META
Decretan calamidad pública en Meta por afectaciones de la vía al Llano
La medida busca que destinen los recursos para superar la crisis
La Gobernación del Meta decretó la calamidad pública por las afectaciones provocadas por el invierno en la vía al Llano y en 12 de sus municipios.
La medida busca que los gobiernos Nacional y Departamental destinen los recursos y ejecuten las acciones de manera prioritariapara atender las afectaciones a 6.136 familias, 35.383 personas, 95 viviendas averiadas, nueve viviendas destruidas, 950 hectáreas agrícolas y ganaderas, 24 establecimientos educativos y más de ocho vías. Así como las graves afectaciones económicas, sociales y ambientales generadas por el taponamiento de esta importante carretera.
Los 12 municipios en situación de calamidad pública son: Cumaral, Castilla La Nueva, El Castillo, El Dorado, Granada, Guamal, La Macarena, Lejanías, San Juan de Arama, Villavicencio, Vista Hermosa y Mesetas.
La decisión se toma horas después de que la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, señalara que la vía permanecerá cerrada por lo menos tres meses, ante las dificultades que se presenta en la remoción del material que cae de la montaña en el kilómetro 58.
Los trabajos para retirar más de 30.000 metros cúbicos de escombros han sido retrasados porque, según informó Coviandes, las condiciones de seguridad no son las ideales para que los operarios. El presidente Iván Duque anunció este miércoles que el próximo 25 de junio se realizará un consejo extraordinario de ministros en el Meta,con el objetivo de buscar medidas urgentes para solucionar la crisis que enfrenta esta región del país.
En días pasados la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, y el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, pidieron al Gobierno que decretara la calamidad pública en la región para atender todos los efectos de “la emergencia social, económica y ambiental que está viviendo el departamento del Meta y la región de los Llanos”.
En el mismo sentido, se pronunció el director de la Andi seccional Llano, Francisco Andrade, al expresar que la región necesita más recursos en la medida que todos sus sectores económicos se han visto damnificados por el incremento de los costos en los fletes, tanto de los productos que salen hacia Bogotá como de los que se traen a la región desde el centro del país.
Los gremios del Meta estiman que por el cierre de la carretera, agricultores, ganaderos, petroleros y comerciantes han dejado de recibir más de 500.000 millones de pesos. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) tasó en 43.000 millones de pesos los ingresos diarios que deja de recibir ese departamento por el cierre del corredor.
Por esa vía también se transporta buena parte de los productos perecederos que se consumen en Bogotá, como plátano, yuca, piña, papaya, cítricos, arroz, pollo y carne de res y cerdo. Según el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Jorge Bedoya, al menos el 50 % del consumo de la carne de cerdo en Bogotá proviene del Meta, así como más de seis millones de aves dedicadas a la producción de pollo de engorde y huevo de mesa, ganado y arroz, que está en proceso de siembra, transitan por este corredor vial.
Fuente: El Tiempo
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
