ARAUCA
Defensoría del Pueblo rechazó afectación a misión humanitaria en Arauca
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, rechazó la afectación de un grupo armado ilegal al desarrollo de una misión humanitaria en Arauca, en un hecho sin precedentes en los últimos años del conflicto armado en el país.
“Como Defensor del Pueblo veo con absoluta preocupación la degradación que está sufriendo el conflicto armado en Colombia, de manera particular con lo ocurrido en Arauca a una misión humanitaria liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el que participó la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPPOEA), la Misión de Verificación de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”, aseguró Carlos Camargo Assis.
El respeto a las misiones humanitarias es una regla básica inquebrantable del conflicto armado no internacional, que permite que entidades como el Comité internacional de la Cruz Roja y la Defensoria del Pueblo puedan trabajar para la protección de los heridos, los secuestrados y retenidos con la única finalidad de garantizar sus más básicos derechos.
“Lamentamos que una misión humanitaria dirigida a rescatar persona que estaban en poder de las disidencias de las FARC, y que fueron entregadas a un equipo encabezado por el CICR, fuera interceptada por hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN y se llevarán a las personas que habían sido rescatadas, bajo el argumento de que pertenecían a sus tropas”, aseguró el Defensor del Pueblo.
Este tipo de hecho no tiene antecedentes en la historia reciente de nuestro país, además contraría claramente del derecho internacional humanitario, pero aún más grave, un acto abiertamente desconocedor de las reglas mínimas que deben respetarse en un conflicto. “Además de ser una violación del cese al fuego pactado con el gobierno nacional, se convierte en un mal precedente para quienes dicen estar dispuestos a negociar un proceso de paz”, recalcó.
El respeto por el personal y los vehículos de socorro está consagrado en el convenio primero y específicamente las reglas 30 y 31 del derecho internacional humanitario consuetudinario que es aplicable a los conflictos armados no internacionales.
Fuente: Defensoría del Pueblo
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
