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Cuestionan a Juez por no enviar a consulta orden de arresto del Alcalde de Yopal

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El abogado Yury Rodríguez, representante de las propietarias del predio donde se asienta la invasión “Mi Nueva Esperanza” en Yopal, cuestionó la lentitud del Juez Primero Civil Municipal de Yopal, quien no ha enviado al despacho de su superior jerárquico para consulta, el auto del pasado 13 de diciembre de 2018, donde se ordenó el arresto por tres días y multa de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, del alcalde Leonardo Puentes, por un incidente de desacato a un fallo de tutela.

Según explicó el jurista, la norma es clara y una vez el Juez profirió su sentencia debió enviar el expediente ante su superior jerárquico para que obrara en consulta su decisión, pero luego de más de un mes tal actuación no se ha surtido, por lo cual envió un memorial al despacho del Juez Primero Civil Municipal de Yopal, exigiendo que tal diligencia se cumpla, como lo ordena la Ley.

“Me enteré en la baranda del Juzgado, porque oficialmente no me han informado, que el señor Alcalde interpuso un memorial o un recurso contra la decisión del Juez Primero Civil, pero la norma es clara que contra esa decisión no cabe ningún recurso ante el mismo Juez ni es procedente ninguna solicitud, debe ser el superior jerárquico quién decida si aprueba, revoca o modifica la orden de arresto y la multa. Sería inconcebible que el Juez Primero Civil Municipal de Yopal cambiara su decisión, esperamos que ello no ocurra”, explicó el jurista.

Agregó que en estos casos la sanción es progresiva hasta que la Alcaldía de Yopal cumpla lo ordenado en el fallo de la Acción de Tutela del pasado 11 de noviembre de 2016, que ordenó disponer la logística y todas las actuaciones necesarias para que se cumpla con el desalojo del predio que es privado y está invadido por particulares. Por este mismo caso la exalcaldesa Luz Marina Cardozo fue arrestada por tres días y pagó una multa de veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo que el jurista considera que la revisión que se haga en este momento debe aumentar esa primera sanción.

Lea también: Alcaldesa de Yopal pagará tres días de arresto y multa por desacatar tutela

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Mujer perdió la vida en accidente de tránsito en inmediaciones de la Comuna 2 en Yopal

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Una mujer perdió la vida en la mañana de este jueves en un trágico accidente de tránsito registrado en el cruce de la calle 30 con carrera 33, en la ciudad de Yopal. La víctima fue identificada como Andrea Lilian Montaña Montaña, de 39 años, natural del municipio de Chámeza, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha de placa PDA 16E cuando colisionó contra un vehículo KIA Sportage de placas PIP207.

El impacto fue tan fuerte que la mujer perdió la vida en el lugar de los hechos. Al sitio acudieron unidades de tránsito y personal de criminalística, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la recolección de información para establecer cómo ocurrió este siniestro vial.

Preliminarmente se conoció que la víctima fatal se desplazaba por la carrera 33 en sentido norte sur, mientras que el vehículo particular lo hacía por la calle 30 en sentido hacia la vía Mate´pantano. En el mencionado cruce se produjo la violenta colisión contra el costado izquierdo de la camioneta. El impacto quedó reflejado contra las dos puertas del automotor.

Detrás de esta tragedia queda una historia que golpea profundamente a una familia. Andrea era madre soltera y deja dos hijos, quienes hoy deben enfrentar la dolorosa ausencia de su ser querido, una realidad que viven muchas familias cuando la vida se apaga de forma repentina en las vías.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras este hecho vuelve a poner sobre la mesa el drama humano que dejan los siniestros viales: hogares marcados por el duelo, proyectos de vida truncados y familias que deben aprender a seguir adelante con una silla vacía en casa.

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Restos óseos hallados en Yopal correspondían a joven desaparecida desde 2024

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Los restos óseos hallados durante la construcción de obras de alcantarillado en la ciudadela La Bendición, en Yopal, correspondían a Ángela Patricia Salas Ruiz, una joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde agosto de 2024.

La identificación se logró mediante pruebas de ADN practicadas por el Instituto de Medicina Legal, que permitieron cotejar el material genético con muestras de familiares cercanos.

De acuerdo con la información conocida, el análisis forense permitió establecer que los restos encontrados pertenecen a la joven desaparecida, cerrando así casi dos años de incertidumbre para sus allegados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial confirmando públicamente este resultado, aunque los familiares ya lo hicieron.

Los restos fueron encontrados de manera accidental en abril de 2025, cuando se adelantaban excavaciones para la instalación de tuberías del sistema de alcantarillado en este sector de la capital casanareña. Trabajadores que realizaban la obra detectaron el material óseo, lo que obligó a suspender temporalmente las labores mientras unidades forenses realizaban el levantamiento correspondiente.

Posteriormente, los restos fueron trasladados a Medicina Legal para los análisis científicos que permitieran establecer su identidad. Mientras se espera un comunicado oficial de las autoridades, el caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las personas desaparecidas y las circunstancias que rodean este tipo de hechos en la región.

Por este caso, los familiares de la víctima siempre han puesto la lupa sobre un sujeto conocido con el alias de “Vitamina”, quien era la pareja sentimental de Ángela Patricia para la época de su desaparición, de quien se conoció que en estos momentos se encuentra detenido en la Cárcel de La Guafilla por otros delitos.

Lea también: Continúa búsqueda de joven mujer desaparecida en Yopal desde el 25 de agosto

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Recaudo del impuesto vehicular en Casanare se incrementó un 23%

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La Secretaría de Hacienda de Casanare reportó un notable incremento en el recaudo del impuesto vehicular, alcanzando la cifra de 2.600 millones de pesos. Este monto incluye 600 millones provenientes del cobro coactivo, lo que representa un crecimiento del 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el recaudo se situó en 400 millones de pesos.

Este aumento no solo fortalece las finanzas del departamento, proporcionando más recursos para la inversión pública en infraestructura y servicios, sino que también evidencia la confianza de los contribuyentes en las campañas de beneficios tributarios ofrecidas por la administración. Estos resultados son vitales para impulsar el desarrollo regional.

El impacto de las campañas ha sido significativo en la normalización de deudas, con 1.300 personas acercándose a las oficinas para ponerse al día con sus obligaciones. Adicionalmente, 242 procesos de cobro coactivo han sido cerrados exitosamente tras el pago de las deudas, lo que demuestra la efectividad de las medidas implementadas.

La administración departamental enfatiza que regularizar estas deudas ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos. Al saldar sus obligaciones, la Secretaría de Hacienda procede de inmediato al levantamiento de medidas cautelares, previniendo embargos de cuentas bancarias y propiedades, y permitiendo a los propietarios circular y disponer de sus bienes con tranquilidad.

“Estamos logrando una recuperación de cartera histórica que se traduce en bienestar para el departamento y tranquilidad para las familias, quienes hoy pueden circular y disponer de sus bienes sin el temor de procesos legales”, manifestó Diana Nossa, directora de la Oficina de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda de Casanare.

A pesar de los resultados positivos, la gobernación advierte que aún existe un número considerable de vehículos con deudas pendientes que, si bien no han entrado en etapa coactiva, están próximos a ser ejecutados. Por ello, se extiende una invitación final a los propietarios en mora para que aprovechen los descuentos vigentes y eviten futuros procesos de cobro que puedan afectar su patrimonio.

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