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Corte Suprema condenó a Juez del Meta que dejó en libertad a cabecilla criminal
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la absolución que había favorecido al juez Raúl Hernán Ardila Baquero, y lo condenó a la pena de prisión de 54 meses.
Ardila, quien actualmente se desempeña como Juez Segundo de Control de Garantías de Adolecentes en Villavicencio, deberá pagar una multa superior a los 50 millones de pesos (70 SMLMV) y afronta una Inhabilidad de 90 meses para ejercer cargos públicos.
El juez fue encontrado responsable del delito de prevaricato por acción agravado, por hechos en los que incurrió durante el ejercicio de sus
funciones en Villavicencio (Meta).
La apelación de la Fiscalía
La decisión que priva de la libertad a Ardila se da luego de la apelación interpuesta por un fiscal del grupo especial anticorrupción, creado
especialmente para investigar posibles delitos cometidos por funcionarios judiciales.
La absolución que revocó la Corte había sido proferida por una Sala de Conjueces del Tribunal de Villavicencio. Para el ente acusador tal determinación desconocía las pruebas presentadas contra Ardila.
Según se precisa, Ardila revocó la medida intramural que le había impuesto a Carlos Barrera Alfonso, alias ‘Ingeniero’, presunto cabecilla de la banda criminal Libertadores del Vichada.
‘Ingeniero’ estaba siendo investigado por el homicidio de cuatro personas y por los delitos de tráfico y/o porte de armas y concierto para
delinquir. Los hechos que rodearon estas acusaciones ocurrieron en febrero 2012 en área rural de Puerto Gaitán (Meta).
Contra Ardila Baquero el Tribunal Superior de Villavicencio adelanta otro proceso debido a que el 31 de diciembre de 2013 le otorgó casa por cárcel a Edison Guillermo Velásquez Álvarez, alias ‘Farid’, otro supuesto cabecilla de la misma banda criminal.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
