META
Se enreda la doble calzada Villavicencio – Yopal. Se fue a Tribunal de Arbitramento
Como un baldado de agua fría cayó en la dirigencia política del Meta, la decisión de la Concesionaria de la vía entre Villavicencio y Yopal de demandar a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- ante un tribunal de arbitramento, por un presunto incumplimiento al contrato firmado en octubre del año 2015, pues después de tres años no se han iniciado las obras.
“Estamos sorprendidos con el silencio de la Concesionaria Covioriente, encargada del proyecto de doble calzada y mejoramiento vial en el trayecto hacia Yopal, pues después de tres años aún no inicia los trabajos y nos sorprende que en una actitud no muy clara, haya decidido presentar una demanda ante un tribunal de arbitramento sin informar ni a la Gobernación, los Alcaldes, ni a las comunidades”, manifestó la Gobernadora Marcela Amaya.
Según lo confirmó a NOTICIAS YA el veedor de las comunidades ante el proyecto de concesión, Néstor Restrepo Roldán, el tema se lo confirmó el vocero de la Concesionaria Óscar Hernández Gaona, quien le ratificó que desde el pasado mes de octubre, Covioriente tomó la decisión de presentar una demanda en contra del gobierno nacional, representado en la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, argumentando mayores cantidades de obra que no estaban estipuladas en el contrato de concesión firmado en el 2.015, lo que implica desbalance en el cierre financiero del proyecto.
Precisó Restrepo Roldán, que el concesionario que ya había anunciado el inicio de las obras de construcción de las dobles calzadas, en las llamadas unidades funcionales 1 y 7 es decir las que ya estaban concertadas con la ANI, se echó para atrás, argumentando tener objeciones en los diseños y obras en las unidades 2 a la 6, por mayor cantidad de obra a ejecutar.
Esta es casi la misma situación jurídica en la que se encuentra el contrato de la llamada malla vial del Meta, firmado con la Concesionaria Concesión Vial de los Llanos para los corredores viales a Granada y Puerto Gaitán, que también está a la espera de la decisión que se tome en el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Por su parte la Gobernadora del Meta invitó a los gremios, a la dirigencia política, el comercio, los transportadores y a la comunidad a conformar un frente común para exigir respuestas del Presidente Santos, que a 5 meses de terminar su mandato le ha incumplido a los metenses.
“Llegó el momento que el Meta tenga una agenda de prioridades entre los candidatos que aspiran a la presidencia, pues seguimos siendo el primer productor de petróleo de Colombia, garantizamos la seguridad alimentaria de Bogotá y el centro del país y hemos cumplido con la inversión en las dobles calzadas y vías terciarias con recursos propios, y las dobles calzadas las financiamos a punto del pago de peajes, pero simplemente no aguantamos más” puntualizó la mandataria.
Fuente: www.noticiasyafm.com
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
