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Cormacarena inicia investigación a Bioenergy por presunta contaminación ambiental en Caño Barbasco

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En atención a la denuncia interpuesta el pasado 3 de marzo por propietarios de predios de las veredas Remolino, El Toro y Yurimena del municipio de Puerto López por afectación ambiental en caño Barbasco, una comisión de profesionales de Cormacarena realizó visitas de control y seguimiento en inmediaciones de la planta de etanol. 

Durante las visitas  técnicas se realizó una rigurosa inspección ocular de la zona, en una distancia aproximada de 20 kilómetros bordeando tributarios del Caño Barbascos, y se tomaron muestras del agua en cinco puntos estratégicos, las cuales fueron enviadas a un laboratorio acreditado por el IDEAM para el análisis de la sustancia que hasta el momento ha dejado una gran mancha amarilla en la fuente hídrica.

Tal como lo argumentaron los residentes de los predios aledaños, no se evidenció la presencia de peces u otros animales muertos, no obstante, en ciertos puntos de la fuente hídrica se sintieron fuertes olores no característicos de las condiciones normales de la misma.

En la verificación de la autoridad ambiental, Bioenergy argumentó que se presentó un derrame por fallas mecánicas en una motobomba que impulsa el agua desde la planta hasta los canales perimetrales del reservorio A5, en desarrollo de las pruebas para la puesta en marcha de dicha Planta de Etanol.

Teniendo en cuenta el desarrollo de la visita, Cormacarena recomienda a la empresa Bioenergy implementar más barreras oleofílicas, barreras tipo Meco, maximizar las labores de remoción y limpieza, contratar personal que labore las 24 horas del día, monitorear la fuente hídrica y el líquido existente en los canales donde se presentó el evento, rendir informes diarios de las actividades realizadas y suministrar agua potable a los residentes de los predios beneficiarios de caño Barbasco.

Cormacarena según lo evidenciado en campo, pudo determinar que se presentó un  vertimiento no autorizado y procedió a abrir una investigación, a formular cargos y a imponer una media preventiva contra las empresas Bioenergy Zona franca y Bioenery SA, basados en el principio de precaución para evitar que se vuelva a generar otro vertimiento y hasta tanto no se determine el grado de contaminación de las aguas según las pruebas de laboratorio.

La autoridad ambiental continuará realizando control y seguimiento del evento, en pro de la protección y conservación del medio ambiente, a través de la exigencia del cumplimiento del marco ambiental legal vigente, y la continua interacción con los actores de la zona.

Fuente: Prensa Cormacarena

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Procuraduría verifica avance en obras para suministro de agua en Villavicencio

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En el marco de la actuación preventiva sobre el suministro de agua, la Procuraduría General de la Nación reiteró que mantendrá el seguimiento institucional y exigió la pronta implementación de acciones que protejan el derecho de los villavicenses a acceder a agua potable de calidad.

En visita técnica para revisar el avance de proyectos estratégicos en Villavicencio, claves para restablecer el suministro de agua potable, el ente de control verificó la reconstrucción del viaducto sobre el río Guatiquía y la rehabilitación de la estación de bombeo de Puente Abadía, corroborando la información técnica suministrada por los responsables, así como los adelantos en infraestructura.

Asimismo, durante la inspección, la Entidad oficializó los compromisos que deben asumir tanto la administración local como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), entre ellos, el respeto a los plazos de ejecución y la pronta respuesta a los trámites administrativos.

El Ministerio Público reafirma su labor preventiva, reiterando el acompañamiento de la Procuraduría para que Villavicencio recupere y mantenga el servicio esencial de agua y exhortando a las autoridades al cumplimiento riguroso de los acuerdos establecidos.

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En el año 2000 el conflicto armado lo desterró, hoy le devolvieron el predio y montó un almacén de ropa

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En cumplimiento de la sentencia de restitución y de las órdenes judiciales orientadas a garantizar la estabilización económica de las víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) implementó un proyecto productivo urbano de almacén de ropa para el señor José Roberto Hoyos, restituido y víctima del conflicto armado en Mapiripán (Meta).

Los hechos victimizantes tuvieron lugar en el año 2000, cuando Hoyos debió abandonar forzosamente su predio debido a los enfrentamientos entre paramilitares y la guerrilla de las Farc, así como a las presiones que estos actores armados imponían a la población civil, incluida la amenaza de reclutamiento. Esta situación obligó al solicitante a dejar su tierra.

Tras recuperar su predio mediante sentencia, Hoyos inicia ahora una nueva etapa de reconstrucción económica. La URT le otorgó un subsidio de 40 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) para la creación de un almacén de ropa, el cual funcionará directamente en el predio restituido, convirtiéndose en una fuente estable de ingresos para él y su familia.

La Unidad realizó recientemente el primer desembolso de recursos, destinados a la compra de vitrinas, estanterías, maniquíes, avisos tipo letrero, mostradores y mobiliario, elementos esenciales para la operación del negocio.

El director territorial de la URT en Meta, Robert Gabriel Barreto, señaló que “este tipo de proyectos materializan el restablecimiento económico y la autonomía de las víctimas, permitiendo que transformen su experiencia de despojo en nuevas oportunidades”.

Por su parte, José Roberto Hoyos agradeció el acompañamiento de la URT y destacó que este emprendimiento significa una oportunidad real para asegurar el sustento propio y el de su familia, aprovechando de manera productiva el predio restituido.

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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar

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En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.

Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.

Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.

“Pensé que ya no salía”

Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”

Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.

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