La acción investigativa articulada de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos puso en evidencia actuaciones irregulares en las que, supuestamente, incurrieron dos exgobernadores de Meta y algunos de sus colaboradores al contratar y permitir el avance de las obras de remodelación de un colegio internado en el Parque Nacional Natural Tinigua.

El 29 de abril de 2011, durante el periodo del entonces gobernador, Darío Vásquez Vásquez, se suscribió el contrato N° 081 para el mejoramiento de la infraestructura del Internado Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena, sede Juan León, en la vereda Brisas del Guayabero, en La Macarena (Meta).

El citado contrato, cuyo valor superó los 4.100 millones de pesos, se realizó sin exigir licencia ambiental ni permisos de aprovechamiento forestal.

Posteriormente, con la llegada a la gobernación del señor Alan Edmundo Jara Urzola, las obras iniciaron y, a pesar de que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales le advirtió al mandatario suspender cualquier proyecto de infraestructura y servicios en los Parques Nacionales Naturales del departamento, el gobernador continuó la obra e hizo caso omiso a la solicitud.

Para la Fiscalía, los entonces funcionarios que participaron en las distintas fases del proyecto, al parecer, incumplieron las normas ambientales y de contratación vigentes. Además, habrían puesto en grave riesgo a la flora, fauna, suelo y agua del Parque Nacional Natural Tinigua; y en alto grado de vulnerabilidad a los estudiantes y planta de profesores

En ese sentido, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y daños en los recursos naturales agravado a los exgobernadores Darío Vásquez Vásquez y Alan Edmundo Jara Urzola.

Por su parte, la Dirección Especializada contra la Violaciones a los Derechos Humanos imputará los mismos delitos a los siguientes exfuncionarios:

• Gilberto Toro Franco, exgerente del Instituto de Desarrollo del Meta.
• Juan Carlos Medina González, exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto de Desarrollo del Meta.
• Andrés Perea Mejía, ex subgerente técnico del Instituto de Desarrollo del Meta.
• Javier Armando Castellanos Bohórquez, ex director operativo del Área de Estudios, Diseños y Proyectos, adscrito a la Sub Gerencia Técnica del Instituto de Desarrollo del Meta.

Las solicitudes de audiencias de imputación fueron radicadas ante el Tribunal Superior de Bogotá, para el caso de los dos exgobernadores; y en el Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Villavicencio (Meta), en lo que respecta a los otros exfuncionarios.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

Por solicitud de la Fiscalía Especializada adscrita al Gaula Ariari fue enviado a la cárcel Ramiro Alvis Pineda, capturado en flagrancia cuando al parecer, pretendía recibir el dinero exigido a un agricultor en Puerto lleras (Meta).

Los hechos se estarían presentando desde noviembre de 2020 cuando la víctima comenzó a recibir llamadas intimidantes en las que un hombre, asegurando pertenecer a las Farc le exigía el pago de 15’000.000 de pesos para garantizar su seguridad y la de los suyos.

La captura de Alvis Pineda se hizo efectiva por personal del grupo Gaula de la Policía con apoyo de Gaula Militar Ariari.

El implicado fue detenido en un lugar acordado previamente y donde le serían entregados 12’000.000 de pesos como pago por la extorsión.

Ante un juzgado con función de control de garantías fue presentado el detenido. La Fiscalía lo imputó como presunto responsable del delito de extorsión agravada tentada, cargo que no fue aceptado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

Por solicitud de la Fiscalía 2 Especializada adscrita al Gaula fueron dictadas 7 detenciones carcelarias y una domiciliaria contra presuntos responsables de hechos de extorsión, desplazamiento y otros en los cuales las víctimas eran pobladores del área rural de Villavicencio (Meta).

Los 6 hombres y 2 mujeres judicializados, presuntamente, pertenecían al GDO Autodefensas Gaitanistas Bloque Meta.

Según se logró establecer, los procesados habrían provocado el desplazamiento de un comerciante y su familia, debido a que les fue imposible pagar dos mil millones de pesos que les eran exigidos y por los cuales recibían amenazas de muerte.

Los detenidos también habrían logrado, a través de amenazas, el desplazamiento forzado de labradores y parceleros de un predio ubicado en el kilómetro 17 vía a la vereda Caños Negros, jurisdicción de Villavicencio.

Ante el Juzgado 6 Penal Municipal, con función de control de garantías fueron presentados los capturados, tras ser capturados en cumplimiento de una orden judicial hecha efectiva por la Policía Metropolitana de Villavicencio, con el apoyo de Militares de la Séptima Brigada del Ejército Nacional.

La Fiscalía imputó cargos a los procesados como presuntos responsables de los delitos de extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado, amenazas, defraudación de fluidos, urbanización ilegal e invasión de tierras. Ninguno de los delitos fue aceptado por los judicializados.

LOS DETENIDOS

Cárcel:

Diego Quintero Castaño

Francielena Nieves Villamarin

Héctor Andrés Cuartas Guavativa

Jorge Eli Sánchez Murcia

Ana Leidy Guzmán Gómez

Marlon Jeison Cuellar Guerrero

Reylen López Espitia

Domiciliaria:

Héctor Hugo Torres Hurtado

Fuente: Fiscalía General de la Nación