urbanas. Los invito a que aprovechen esta gran oportunidad, esta posibilidad que les ofrece el programa para construir una gran historia, para ser más grandes y sentirse personas felices y realizadas”, afirmó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, durante la ceremonia de entrega de las becas.

En la selección de los beneficiarios de este año se garantizó la inclusión de estudiantes con los mejores puntajes en la Prueba Saber 11 de comunidades étnicas, personas con diversidad funcional y personas afectadas por el conflicto armado, entre otros.

Becas en todo el territorio nacional

La distribución de las becas abarca todo el territorio nacional: Meta recibió 8 becas; Arauca, La Guajira, Putumayo, Huila y Antioquia, 5 cada uno; Casanare, 6; Nariño, Santander, Cundinamarca y Bolívar, 4; Boyacá, 3; Chocó, 2; y departamentos como Vaupés, Vichada, Tolima y Valle, entre otros, también fueron incluidos.

La ceremonia contó con la presencia del viceministro de Educación, Ricardo Moreno Patiño, miembros de la junta directiva y altos ejecutivos de Ecopetrol, autoridades locales, representantes de instituciones de educación superior, padres y madres de familia de los beneficiarios, quienes viajaron desde diferentes regiones para acompañar a sus hijos en este momento decisivo.

Para Ecopetrol, la educación es un motor esencial de la transformación social y el desarrollo de los territorios. Con estas becas, la compañía reafirma su compromiso de abrir caminos y oportunidades para los jóvenes que construirán el futuro de Colombia.

Fuente: Comunicaciones Ecopetrol

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REGIÓN

Se levanta protesta pacífica en Santa María Boyacá y municipios aledaños

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A través del diálogo social que lideraron los delegados de los Ministerios de Trabajo, Minas, Interior, Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación de Boyacá y autoridades locales, se logró levantar la protesta que adelantaban en Santa María y municipios aledaños, las organizaciones sociales y comunitarias.

En un pliego de peticiones que sometieron a consideración de las autoridades nacionales, departamentales y locales, los habitantes y trabajadores de la zona, exigen solución a problemas generados por la ola invernal y por las afectaciones causadas por la Central Hidroeléctrica de Chivor y la empresa AES Colombia.

En el acuerdo que se firmó este miércoles, MinTrabajo lidera acciones de inspección a las empresas, el fortalecimiento de la asociatividad de los trabajadores y el diálogo social para la búsqueda de soluciones integrales en el marco de los derechos laborales y de huelga de los participantes.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien estuvo en el sitio, en compañía del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y del representante Jaime Raúl Salamanca dijo: “No solo vengo por delegación del presidente de la República, Gustavo Petro, de quien traigo un saludo y abrazo muy especial, estoy por un compromiso personal y afecto por esta tierra, con los trabajadores, campesinos y la ciudadanía boyacense”.

Lo logrado, es un acuerdo entre las comunidades, trabajadores, representantes de la empresa AES Colombia y autoridades nacionales, departamentales y locales, donde la cartera que lidero ejercerá control con las normas y derechos de los trabajadores”, anotó Sanguino.

Junto con la Dirección Territorial se harán visitas cada mes para constatar el cumplimiento de los acuerdos y de las normas laborales que se derivan de la reciente Reforma Laboral, la Ley 2466 aprobada en el Congreso de la República el 26 de junio”, precisó.

Revisiones cada mes

Se revisarán asuntos como la mano de obra local, el respeto a la protesta social y de los trabajadores, la tercerización, la precarización laboral, garantizando salarios justos y contratos a término indefinido, así como proteger la calidad del empleo.

Para nosotros es muy importante estos proyectos eléctricos e hidroeléctricos, pero tiene que existir y ofrecerle energía al país, sobre la base del trabajo digno y decente de los trabajadores”, puntualizó Sanguino Páez.

Incluyó dentro de los temas a revisar y que está en el pliego de peticiones el de Seguridad y Salud en el Trabajo, “este tipo de proyectos incorpora niveles de riesgos especiales, así es que la inspección que vamos a realizar va a revisar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de tal suerte que la empresa garantice las normas y las condiciones que la normatividad exige para los trabajadores y sus comunidades”, indicó.

El Ministro compartió que se adelantará con los inspectores de trabajo y desde la Dirección de Derechos Fundamentales, una jornada pedagógica de la reforma laboral, con los trabajadores, directivos de las empresas y ciudadanos, “la cual fue pensada en clave de derechos de los trabajadores. Es la más importante de este siglo, que recupera derechos que todos deben conocer”.

El director de Derechos Fundamentales, Yomar Benítez, quien acompañó este espacio de diálogo, señaló: “Desde el MinTrabajo, se respaldó la protesta social y a las organizaciones sindicales. Se hace énfasis a la generación de nuevos empleos en el sector con las condiciones que manda la nueva reforma laboral”.

Agregó: “este acompañamiento va de la mano de generar las condiciones para que el diálogo social sea respetado, que no haya discriminación sindical y se incentive el trabajo digno y decente”.

Fuente: Comunicaciones MinTrabajo

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REGIÓN

Otro mantenimiento para la vía del Cusiana: 25 empresas buscan contrato de $15.500 millones

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El Instituto Nacional de Vías (Invías) cerró el proceso de licitación pública para adjudicar un nuevo contrato de mantenimiento de la Transversal del Cusiana, vía clave entre Boyacá y Casanare. En total, 25 empresas presentaron sus ofertas para ejecutar las obras, cuyo costo rondará los $15.500 millones y cuya adjudicación se prevé para la primera semana de septiembre.

Sin embargo, para los habitantes de la región, la historia parece repetirse. Desde hace años, los millonarios contratos de mantenimiento solo han servido para que la carretera se mantenga “medianamente transitable”, sin que se ejecuten soluciones estructurales que garanticen una conectividad segura y estable. Los deslizamientos, hundimientos y fallas en la carpeta asfáltica, donde la hay, son un problema crónico que se reitera cada temporada invernal.

No es una solución de fondo

La comunidad recuerda que, mientras se anuncian recursos y licitaciones, los cierres parciales y totales son una constante que afecta el comercio, el turismo y el transporte de productos agrícolas. Muchos temen que este nuevo contrato sea apenas un paliativo más y no una solución de fondo.

Pese a las críticas, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Invías, sostiene que el proyecto busca mejorar la transitabilidad y responder a las necesidades históricas de la región. No obstante, en el Cusiana las expectativas son cautelosas: la carretera ha escuchado demasiadas promesas para creer que esta vez será diferente.

Fuente: El Diario del Llano

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