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Contraloría detectó 17 hallazgos fiscales en proyectos de regalías en el Meta

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Un total de 17 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $16.323 millones detectó la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Meta y algunos municipios de este Departamento.

En total se configuraron 31 hallazgos administrativos, de los cuales el mismo número tienen presunta connotación disciplinaria.

Fueron evaluados proyectos como “Mejoramiento de la vía sectores de Santa Helena Los Mangos y Patio Bonito, en el municipio de Granada”; “Operación y mantenimiento de la PTAP Acueducto por gravedad, en la Inspección de Veracruz, municipio de Cumaral”; “Construcción del Terminal de Transporte del municipio de Puerto Gaitán”; y “Construcción de obras de protección y mitigación de impacto hidráulico en puentes en la vereda El Caribe, en el municipio de Puerto Lleras”.

Para la evaluación se seleccionaron 38 proyectos por valor de $297.648 millones, de los cuales $250.135 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.

Graves riesgos por mal estado de puentes 

Inicialmente, en el marco del proyecto, formulado y ejecutado por la Agencia de Infraestructura de Meta para el mejoramiento de la vía sector veredas Santa Helena, Los Mangos y Patio Bonito, cuyo objetivo es comunicar los municipios de Granada, Fuentedeoro y San Juan de Arama, se detectó que las condiciones físicas de los cinco puentes de esta vía indican que no se está dando cumplimiento a la Norma Colombiana de Diseño de PUENTES CCP14- INVIAS.

Este proyecto fue aprobado y formulado en 2014 y contratado en 2016.

Para la Contraloría, la existencia de problemas en la planeación y formulación por parte de la administración departamental del proyecto son graves, puesto que la decisión de no intervención de estos puentes en el marco del mejoramiento de la vía pone en cuestionamiento el objetivo de comunicar los tres municipios.

Durante la visita técnica, se observó que las actividades ejecutadas por el contratista en el sector corresponden a lo pactado contractualmente, sin embargo, el proyecto hace uso de cinco estructuras existentes tipo “puente”, por lo que la calzada se reduce a un solo carril.

Pese a que el proyecto tuvo una adición de cerca de $3 mil millones, y conociendo el incumplimiento frente a la norma colombiana, ninguno de estos puentes existentes fue intervenido.

Es de resaltar que uno de los puentes sufrió un daño considerable por esfuerzo de tensión sobre sus dos vigas centrales, que dejó al descubierto los aceros de refuerzo y generó un “pandeo” en toda la estructura, dejándolo inutilizable para vehículos de carga y en condición de riesgo de colapso.

Esta situación es de conocimiento público y, por ende, la Agencia para la Infraestructura del Meta está informada sobre este particular, resalta el Informe de la Contraloría. Es así como, dentro de las actividades contractuales, se contempló la instalación de la señal con prohibición del paso por falla técnica del puente.

Sin embargo, el organismo de control considera que esto no da solución al propósito de comunicar los mencionados municipios, por lo cual se podría llegar a determinar que no se cumplió con el objetivo de desviar el tráfico vehicular para evitar su entrada al casco urbano del municipio de Granada.

La CGR llama la atención sobre el inminente riesgo para la seguridad de los usuarios de la vía, señalando la importancia de que las autoridades departamentales y municipales atiendan el tema para evitar una situación que lamentar.

En consecuencia, se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de $7.473 millones.

Obra sin el mantenimiento adecuado 

La Contraloría General de la República determinó igualmente un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por un valor de $3.810 millones por deficiencias técnicas, falta de operación y mantenimiento en el acueducto por Gravedad en la Inspección de Veracruz, en el municipio de Cumaral.

Este proyecto fue formulado, aprobado y ejecutado en 2017.

En visita técnica realizada por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR, se constató que el servicio suministrado, una vez ejecutado el contrato No. 171 de 2017, no corresponde a las condiciones demandadas por el ordenamiento jurídico, toda vez que, dentro de las instalaciones de la PTAP construida, no se ha desarrollado el mantenimiento adecuado que es necesario para garantizar el suministro de agua potable a la población de la Inspección de Veracruz, en el municipio de Cumaral.

En términos generales, este sistema de filtración lenta en arena tenía como fin garantizar el acceso al agua potable a los residentes de la Inspección de Veracruz en condiciones de dignidad y en cumplimiento del alcance del objeto social en cabeza de la empresa prestadora de los servicios públicos, EDESA.

Falta de planeación en Terminal de Transporte de Puerto Gaitán 

En relación con la construcción del Terminal de Transporte del municipio de Puerto Gaitán, se pudo constatar que el proyecto no contempló las condiciones previstas en los requisitos mínimos para la creación y habilitación de un terminal de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.

A la fecha, este proyecto, que data del año 2019, no cuenta con el aval del Ministerio de Transporte para la ejecución del mismo y técnicamente se pudo establecer que, bajo las actuales condiciones pactadas contractualmente, no existe alcance para terminarlo a cabalidad, es decir, se evidencian dificultades para su funcionalidad, por cuanto no se construirían vías, andenes, parqueaderos, paisajismo, ventanería de aluminio del módulo principal y la totalidad de la red eléctrica de distribución interna.

Estas falencias conllevan a determinar incumplimiento al principio de planeación por parte de la Administración Municipal, por lo cual se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por la suma de $1.669 millones.

Fuente: Contraloría General de la República

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Histórica sentencia ordena compensar a familia desplazada cuyo predio ocupó el Ejército

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En un fallo sin precedentes, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio reconoció el derecho fundamental a la restitución de tierras de una pareja de esposos y sus hijos, víctimas de desplazamiento forzado en La Macarena (Meta), y ordenó su compensación, tras establecer que su predio fue ocupado ilegalmente por el Ejército Nacional.

La familia había adquirido en 1975 el terreno conocido como ‘Estadero Nápoles’, de 5.687 metros cuadrados, ubicado en la vereda Los Cristales, donde construyeron un hotel con discoteca y zona de recreación. Sin embargo, en 2002 fueron obligados a huir por amenazas de las Farc, y un año después, el inmueble fue incinerado y ocupado por tropas del Ejército, que instalaron allí una base militar de forma indefinida.

“Es un despojo imputable al Estado”

El juez Alejandro Barreto señaló que dicha ocupación constituye un acto de despojo imputable al Estado, al violar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, al no existir legalidad ni compensación por el uso de un bien civil. Pese a las solicitudes de la familia, la institución castrense nunca reconoció su responsabilidad ni ofreció reparación.

Debido a la imposibilidad material de restituir el predio —estratégicamente ubicado junto al aeropuerto de La Macarena—, la sentencia ordenó una compensación a través de un nuevo terreno, el cual será entregado en la ciudad que elija la familia. También se garantizará su inclusión en la oferta institucional del Estado, como parte de su reparación integral.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Meta, destacó que este fallo representa un hito en el reconocimiento del papel del Estado en algunos despojos, y reafirma el compromiso institucional con la defensa de los derechos de las víctimas, incluso en contextos complejos.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Reclaman más de 15 mil hectáreas en favor del Resguardo Indígena Wacoyo, en Puerto Gaitán

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda ante el Juzgado Primero Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, con el propósito de restablecer los derechos territoriales del Resguardo Indígena Wacoyo, ubicado en Puerto Gaitán (Meta).

A la fecha, el territorio colectivo está conformado por tres comunidades, integradas por 801 familias que pertenecen al pueblo ancestral Sikuani. Con esta acción judicial, se pretende la restitución de las 15.855 hectáreas más 9.453 metros cuadrados del resguardo. Así mismo se busca la reparación integral de estas personas, que han sufrido confinamiento, despojo y abandono.

Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: la culminación del proceso administrativo de ampliación, actualmente tramitado en la ANT, en concertación con la comunidad indígena; en caso de llegarse a presentar alguna situación de orden legal que impida hacerlo, que se adelante el trámite con predios que satisfagan sus necesidades y tengan viabilidad jurídica.

También se solicitó la formulación de planes integrales de reparación colectiva, para evitar vectores de contaminación ambiental; fomentar acciones tendientes a la reforestación y a reducir el riesgo de la ocurrencia de desastres naturales; la gestión de proyectos de desarrollo sostenible; así como la implementación de una política de etnoeducación, acceso a la salud con enfoque étnico y acceso a tecnología.

“Para el cumplimiento de la petición, la Unidad solicitó al ente judicial que ordene a las entidades competentes la adopción de dichas medidas, para garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales de las tres comunidades del Resguardo Indígena Wacoyo”, informó Barreto Lara.

Fuente: Comunicaciones URT

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Llevaban 22 kilos de marihuana camuflados en varas de guadua, en Puerto Gaitán

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marihuana en guaduas

La Policía Nacional en el departamento del Meta, en una operación adelantada en zona rural del municipio de Puerto Gaitán, capturó a tres hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló gracias a información suministrada por una fuente humana, clave para interceptar una camioneta a la altura del kilómetro 106, en la vereda La Campiña del mencionado municipio.

Durante el registro al automotor, los uniformados hallaron 43 paquetes compactados de marihuana tipo creepy ocultos al interior de varas de guadua encapsuladas. El peso total del alijo fue de 21.500 gramos, con un valor estimado de 24 millones de pesos en el mercado ilegal.

Las investigaciones adelantadas por la SIJIN revelan que el cargamento tenía como destino final el departamento del Meta, y que su procedencia era el departamento del Cauca, con tránsito por el Quindío, según la guía de movilización. La droga estaba destinada al microtráfico, y se calcula que podrían haberse producido hasta 43.000 dosis individuales, lo que triplicaría su valor económico.

Los capturados, de 36, 40 y 45 años de edad, junto con el vehículo y la sustancia incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Local de Puerto Gaitán por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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