META
Decretan calamidad pública en Meta por afectaciones de la vía al Llano
La medida busca que destinen los recursos para superar la crisis
La Gobernación del Meta decretó la calamidad pública por las afectaciones provocadas por el invierno en la vía al Llano y en 12 de sus municipios.
La medida busca que los gobiernos Nacional y Departamental destinen los recursos y ejecuten las acciones de manera prioritariapara atender las afectaciones a 6.136 familias, 35.383 personas, 95 viviendas averiadas, nueve viviendas destruidas, 950 hectáreas agrícolas y ganaderas, 24 establecimientos educativos y más de ocho vías. Así como las graves afectaciones económicas, sociales y ambientales generadas por el taponamiento de esta importante carretera.
Los 12 municipios en situación de calamidad pública son: Cumaral, Castilla La Nueva, El Castillo, El Dorado, Granada, Guamal, La Macarena, Lejanías, San Juan de Arama, Villavicencio, Vista Hermosa y Mesetas.
La decisión se toma horas después de que la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, señalara que la vía permanecerá cerrada por lo menos tres meses, ante las dificultades que se presenta en la remoción del material que cae de la montaña en el kilómetro 58.
Los trabajos para retirar más de 30.000 metros cúbicos de escombros han sido retrasados porque, según informó Coviandes, las condiciones de seguridad no son las ideales para que los operarios. El presidente Iván Duque anunció este miércoles que el próximo 25 de junio se realizará un consejo extraordinario de ministros en el Meta,con el objetivo de buscar medidas urgentes para solucionar la crisis que enfrenta esta región del país.
En días pasados la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, y el alcalde de Villavicencio, Wilmar Barbosa, pidieron al Gobierno que decretara la calamidad pública en la región para atender todos los efectos de “la emergencia social, económica y ambiental que está viviendo el departamento del Meta y la región de los Llanos”.
En el mismo sentido, se pronunció el director de la Andi seccional Llano, Francisco Andrade, al expresar que la región necesita más recursos en la medida que todos sus sectores económicos se han visto damnificados por el incremento de los costos en los fletes, tanto de los productos que salen hacia Bogotá como de los que se traen a la región desde el centro del país.
Los gremios del Meta estiman que por el cierre de la carretera, agricultores, ganaderos, petroleros y comerciantes han dejado de recibir más de 500.000 millones de pesos. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) tasó en 43.000 millones de pesos los ingresos diarios que deja de recibir ese departamento por el cierre del corredor.
Por esa vía también se transporta buena parte de los productos perecederos que se consumen en Bogotá, como plátano, yuca, piña, papaya, cítricos, arroz, pollo y carne de res y cerdo. Según el presidente de la Sociedad Colombiana de Agricultores, Jorge Bedoya, al menos el 50 % del consumo de la carne de cerdo en Bogotá proviene del Meta, así como más de seis millones de aves dedicadas a la producción de pollo de engorde y huevo de mesa, ganado y arroz, que está en proceso de siembra, transitan por este corredor vial.
Fuente: El Tiempo
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
META
Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
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