ARAUCA
Defensoría del Pueblo: conflicto armado en Arauca requiere acciones urgentes del Estado
Ante la alarmante y constante violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) que padece Arauca, la Defensoría del Pueblo les pide a las autoridades locales, departamentales y nacionales tomar medidas contundentes que permitan preservar la vida e integridad de las comunidades afectadas.
De manera particular, la entidad evidencia constantes vulneraciones a causa del accionar de grupos armados ilegales en 14 veredas y tres resguardos indígenas de Tame (pueblos Sikuani-Makaguan y Uwa), en 21 veredas y tres resguardos indígenas de Arauquita (pueblo Hitnü), así como en nueve veredas de Puerto Rondón, donde cada vez se agudiza más el conflicto armado.
La disputa territorial que se vive en el departamento entre el ELN (Frente de Guerra Oriental) y facciones disidentes de las Farc (afines a ‘Iván Mordisco’) vulnera los derechos de las comunidades. Además, ha sido evidenciado un aumento desmesurado de sus acciones desde junio pasado.
Homicidios, riesgos para la comunidad educativa y pérdida de bienes
En Tame, Arauquita y Puerto Rondón son reportados constantemente homicidios selectivos, especialmente contra lideresas y líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal. Este año han sido asesinadas 143 personas, de los cuales 18 eran líderes sociales y ocho mujeres. Los más recientes casos fueron los de dos mujeres jóvenes en el corregimiento La Esmeralda, una mujer en el sitio conocido como El Troncal, Arauquita, y el líder social Alveiro Caicedo, quien había sido presidente de ASOJUNTAS de Tame y hacía parte de la Red de Defensores-as de Derechos Humanos de Arauca.
Las amenazas sistemáticas y los riesgos derivados de la confrontación armada han puesto en riesgo permanente a los entornos educativos. Cuando profesores y niñas, niños y adolescentes se han desplazado desde sus casas hasta las escuelas, en algunas ocasiones han quedado en medio de los combates, entonces, no solamente sus vidas han corrido peligro, también sus derechos a educar y a la educación han sido vulnerados.
En los tres municipios obligan a las víctimas, entre las que hay líderes comunales, a abandonar sus bienes y proyectos productivos, financiados vía créditos. En los territorios, las cosechas se están perdiendo y los campesinos han tenido que abandonar sus tierras.
Desplazamientos y confinamientos
El desplazamiento, el secuestro, las amenazas y los hostigamientos se hacen frecuentes en el departamento. La Defensoría del Pueblo ha conocido de al menos 132 familias (412 personas) desplazadas en lo que va del 2024. También existe un subregistro de las familias que han huido, pero por temor no han declarado lo ocurrido. Además, 38 comunidades campesinas e indígenas han sido sometidas a confinamiento, lo que ha comprometido a 2044 familias (unas 6141 personas).
A lo anterior se suma el desplazamiento masivo de por lo menos 50 personas (19 familias) desde la vereda Agua Blanca, del municipio de Tame, hasta el municipio de Sácama, en Casanare, luego de cruentos combates entre los grupos insurgentes, que habrían dejado como saldo la muerte de un número alto de combatientes y la toma de rehenes.
Es imperativo desescalar las acciones violentas
“Tanto el ELN como las disidencias de las Farc deben frenar las acciones armadas en el territorio y mostrar gestos de paz, desescalar su accionar violento y de terror contra la población civil, cumplir con los principios del DIH y respetar los derechos humanos. Las comunidades, particularmente las niñas, los niños, adolescentes y mujeres, no deben quedar en medio de confrontaciones armadas en el territorio”, es el llamado de la Defensora del Pueblo.
Así mismo, considera crucial que las autoridades reconozcan las duras violaciones a los derechos humanos y las infracciones reiteradas al DIH en el departamento de Arauca, “con el propósito esencial de que sean puestas en marcha medidas de prevención, protección y atención a la población”.
La Defensoría del Pueblo mantiene vigentes las recomendaciones hechas en las Alertas Tempranas 023-21, 011-23 y 019-23 y sus respectivos informes de seguimiento, en los que les solicita a las autoridades más presencia institucional y acciones concretas que contribuyan a mitigar el conflicto armado en el departamento.
Fuente: Defensoría del Pueblo
En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 12 años, 2 meses y un día de prisión al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por el direccionamiento de la contratación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y/o centros educativos del departamento, durante el primer periodo en el que ejerció el cargo, entre 2012 y 2015.
El fallo precisó que el exfuncionario deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario, pagar una multa equivalente a 336 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad para ejercer funciones públicas por 154 meses.
En el curso del juicio oral se estableció que Castillo Cisneros permitió que avanzaran dos procesos contractuales en diciembre de 2012 y octubre de 2013, con estudios previos incompletos y fundados en precios de mercado obtenidos de documentación falsa aportada a los trámites para dar apariencia de legalidad y beneficiar a unos oferentes específicos.
Adicionalmente, se constató que los contratistas fueron escogidos a través del mecanismo de selección abreviada mediante subasta inversa presencial, en cuyo pliego de condiciones se definieron requisitos habilitantes desproporcionados que limitaron la libre concurrencia de otros aspirantes.
La sentencia conocida declaró a Castillo Cisneros responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y lo absolvió por peculado por apropiación agravado. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia por considerar que existe el soporte probatorio pericial suficiente para que se declare la existencia de sobrecostos por 619 millones de pesos en el primer contrato y de 1.453 millones de pesos en el segundo, lo que generó la apropiación de recursos públicos en favor de terceros.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Por irregularidades en el Contrato para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Arauca, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 9 años y 6 meses, al exsecretario de Educación de Arauca, William Arévalo Quintero, y al exgerente de Contratación (E), Uriel Niño López.
El ente de control comprobó que el exsecretario intervino en la elaboración de los estudios previos del modificatorio 1 y luego suscribió el adicional 1 de valor y plazo del contrato inicial, por $ 3.793’564.800, sin estudios previos serios y completos en los que se estimaran y justificaran los aspectos económicos del valor de la ración para preparar en casa y ser entregada a los acudientes de estudiantes de zonas rurales y sedes urbanas, generándose sobrecostos por $ 898’121.782
En cuanto a Niño López, se demostró, en primer lugar, que intervino en la etapa contractual del modificatorio 1 al bilateral omitiendo garantizar que el contenido de los estudios previos, remitidos por la Secretaría de Educación se ajustaran a la normatividad vigente y, en segundo lugar, como líder de contratación omitió ordenar la publicación de la totalidad de los documentos que hacían parte del contrato.
En la decisión de primera instancia, también se destituyó e inhabilitó por 9 años a Maricel Ortiz Ramírez, exsecretaria de Educación departamental, por celebrar el adicional 2, al contrato inicial de valor y plazo por $ 4.242’584.008, sin elaborar unos estudios previos completos y precisos, que atendieran los lineamientos adoptados por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, con ocasión de la pandemia por Covid-19.
Asimismo, el ente de control suspendió por 12 meses, convertidos a salarios devengados para la época de los hechos, al entonces gobernador de Arauca (2020-2021), José Facundo Castillo Cisneros, por el concurso de faltas en que incurrió al celebrar el modificatorio 1 al contrato del PAE por $ 14.078’860.590, sin tener previamente unos estudios de mercado serios que evitaran sobrecostos, en el cambio de ración servida en institución educativa a ración para preparar en casa.
En lo que respecta a la representante legal de la empresa interventora Invida SAS, Diana Susi Mahecha Herrera, el Ministerio Público la multó con 20 salarios mínimos mensuales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este por el término de 10 años, por desatender su deber de vigilar y controlar la ejecución del contrato PAE.
Por último, al supervisor del contrato de interventoría suscrito con Inversiones para la Vida, Holman Jeffrey Ruiz Puerta, la Procuraduría le impuso una suspensión de tres meses, por no ejercer adecuadamente las labores que le fueron encomendadas, que será convertida en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la falta.
A juicio del Ministerio Público, los exservidores y la interventora sancionados permitieron con su conducta omisiva que, el contratista del PAE, Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, impusiera la ración para preparar en casa con una escasa cantidad de ingredientes que no alcanzaba para elaborar 20 almuerzos por estudiante.
Con este actuar los sancionados afectaron los derechos fundamentales a la alimentación escolar y la educación en pandemia de los niños, niñas y adolescentes araucanos, generando sobrecostos en detrimento del patrimonio del Estado, de cara a los precios y condiciones reales del mercado.
Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, indicó la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
Luego de valorar la pruebas y argumentos aportados por la Fiscalía General de la Nación, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió sentido de fallo condenatorio contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por su intervención en el direccionamiento irregular de dos contratos suscritos en diciembre de 2012 y octubre de 2013, durante el primer periodo en el que ejerció el cargo.
En ese sentido, fue declarado responsable, en calidad de coautor, del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y deberá permanecer privado de la libertad en centro carcelario para hacer efectiva la pena que será conocida en los próximos días.
Los contratos que motivaron la decisión tenían por objeto la dotación de mobiliario escolar, herramientas agropecuarias y material pedagógico para las instituciones y/o centros educativos del departamento de Arauca.
En el curso de la investigación liderada por la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia se estableció que, con los aportes a la conducta criminal del exgobernador y sus subalternos, fueron tramitados y celebrados desconociendo varios requisitos esenciales con la única intención de beneficiar a unos oferentes específicos.
Con este propósito ilegal, la contratación no estuvo precedida de estudios suficientemente serios y completos encaminados a determinar, entre otros, los costos, valores, alternativas y precios reales de mercado afectando los principios de legalidad, economía, transparencia, y planeación.
De igual manera, se acreditó que los contratistas fueron escogidos a través del mecanismo de selección abreviada mediante subasta inversa presencial, en cuyo pliego de condiciones se establecieron requisitos habilitantes desproporcionados, desconociendo las figuras de contrato de asociación, condicionamientos que limitaron la libre concurrencia de otros aspirantes en estos procesos contractuales.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
