ARAUCA
Defensores de Derechos Humanos en Arauca se pronuncian ante incremento de la violencia
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Seccional Arauca, expresó su preocupación ante la creciente espiral de violencia que sacude al departamento de Arauca.
Sus integrantes expresaron rechazo a los siguientes Hechos, que deben ser investigados y esclarecidos:
El atentado al esquema de seguridad del líder del Partido Comunes Juan Torres, ocurrido el 20 de febrero del presente año en Tame, dejando serias dudas en la calidad del blindaje del vehículo de protección.
El aumento indiscriminado de personas retenidas, según la defensoría del pueblo del año 2022 a febrero 2023 suman 93 casos, de los cuales 28 personas por misiones humanitarias de la defensoría y la iglesia recobraron su libertad; sin embargo, recientemente se conoció la retención de los señores:
*José Vicente Núñez Patermina el 17 de enero en Arauquita.
*Henry Enrique Muñoz 3 de febrero en Arauca.
*El líder social Abelardo Duarte Moncada el 11 de febrero, vereda el Rosario, municipio de Arauca.
*El sargento viceprimero del ejército Libey Danilo Bravo el 14 de febrero en Arauquita.
*Jeison Rafael Castellor Pertuz 17 de febrero en Saravena. Personas a las que se debe respetar su vida, brindar trato humanitario y dejar en libertad cuanto antes.
Las muertes violentas de enero del año 2022 a febrero del 2023 supera las 385 víctimas, entre ellos 13 líderes sociales.
Las víctimas del desplazamiento forzado en el mismo período supera las 21.500 personas.
Confinamientos población civil Municipios: Puerto Rondón 12 veredas y 1 comunidad indígena; Arauquita 13 veredas y 2 pueblos indígenas; Tame 7 pueblos indígenas y 11 veredas.
Los atentados y amenazas contra bienes protegidos de la población continúan; del mismo modo, el conflicto afecta ya a 59 docentes amenazados en el mismo período, de los cuales 34 debieron abandonar el territorio. Hoy faltan cerca de 8.000 niños y niñas en las aulas de clase del departamento.
En Arauca el escalamiento del conflicto y sus efectos causa principal daño a la población civil y el liderazgo social, profundiza las desigualdades sociales y genera un estado de cosas inconstitucional en términos de garantía para la vida y demás derechos fundamentales.
En consecuencia, se debe discutir, agotar y crear mecanismos de diálogo diferenciados que faciliten el impulso de la paz total, conducente al cese de fuegos bilateral y multilateral verificable, que desescale la confrontación armada.
Desde el Comité, hacen un llamado a los diferentes actores en contienda a que adopten un rumbo humanitario en sus acciones que detenga el baño de sangre en el territorio; urge el florecer de la vida y la esperanza. Al tiempo el estado debe mejorar las condiciones de vida del pueblo araucano a partir del diseño de un plan nacional de intervención social en Arauca, apartado del componente militar; lo que exige compromiso del gobierno regional y la más amplia unidad del tejido social en procura de vida y dignidad.
En igual sentido proponen que de cara al proceso electoral del 2023, las autoridades regionales lideren un pacto por la cultura democrática, la deliberación argumentada y la no violencia durante la campaña electoral.
Fuente: Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Seccional Arauca
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías legalizó la captura de un docente condenado por su responsabilidad en el abuso sexual de una menor de edad en zona rural de Arauquita (Arauca).
Según la investigación, los hechos se registraron en noviembre de 2011, donde el hombre abusó sexualmente de la niña en varias oportunidades, aprovechando su rol como docente.
El procesado fue capturado servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial. La sentencia quedó en firme.
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
