META
Culminó expedición científica para conocer más sobre las toninas del Meta
Con éxito finalizó la expedición científica realizada por Cormacarena y la Fundación Omacha para la estimación poblacional de delfines de río o toninas sobre los ríos Guayabero, Guaviare y Ariari en el departamento del Meta.
51 individuos fueron registrados, entre ellos, 11 crías. Los investigadores contaron con el apoyo de miembros de las comunidades locales para recorrer un total de 247.5 kilómetros durante 7 días, atravesando los departamentos del Meta y Guaviare entre los municipios de La Macarena y Puerto Concordia.
Se realizaron 99 transectos de 2.5 km de longitud, en 5 tramos: La Macarena – Caño Yarumales, Caño Yarumales – Cachicamo, Cachicamo – La Tigra, La Tigra – Raudal Angosturas II y Raudal Angosturas II – municipio de Puerto Concordia.
Uno de los sitios donde es más fácil encontrar delfines es en las confluencias de los ríos, que marcan un paso obligado para los peces y hacen más fácil su captura por parte de los delfines. Así lo registraron la mayoría de los avistamientos en la confluencia de los caños Yarumales, Anguleta, Cabra, El Gringo, Yamú y Cafre, sobre el río Guayabero y en la confluencia con el río Ariari donde se conforma el río Guaviare.
El objetivo de la expedición fue establecer la cantidad de delfines de río y las principales amenazas que enfrentan estas especies y sus hábitats. Durante el recorrido en jurisdicción de Cormacarena, también se registró la biodiversidad del departamento gracias a la presencia de otras especies en condición de vulnerabilidad como el cocodrilo del orinoco, la nutria gigante y tortugas acuáticas del género Podocnemis. Además este recorrido atestiguó la belleza paisajística del río Guayabero, documentó su biodiversidad y la gran cantidad de petroglifos y pictografías, herencia de las culturas ancestrales que habitaron la Orinoquia colombiana.
Los resultados de la expedición aportarán desde el conocimiento científico a la implementación del Plan de Manejo para la Conservación de los Delfines de río, una herramienta además estratégica para la gestión de los ecosistemas de la región.
Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha, dice que “gracias a Cormacarena, en los dos últimos años hemos podido evaluar regiones a las que por el conflicto armado no habíamos podido acceder. De esta manera hemos logrado datos clave sobre los delfines de río en el sector más occidental donde hacen presencia en nuestro país. Durante los últimos 25 años fue una zona sin mayor información y que hayamos podido abrir esa frontera, es un gran logro”.
Capacitación a guías turísticos
De manera especial, Cormacarena y la Fundación Omacha resaltan el esfuerzo de las comunidades locales que le apuestan al turismo de naturaleza en zonas de posconflicto, mediante la conservación de atractivos naturales como Caño Cristales, Raudales, y de especies emblemáticas como las toninas, que se convierten a través de su observación responsable, en una alternativa económica para el desarrollo sostenible de la región.
En consecuencia, el pasado 20 de abril, en el municipio de La Macarena se capacitaron a más de 30 guías turísticos en la observación responsable de delfines de río.
El taller constó de un módulo teórico sobre la biología y ecología de la especie, distribución, principales amenazas en la región, procedimientos de observación responsable, y aprovechamiento de otros atractivos turísticos, y el módulo práctico se llevó a cabo en la confluencia de los ríos Guayabero y Losada. De igual forma, el día 27 de abril, el mismo taller se desarrolló con 51 pescadores participantes del municipio de Puerto Concordia. Su ejercicio práctico fue en la confluencia de los ríos Guayabero y Ariari.
Marcación satelital de delfines de río
En el marco del mismo proyecto, se pusieron transmisores para el seguimiento vía satélite a tres toninas en la confluencia del caño Yarumales y el río Guayabero. Estos darán a conocer el uso que las toninas hacen de los diferentes ecosistemas acuáticos y sus movimientos a lo largo de este importante río. Igualmente, permitirá evidenciar la importancia estas especies dentro de las áreas protegidas, como el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena y el Área de Manejo Especial La Macarena.
Cormacarena destacó la participación de las comunidades rurales de la Macarena con la Corporación y Omacha, para que la marcación fuera posible; siempre con el mayor cuidado por las toninas y rapidez en el procedimiento.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
