META
Contraloría halló detrimento patrimonial por obras inconclusas del Acueducto de Villavicencio
La Contraloría General de la República encontró un posible detrimento patrimonial por más de $60 mil millones de pesos, a raíz de las obras inconclusas destinadas a la optimización de la línea de aducción del Acueducto de Villavicencio.
En visita realizada por el organismo de control, se pudo verificar que, pese a haber transcurrido más de 6 años desde la fecha de inicio de la obra, no se ha dado cumplimiento a los fines para los cuales se efectuó la inversión de los recursos.
El objetivo del proyecto, viabilizado en julio de 2010 por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, era beneficiar a los habitantes del municipio de Villavicencio, afectados por constantes racionamientos y suspensiones del servicio de acueducto, provocados por los derrumbes y las crecientes del río Guatiquía.
El contrato para ejecutar el fallido proyecto fue suscrito por la Empresa de Servicios Públicos del Meta (Edesa S.A.) con la Unión Temporal Bocatoma PTAP, el 28 de enero de 2011. Inicialmente el contrato se suscribió por $43.947.565.580 y tuvo 2 adiciones por $21.973.782.263, para un valor total contratado de $65.921.347.843.
El proyecto presentó inconsistencias en su planeación, así como en el proceso de selección, ejecución y seguimiento; dado que transcurridos más de 6 años desde la fecha de inicio, el contrato proyectado para 12 meses no está en funcionamiento y fue abandonado por el contratista, y las obras construidas presenten la consecuente afectación.
De acuerdo con la Ley 610 de 2000, todo esto se da a causa de una conducta fiscal ineficiente, generándose un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor total de $60.573.203.369.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
