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Cormacarena adelanta control y seguimiento a afectación ambiental en Caño Barbasco, en Puerto López
Con un equipo multidisciplinario conformado por ingenieros ambientales e industriales, Cormacarena realizó una nueva visita de control y seguimiento al evento de afectación ambiental en Caño Barbasco, en inmediaciones de la planta de etanol de Bioenergy, en Puerto López- Meta.
El objetivo de la visita fue la verificación general de la implementación de recomendaciones realizadas por la Corporación Ambiental a la empresa Bioenergy, tales como la construcción de elementos para la absorción y aislamiento del líquido vertido, al tiempo que se maximizaran las labores de contención y limpieza durante las 24 horas del día.
Se sugirió además a Bioenergy, suministrar agua potable a los residentes de la zona que se benefician del Caño Barbasco y sus tributarios, hasta tanto se tenga certeza de la no contaminación de la fuente hídrica. De igual manera, se indicó tomar dos muestras de agua semanales en seis puntos estratégicos para el análisis por parte un laboratorio acreditado por el IDEAM, hasta que se restablezcan las condiciones normales del afluente.
Durante la visita de control y seguimiento, la comisión de Cormacarena, encontró personal de Bioenergy realizando labores de cercamiento en el reservorio RA5 con el fin de alejar el ganado y otros animales del mismo, y pudo evidenciar que persisten olores fuertes asociados a aguas fermentadas alrededor del lugar.
Así mismo, se observaron las actividades realizadas por parte de la empresa directamente en el morichal que se encuentra a 300 metros de la ocurrencia del evento, ya que este punto fue uno de los que recibió gran parte de la sustancia derramada.
La comisión de Cormacarena, en su recorrido por los diferentes puntos del Caño Barbasco y el río Yucao, constató que Bioenergy realiza actividades de limpieza, remoción y toma de muestras en estas fuentes hídricas, en las cuales no evidenció la presencia de peces muertos, lo que fue confirmado por los residentes de la zona.
De igual manera, se verificó que los dueños de predios aledaños están recibiendo el suministro de agua cruda en óptimas condiciones para sus labores diarias y de agua potable en botellones para el consumo diario.
La autoridad ambiental se encuentra a la espera de los resultados de las muestras de agua tomadas inicialmente, y el análisis de las realizadas durante la visita de control y seguimiento, para determinar si existió o no contaminación a los recursos naturales, así como la magnitud de la misma y la responsabilidad de la empresa Bioenergy.
Cormacarena continuará realizando control y seguimiento al evento de vertimiento, a través de la exigencia del cumplimiento del marco ambiental legal vigente, y la continua interacción con los actores involucrados en las actividades encaminadas al escenario preventivo y reactivo.
Fuente: Prensa Cormacarena
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
