META
Se enreda la doble calzada Villavicencio – Yopal. Se fue a Tribunal de Arbitramento
Como un baldado de agua fría cayó en la dirigencia política del Meta, la decisión de la Concesionaria de la vía entre Villavicencio y Yopal de demandar a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- ante un tribunal de arbitramento, por un presunto incumplimiento al contrato firmado en octubre del año 2015, pues después de tres años no se han iniciado las obras.
“Estamos sorprendidos con el silencio de la Concesionaria Covioriente, encargada del proyecto de doble calzada y mejoramiento vial en el trayecto hacia Yopal, pues después de tres años aún no inicia los trabajos y nos sorprende que en una actitud no muy clara, haya decidido presentar una demanda ante un tribunal de arbitramento sin informar ni a la Gobernación, los Alcaldes, ni a las comunidades”, manifestó la Gobernadora Marcela Amaya.
Según lo confirmó a NOTICIAS YA el veedor de las comunidades ante el proyecto de concesión, Néstor Restrepo Roldán, el tema se lo confirmó el vocero de la Concesionaria Óscar Hernández Gaona, quien le ratificó que desde el pasado mes de octubre, Covioriente tomó la decisión de presentar una demanda en contra del gobierno nacional, representado en la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, argumentando mayores cantidades de obra que no estaban estipuladas en el contrato de concesión firmado en el 2.015, lo que implica desbalance en el cierre financiero del proyecto.
Precisó Restrepo Roldán, que el concesionario que ya había anunciado el inicio de las obras de construcción de las dobles calzadas, en las llamadas unidades funcionales 1 y 7 es decir las que ya estaban concertadas con la ANI, se echó para atrás, argumentando tener objeciones en los diseños y obras en las unidades 2 a la 6, por mayor cantidad de obra a ejecutar.
Esta es casi la misma situación jurídica en la que se encuentra el contrato de la llamada malla vial del Meta, firmado con la Concesionaria Concesión Vial de los Llanos para los corredores viales a Granada y Puerto Gaitán, que también está a la espera de la decisión que se tome en el tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Por su parte la Gobernadora del Meta invitó a los gremios, a la dirigencia política, el comercio, los transportadores y a la comunidad a conformar un frente común para exigir respuestas del Presidente Santos, que a 5 meses de terminar su mandato le ha incumplido a los metenses.
“Llegó el momento que el Meta tenga una agenda de prioridades entre los candidatos que aspiran a la presidencia, pues seguimos siendo el primer productor de petróleo de Colombia, garantizamos la seguridad alimentaria de Bogotá y el centro del país y hemos cumplido con la inversión en las dobles calzadas y vías terciarias con recursos propios, y las dobles calzadas las financiamos a punto del pago de peajes, pero simplemente no aguantamos más” puntualizó la mandataria.
Fuente: www.noticiasyafm.com
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
