CASANARE
Defensoría del Pueblo emite Alerta Temprana para Yopal y Aguazul por accionar de grupos al margen de la ley
Al menos 148.000 habitantes de la ciudad de Yopal y del municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare se encuentran en alto riesgo de vulneración de sus derechos por cuenta de la pretensión de tres grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), de retomar y consolidar el control en esa región del oriente país.
Así quedó evidenciado luego de que la entidad emitiera la Alerta Temprana 023-2023, en la que detalla los factores de amenaza que representan para la población civil los tres grupos armados.
La Alerta Temprana, la cual fue entregada al Ministerio del Interior, evidencia los riesgos debido a la presencia de las disidencias de las Farc, de los frentes 10 y 28. Este grupo realiza acciones armadas, publicitarias y mediáticas, presiona a las comunidades y recaba finanzas para su reconfiguración y posicionamiento regional.
La guerrilla del ELN, por su parte, no solo ejerce presiones contra la población, también lo hace contra liderazgos sociales y recluta niñas, niños y adolescentes. Así mismo, y de acuerdo con el documento de advertencia de la Defensoría del Pueblo, las fuerzas de seguridad del Estado y sus instalaciones, en los cascos urbanos de Aguazul y Yopal, han sido blanco de las acciones criminales de ese grupo armado.
Otra fuente de amenaza para las dos poblaciones es configurada por las AGC-Clan del Golfo. Sus miembros quieren consolidarse en la región para afianzarse en las labores ilícitas de microtráfico hacia el centro del país, pero también para extenderse a través de corredores de narcotráfico hacia Venezuela, Brasil, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
“Entregamos 32 recomendaciones para que el Gobierno y las autoridades locales atiendan los riesgos evidenciados en la Alerta. Urge la puesta en marcha tanto de acciones preventivas como de carácter humanitario para evitar la presencia y consolidación de estos grupos armados ilegales, que quieren someter a la población”, puntualizó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Fuente: Defensoría del Pueblo
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
