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Contraloría encontró daño patrimonial en obra contratada por Alan Jara
La Contraloría General de la República encontró irregularidades por un total de $2.523 millones de pesos en la ejecución de los contratos de obra e interventoría, con los cuales la administración del exgobernador del Meta Alan Jara Urzola puso en marcha la construcción de la “Ciudadela del Saber”, en el municipio de Puerto Lleras.
Si bien el contrato de obra (número 116 de 2014) fue ejecutado dentro del tiempo establecido y sin exceder el presupuesto original, visitas de inspección adelantadas por los auditores de la Contraloría General de la República permitieron identificar graves y generalizadas deficiencias constructivas, empezando por problemas de humedad y filtraciones que han causado daños a acabados como el cielo raso y los pisos, especialmente en la zona del auditorio.
De acuerdo a lo establecido por los funcionarios de los organismos de control, como consecuencia de la exagerada humedad que se presenta al interior de la edificación, producto de la mala calidad de los procesos constructivos y de los errores de planeación, esta Ciudadela del Saber se encuentra en estado de abandono.
Es así como todos los elementos de mobiliario que se adquirieron para su dotación y funcionamiento fueron retirados, en procura de salvaguardarlos de las malas condiciones reinantes.
Esta situación ha hecho que el edificio se encuentre actualmente en estado de abandono, que no preste ninguna utilidad para la comunidad y que su uso, en procura de alcanzar los objetivos trazados para el proyecto, no sea posible, circunstancia que ha permitido el vandalismo, provocando además consecuencias como pérdida de cableado eléctrico, de la bomba para instalaciones hidraúlicas y de láminas de policarbonato.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República calculó en $2.336 millones de pesos el daño patrimonial causado por la mala calidad en los trabajos ejecutados en el marco de este contrato de obra.
Errores de planeación
Según explicó el Contralor Delegado Intersectorial de la Unidad de Regalías, José Antonio Soto, las deficiencias constructivas detectadas tienen como causa errores en la planeación, así como en los procesos constructivos, al igual que deficiencias en las labores de verificación y control durante la ejecución de la obra contratada. “La deficiente calidad de los trabajos ejecutados es inobjetable ya que éstos pueden apreciarse a simple vista”, indicó.
El contrato de obra No. 116 de 2014 cuestionado por la CGR, fue suscrito entre la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) y la Union Temporal Ciudadela Puerto Lleras 2014, con el objeto de construir la Ciudadela del Saber en el municipio de Puerto Lleras, proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías por la suma de $2.336 millones. El plazo pactado fue de 10 meses constados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que ocurrió el 27 de octubre de 2014.
Daño patrimonial por falta de control de la interventoría
También es objeto de reproche fiscal el contrato de interventoría No. 130 de 2014, suscrito entre la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) y la Unión Temporal Nueva Sede Gobernación del Meta, el cual tiene por objeto realizar Control mediante Interventoría técnica legal, administrativa financiera y ambiental al mejoramiento y construcción etapa 2 de la nueva sede administrativa de la Gobernación del Meta, incluye Flor Amarillo, Asamblea y parqueaderos en el Municipio de Villavicencio; al igual que la Ciudadela del Saber, en el Municipio de Puerto Lleras, entre otras obras.
Dadas las condiciones de calidad de los trabajos ejecutados en el marco del contrato No. 116 de 2014, se evidencia que el seguimiento y control que se debía efectuar en el marco del contrato No. 130 del 2014 fue inefectivo, provocando el detrimento patrimonial señalado; situación que genera un nuevo detrimento, esta vez por un valor de $186 millones 929 mil pesos, suma que corresponde al valor porcentual equivalente al proyecto de la Ciudadela del Saber pagado hasta la fecha al interventor.
Con lo anterior, se tiene que el daño total causado al patrimonio público por la ejecución de estos contratos que fueran suscritos durante la Administración del exgobernador del Meta Alan Jara Urzola, se eleva a la suma de $2.523.052.574.40.
Fuente: Contraloría General de la República
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
