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Cormacarena rechazó el asesinato de una anaconda en zona rural de Mapiripán
En las imágenes que circulan por redes sociales se puede observar cómo el animal estaba en su madriguera y un grupo de personas lo ataca hasta quitarle la vida. Además, se muestra como juegan con la serpiente, se toman fotos y miden el animal, olvidando la importancia ecosistémica de esta ejemplar.
La anaconda, también conocida como güio negro, es una especie constrictora que se alimenta principalmente de chigüiros, caimanes, tapires, aves, venados y roedores; pero que no representa una amenaza al ser humano, esta especie es considerada inofensiva ya que no tiene tendencia a atacar, a menos que sea molestada y deba hacerlo en defensa propia.
Desde la Corporación hicieron un llamado a cuidar a esta y todas las especies silvestres e invitan a los habitantes de Mapiripan y todo el bajo Ariari para que este tipo de acciones en contra de la naturaleza no se repita.
Además, la Autoridad Ambiental recuerda que la fauna silvestre se encuentra protegida en todo el territorio nacional y la caza ilegal está tipificada como delito, según el Artículo 328 de la ley 1453 del 2011, establece multas de hasta 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y privación de la libertad de 48 a 108 meses.
Se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte los recursos naturales y la fauna silvestre a la línea 3214820327.
Fuente: Cormacarena
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
