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Cormacarena inicia investigación a Bioenergy por presunta contaminación ambiental en Caño Barbasco

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En atención a la denuncia interpuesta el pasado 3 de marzo por propietarios de predios de las veredas Remolino, El Toro y Yurimena del municipio de Puerto López por afectación ambiental en caño Barbasco, una comisión de profesionales de Cormacarena realizó visitas de control y seguimiento en inmediaciones de la planta de etanol. 

Durante las visitas  técnicas se realizó una rigurosa inspección ocular de la zona, en una distancia aproximada de 20 kilómetros bordeando tributarios del Caño Barbascos, y se tomaron muestras del agua en cinco puntos estratégicos, las cuales fueron enviadas a un laboratorio acreditado por el IDEAM para el análisis de la sustancia que hasta el momento ha dejado una gran mancha amarilla en la fuente hídrica.

Tal como lo argumentaron los residentes de los predios aledaños, no se evidenció la presencia de peces u otros animales muertos, no obstante, en ciertos puntos de la fuente hídrica se sintieron fuertes olores no característicos de las condiciones normales de la misma.

En la verificación de la autoridad ambiental, Bioenergy argumentó que se presentó un derrame por fallas mecánicas en una motobomba que impulsa el agua desde la planta hasta los canales perimetrales del reservorio A5, en desarrollo de las pruebas para la puesta en marcha de dicha Planta de Etanol.

Teniendo en cuenta el desarrollo de la visita, Cormacarena recomienda a la empresa Bioenergy implementar más barreras oleofílicas, barreras tipo Meco, maximizar las labores de remoción y limpieza, contratar personal que labore las 24 horas del día, monitorear la fuente hídrica y el líquido existente en los canales donde se presentó el evento, rendir informes diarios de las actividades realizadas y suministrar agua potable a los residentes de los predios beneficiarios de caño Barbasco.

Cormacarena según lo evidenciado en campo, pudo determinar que se presentó un  vertimiento no autorizado y procedió a abrir una investigación, a formular cargos y a imponer una media preventiva contra las empresas Bioenergy Zona franca y Bioenery SA, basados en el principio de precaución para evitar que se vuelva a generar otro vertimiento y hasta tanto no se determine el grado de contaminación de las aguas según las pruebas de laboratorio.

La autoridad ambiental continuará realizando control y seguimiento del evento, en pro de la protección y conservación del medio ambiente, a través de la exigencia del cumplimiento del marco ambiental legal vigente, y la continua interacción con los actores de la zona.

Fuente: Prensa Cormacarena

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A la cárcel por atentar contra la vida de un hombre en Puerto Gaitán, capturados en flagrancia

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.

En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.

Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.

Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.

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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.

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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.

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