CASANARE
Cuestionan a Juez por no enviar a consulta orden de arresto del Alcalde de Yopal
El abogado Yury Rodríguez, representante de las propietarias del predio donde se asienta la invasión “Mi Nueva Esperanza” en Yopal, cuestionó la lentitud del Juez Primero Civil Municipal de Yopal, quien no ha enviado al despacho de su superior jerárquico para consulta, el auto del pasado 13 de diciembre de 2018, donde se ordenó el arresto por tres días y multa de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, del alcalde Leonardo Puentes, por un incidente de desacato a un fallo de tutela.
Según explicó el jurista, la norma es clara y una vez el Juez profirió su sentencia debió enviar el expediente ante su superior jerárquico para que obrara en consulta su decisión, pero luego de más de un mes tal actuación no se ha surtido, por lo cual envió un memorial al despacho del Juez Primero Civil Municipal de Yopal, exigiendo que tal diligencia se cumpla, como lo ordena la Ley.
“Me enteré en la baranda del Juzgado, porque oficialmente no me han informado, que el señor Alcalde interpuso un memorial o un recurso contra la decisión del Juez Primero Civil, pero la norma es clara que contra esa decisión no cabe ningún recurso ante el mismo Juez ni es procedente ninguna solicitud, debe ser el superior jerárquico quién decida si aprueba, revoca o modifica la orden de arresto y la multa. Sería inconcebible que el Juez Primero Civil Municipal de Yopal cambiara su decisión, esperamos que ello no ocurra”, explicó el jurista.
Agregó que en estos casos la sanción es progresiva hasta que la Alcaldía de Yopal cumpla lo ordenado en el fallo de la Acción de Tutela del pasado 11 de noviembre de 2016, que ordenó disponer la logística y todas las actuaciones necesarias para que se cumpla con el desalojo del predio que es privado y está invadido por particulares. Por este mismo caso la exalcaldesa Luz Marina Cardozo fue arrestada por tres días y pagó una multa de veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo que el jurista considera que la revisión que se haga en este momento debe aumentar esa primera sanción.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
