META
Contraloría detectó 17 hallazgos fiscales en proyectos de regalías en el Meta
Un total de 17 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $16.323 millones detectó la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Meta y algunos municipios de este Departamento.
En total se configuraron 31 hallazgos administrativos, de los cuales el mismo número tienen presunta connotación disciplinaria.
Fueron evaluados proyectos como “Mejoramiento de la vía sectores de Santa Helena Los Mangos y Patio Bonito, en el municipio de Granada”; “Operación y mantenimiento de la PTAP Acueducto por gravedad, en la Inspección de Veracruz, municipio de Cumaral”; “Construcción del Terminal de Transporte del municipio de Puerto Gaitán”; y “Construcción de obras de protección y mitigación de impacto hidráulico en puentes en la vereda El Caribe, en el municipio de Puerto Lleras”.
Para la evaluación se seleccionaron 38 proyectos por valor de $297.648 millones, de los cuales $250.135 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.
Graves riesgos por mal estado de puentes
Inicialmente, en el marco del proyecto, formulado y ejecutado por la Agencia de Infraestructura de Meta para el mejoramiento de la vía sector veredas Santa Helena, Los Mangos y Patio Bonito, cuyo objetivo es comunicar los municipios de Granada, Fuentedeoro y San Juan de Arama, se detectó que las condiciones físicas de los cinco puentes de esta vía indican que no se está dando cumplimiento a la Norma Colombiana de Diseño de PUENTES CCP14- INVIAS.
Este proyecto fue aprobado y formulado en 2014 y contratado en 2016.
Para la Contraloría, la existencia de problemas en la planeación y formulación por parte de la administración departamental del proyecto son graves, puesto que la decisión de no intervención de estos puentes en el marco del mejoramiento de la vía pone en cuestionamiento el objetivo de comunicar los tres municipios.
Durante la visita técnica, se observó que las actividades ejecutadas por el contratista en el sector corresponden a lo pactado contractualmente, sin embargo, el proyecto hace uso de cinco estructuras existentes tipo “puente”, por lo que la calzada se reduce a un solo carril.
Pese a que el proyecto tuvo una adición de cerca de $3 mil millones, y conociendo el incumplimiento frente a la norma colombiana, ninguno de estos puentes existentes fue intervenido.
Es de resaltar que uno de los puentes sufrió un daño considerable por esfuerzo de tensión sobre sus dos vigas centrales, que dejó al descubierto los aceros de refuerzo y generó un “pandeo” en toda la estructura, dejándolo inutilizable para vehículos de carga y en condición de riesgo de colapso.
Esta situación es de conocimiento público y, por ende, la Agencia para la Infraestructura del Meta está informada sobre este particular, resalta el Informe de la Contraloría. Es así como, dentro de las actividades contractuales, se contempló la instalación de la señal con prohibición del paso por falla técnica del puente.
Sin embargo, el organismo de control considera que esto no da solución al propósito de comunicar los mencionados municipios, por lo cual se podría llegar a determinar que no se cumplió con el objetivo de desviar el tráfico vehicular para evitar su entrada al casco urbano del municipio de Granada.
La CGR llama la atención sobre el inminente riesgo para la seguridad de los usuarios de la vía, señalando la importancia de que las autoridades departamentales y municipales atiendan el tema para evitar una situación que lamentar.
En consecuencia, se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de $7.473 millones.
Obra sin el mantenimiento adecuado
La Contraloría General de la República determinó igualmente un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por un valor de $3.810 millones por deficiencias técnicas, falta de operación y mantenimiento en el acueducto por Gravedad en la Inspección de Veracruz, en el municipio de Cumaral.
Este proyecto fue formulado, aprobado y ejecutado en 2017.
En visita técnica realizada por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR, se constató que el servicio suministrado, una vez ejecutado el contrato No. 171 de 2017, no corresponde a las condiciones demandadas por el ordenamiento jurídico, toda vez que, dentro de las instalaciones de la PTAP construida, no se ha desarrollado el mantenimiento adecuado que es necesario para garantizar el suministro de agua potable a la población de la Inspección de Veracruz, en el municipio de Cumaral.
En términos generales, este sistema de filtración lenta en arena tenía como fin garantizar el acceso al agua potable a los residentes de la Inspección de Veracruz en condiciones de dignidad y en cumplimiento del alcance del objeto social en cabeza de la empresa prestadora de los servicios públicos, EDESA.
Falta de planeación en Terminal de Transporte de Puerto Gaitán
En relación con la construcción del Terminal de Transporte del municipio de Puerto Gaitán, se pudo constatar que el proyecto no contempló las condiciones previstas en los requisitos mínimos para la creación y habilitación de un terminal de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.
A la fecha, este proyecto, que data del año 2019, no cuenta con el aval del Ministerio de Transporte para la ejecución del mismo y técnicamente se pudo establecer que, bajo las actuales condiciones pactadas contractualmente, no existe alcance para terminarlo a cabalidad, es decir, se evidencian dificultades para su funcionalidad, por cuanto no se construirían vías, andenes, parqueaderos, paisajismo, ventanería de aluminio del módulo principal y la totalidad de la red eléctrica de distribución interna.
Estas falencias conllevan a determinar incumplimiento al principio de planeación por parte de la Administración Municipal, por lo cual se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por la suma de $1.669 millones.
Fuente: Contraloría General de la República
A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.
El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.
Fuente: El Diario del Llano
META
A partir de hoy se habilitará paso por la variante construida en el kilómetro 18 de la vía al Llano
Desde este lunes 15 de septiembre quedara habilitada de manera gradual y alternada en ambos sentidos, la variante del K18+000 de la vía al Llano, afectado por un gran derrumbe desde hace varios días.
El tramo, de 680 metros de longitud, fue rehabilitado con pavimento y señalización y permitirá el paso controlado de vehículos de hasta 52 toneladas. Para cargas extradimensionadas se autoriza un ancho máximo de 4 metros y una longitud de hasta 21 metros.
Con esta medida se da inicio a la fase 0 del PMT, que tiene como objetivo evacuar los vehículos represados en Abastos, El Uval y el Anillo Vial de Villavicencio, normalizando paulatinamente la movilidad en el sector.
Las autoridades recomiendan a los conductores seguir las indicaciones del personal en vía y conducir con precaución, ya que el paso será alternado y controlado para garantizar la seguridad de todos los usuarios.
Fuente: El Diario del Llano
Tras años de desarraigo a causa del conflicto armado, Maricela Vera y sus hijos iniciaron una nueva vida productiva en el predio ‘Lucitania’, de 8,4 hectáreas, ubicado en la vereda San Pedro del municipio de El Dorado, en el Meta.
Los integrantes de esta familia fueron víctimas de hechos violentos que los obligaron a abandonar su tierra. Sin embargo, en 2022, el Tribunal Superior de Bogotá profirió una sentencia en que los reconoció como beneficiarios de restitución. En ella ordenó la formalización del predio, así como la implementación de proyectos productivos que garanticen su estabilidad económica y el restablecimiento de sus derechos.
Cumpliendo el fallo
En cumplimiento del fallo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) les otorgó un subsidio equivalente a 40 salarios mínimos legales vigentes, con los cuales se puso en marcha un proyecto agroforestal. Allí se sembró una hectárea de aguacate y una de limón Tahití, acompañadas de plátano como sombrío transitorio y maderable de cacao y chontaduro. Así mismo, se busca el fortalecimiento de prácticas sostenibles a través del cultivo de lombriz roja californiana. Además, se adquirieron abonos, insumos, material vegetal y cercas.
Recientemente, la entidad realizó el último desembolso para el componente de seguridad alimentaria, que incluyó la entrega de 100 gallinas ponedoras y alimento balanceado, garantizando una fuente de ingresos y nutrición para la familia.
“Desde el Gobierno del Cambio, con dignidad cumplimos y acompañamos a esta familia no solo en el acceso a la tierra, sino en su estabilización económica. En este caso, el subsidio que les entregamos permitió implementar un proyecto agroforestal integral y sostenible, con el que fortalecemos su autosuficiencia”, explicó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta.
Con emoción, Maricela Vera, acudió al Banco Agrario para recibir por parte de profesionales de la Unidad el desembolso de los recursos. Allí destacó: “es una oportunidad para salir adelante”. Por su parte, su hijo Jhon Ibarra dijo: “para nosotros es comenzar de nuevo; volver al campo es un renacer. Estamos muy agradecidos, nosotros queremos trabajar la tierra y hacerla producir”.
De esta manera, la URT cumple con lo ordenado en la sentencia judicial y reafirma su compromiso con las víctimas en el Meta, impulsando proyectos productivos que devuelven no solo la tierra, sino la esperanza de una vida digna y sostenible.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
