META
Se enreda la doble calzada Villavicencio – Yopal. Se fue a Tribunal de Arbitramento
Como un baldado de agua fría cayó en la dirigencia política del Meta, la decisión de la Concesionaria de la vía entre Villavicencio y Yopal de demandar a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- ante un tribunal de arbitramento, por un presunto incumplimiento al contrato firmado en octubre del año 2015, pues después de tres años no se han iniciado las obras.
“Estamos sorprendidos con el silencio de la Concesionaria Covioriente, encargada del proyecto de doble calzada y mejoramiento vial en el trayecto hacia Yopal, pues después de tres años aún no inicia los trabajos y nos sorprende que en una actitud no muy clara, haya decidido presentar una demanda ante un tribunal de arbitramento sin informar ni a la Gobernación, los Alcaldes, ni a las comunidades”, manifestó la Gobernadora Marcela Amaya.
Según lo confirmó a NOTICIAS YA el veedor de las comunidades ante el proyecto de concesión, Néstor Restrepo Roldán, el tema se lo confirmó el vocero de la Concesionaria Óscar Hernández Gaona, quien le ratificó que desde el pasado mes de octubre, Covioriente tomó la decisión de presentar una demanda en contra del gobierno nacional, representado en la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, argumentando mayores cantidades de obra que no estaban estipuladas en el contrato de concesión firmado en el 2.015, lo que implica desbalance en el cierre financiero del proyecto.
Precisó Restrepo Roldán, que el concesionario que ya había anunciado el inicio de las obras de construcción de las dobles calzadas, en las llamadas unidades funcionales 1 y 7 es decir las que ya estaban concertadas con la ANI, se echó para atrás, argumentando tener objeciones en los diseños y obras en las unidades 2 a la 6, por mayor cantidad de obra a ejecutar.
Esta es casi la misma situación jurídica en la que se encuentra el contrato de la llamada malla vial del Meta, firmado con la Concesionaria Concesión Vial de los Llanos para los corredores viales a Granada y Puerto Gaitán, que también está a la espera de la decisión que se tome en el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Por su parte la Gobernadora del Meta invitó a los gremios, a la dirigencia política, el comercio, los transportadores y a la comunidad a conformar un frente común para exigir respuestas del Presidente Santos, que a 5 meses de terminar su mandato le ha incumplido a los metenses.
“Llegó el momento que el Meta tenga una agenda de prioridades entre los candidatos que aspiran a la presidencia, pues seguimos siendo el primer productor de petróleo de Colombia, garantizamos la seguridad alimentaria de Bogotá y el centro del país y hemos cumplido con la inversión en las dobles calzadas y vías terciarias con recursos propios, y las dobles calzadas las financiamos a punto del pago de peajes, pero simplemente no aguantamos más” puntualizó la mandataria.
Fuente: www.noticiasyafm.com
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, durante un operativo realizado en el eje vial Bogotá–Villavicencio.
Según el informe policial, el cargamento era transportado en un furgón que cubría la ruta desde Popayán hacia Venezuela, y fue detectado gracias a labores de inteligencia y control desplegadas por unidades de la institución.
El Director General de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Además, el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente fue inmovilizado.
Según las autoridades, la marihuana incautada tenía como destino final el mercado venezolano, donde sería distribuida por redes criminales asociadas a las disidencias. Con este resultado se evitó la circulación de aproximadamente 2,4 millones de dosis, representando una afectación a las finanzas ilegales por más de 773 millones de pesos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control en los corredores estratégicos del país, con el propósito de desarticular las estructuras narcotraficantes y reducir el impacto del crimen organizado en los territorios.
Fuente: El Diario del Llano
Por disposición de un Juez de Control de Garantías, a la cárcel fueron enviados Junior Arango Díaz y Juan Pablo Castillo Neira, señalados de disparar contra un establecimiento comercial para que sus propietarios pagaran una extorsión, en el municipio de Granada.
Un fiscal de la Seccional Meta les formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, extorsión en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de septiembre en el centro de Granada, donde, los hoy
procesados, al parecer, dispararon en varias oportunidades al local comercial. Se evidenció que los propietarios del lugar venían siendo víctimas de extorsión, por parte de supuestos integrantes de ‘ERPAC Renacer’.
Los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, en vía pública de la vereda Alto Iracá del municipio de San Martín. Se logró la incautación de una motocicleta, un revólver, panfletos extorsivos y equipos móviles.
Fuente: El Diario del Llano
