El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Seccional Arauca, expresó su preocupación ante la creciente espiral de violencia que sacude al departamento de Arauca.

Sus integrantes expresaron rechazo a los siguientes Hechos, que deben ser investigados y esclarecidos:

El atentado al esquema de seguridad del líder del Partido Comunes Juan Torres, ocurrido el 20 de febrero del presente año en Tame, dejando serias dudas en la calidad del blindaje del vehículo de protección.

El aumento indiscriminado de personas retenidas, según la defensoría del pueblo del año 2022 a febrero 2023 suman 93 casos, de los cuales 28 personas por misiones humanitarias de la defensoría y la iglesia recobraron su libertad; sin embargo, recientemente se conoció la retención de los señores:

*José Vicente Núñez Patermina el 17 de enero en Arauquita.

*Henry Enrique Muñoz 3 de febrero en Arauca.

*El líder social Abelardo Duarte Moncada el 11 de febrero, vereda el Rosario, municipio de Arauca.

*El sargento viceprimero del ejército Libey Danilo Bravo el 14 de febrero en Arauquita.

*Jeison Rafael Castellor Pertuz 17 de febrero en Saravena. Personas a las que se debe respetar su vida, brindar trato humanitario y dejar en libertad cuanto antes.

Las muertes violentas de enero del año 2022 a febrero del 2023 supera las 385 víctimas, entre ellos 13 líderes sociales.

Las víctimas del desplazamiento forzado en el mismo período supera las 21.500 personas.

Confinamientos población civil Municipios: Puerto Rondón 12 veredas y 1 comunidad indígena; Arauquita 13 veredas y 2 pueblos indígenas; Tame 7 pueblos indígenas y 11 veredas.

Los atentados y amenazas contra bienes protegidos de la población continúan; del mismo modo, el conflicto afecta ya a 59 docentes amenazados en el mismo período, de los cuales 34 debieron abandonar el territorio. Hoy faltan cerca de 8.000 niños y niñas en las aulas de clase del departamento.

En Arauca el escalamiento del conflicto y sus efectos causa principal daño a la población civil y el liderazgo social, profundiza las desigualdades sociales y genera un estado de cosas inconstitucional en términos de garantía para la vida y demás derechos fundamentales.

En consecuencia, se debe discutir, agotar y crear mecanismos de diálogo diferenciados que faciliten el impulso de la paz total, conducente al cese de fuegos bilateral y multilateral verificable, que desescale la confrontación armada.

Desde el Comité, hacen un llamado a los diferentes actores en contienda a que adopten un rumbo humanitario en sus acciones que detenga el baño de sangre en el territorio; urge el florecer de la vida y la esperanza. Al tiempo el estado debe mejorar las condiciones de vida del pueblo araucano a partir del diseño de un plan nacional de intervención social en Arauca, apartado del componente militar; lo que exige compromiso del gobierno regional y la más amplia unidad del tejido social en procura de vida y dignidad.

En igual sentido proponen que de cara al proceso electoral del 2023, las autoridades regionales lideren un pacto por la cultura democrática, la deliberación argumentada y la no violencia durante la campaña electoral.

Fuente: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Seccional Arauca