META
Contraloría detectó 17 hallazgos fiscales en proyectos de regalías en el Meta
Un total de 17 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $16.323 millones detectó la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación del Meta y algunos municipios de este Departamento.
En total se configuraron 31 hallazgos administrativos, de los cuales el mismo número tienen presunta connotación disciplinaria.
Fueron evaluados proyectos como “Mejoramiento de la vía sectores de Santa Helena Los Mangos y Patio Bonito, en el municipio de Granada”; “Operación y mantenimiento de la PTAP Acueducto por gravedad, en la Inspección de Veracruz, municipio de Cumaral”; “Construcción del Terminal de Transporte del municipio de Puerto Gaitán”; y “Construcción de obras de protección y mitigación de impacto hidráulico en puentes en la vereda El Caribe, en el municipio de Puerto Lleras”.
Para la evaluación se seleccionaron 38 proyectos por valor de $297.648 millones, de los cuales $250.135 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.
Graves riesgos por mal estado de puentes
Inicialmente, en el marco del proyecto, formulado y ejecutado por la Agencia de Infraestructura de Meta para el mejoramiento de la vía sector veredas Santa Helena, Los Mangos y Patio Bonito, cuyo objetivo es comunicar los municipios de Granada, Fuentedeoro y San Juan de Arama, se detectó que las condiciones físicas de los cinco puentes de esta vía indican que no se está dando cumplimiento a la Norma Colombiana de Diseño de PUENTES CCP14- INVIAS.
Este proyecto fue aprobado y formulado en 2014 y contratado en 2016.
Para la Contraloría, la existencia de problemas en la planeación y formulación por parte de la administración departamental del proyecto son graves, puesto que la decisión de no intervención de estos puentes en el marco del mejoramiento de la vía pone en cuestionamiento el objetivo de comunicar los tres municipios.
Durante la visita técnica, se observó que las actividades ejecutadas por el contratista en el sector corresponden a lo pactado contractualmente, sin embargo, el proyecto hace uso de cinco estructuras existentes tipo “puente”, por lo que la calzada se reduce a un solo carril.
Pese a que el proyecto tuvo una adición de cerca de $3 mil millones, y conociendo el incumplimiento frente a la norma colombiana, ninguno de estos puentes existentes fue intervenido.
Es de resaltar que uno de los puentes sufrió un daño considerable por esfuerzo de tensión sobre sus dos vigas centrales, que dejó al descubierto los aceros de refuerzo y generó un “pandeo” en toda la estructura, dejándolo inutilizable para vehículos de carga y en condición de riesgo de colapso.
Esta situación es de conocimiento público y, por ende, la Agencia para la Infraestructura del Meta está informada sobre este particular, resalta el Informe de la Contraloría. Es así como, dentro de las actividades contractuales, se contempló la instalación de la señal con prohibición del paso por falla técnica del puente.
Sin embargo, el organismo de control considera que esto no da solución al propósito de comunicar los mencionados municipios, por lo cual se podría llegar a determinar que no se cumplió con el objetivo de desviar el tráfico vehicular para evitar su entrada al casco urbano del municipio de Granada.
La CGR llama la atención sobre el inminente riesgo para la seguridad de los usuarios de la vía, señalando la importancia de que las autoridades departamentales y municipales atiendan el tema para evitar una situación que lamentar.
En consecuencia, se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de $7.473 millones.
Obra sin el mantenimiento adecuado
La Contraloría General de la República determinó igualmente un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por un valor de $3.810 millones por deficiencias técnicas, falta de operación y mantenimiento en el acueducto por Gravedad en la Inspección de Veracruz, en el municipio de Cumaral.
Este proyecto fue formulado, aprobado y ejecutado en 2017.
En visita técnica realizada por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR, se constató que el servicio suministrado, una vez ejecutado el contrato No. 171 de 2017, no corresponde a las condiciones demandadas por el ordenamiento jurídico, toda vez que, dentro de las instalaciones de la PTAP construida, no se ha desarrollado el mantenimiento adecuado que es necesario para garantizar el suministro de agua potable a la población de la Inspección de Veracruz, en el municipio de Cumaral.
En términos generales, este sistema de filtración lenta en arena tenía como fin garantizar el acceso al agua potable a los residentes de la Inspección de Veracruz en condiciones de dignidad y en cumplimiento del alcance del objeto social en cabeza de la empresa prestadora de los servicios públicos, EDESA.
Falta de planeación en Terminal de Transporte de Puerto Gaitán
En relación con la construcción del Terminal de Transporte del municipio de Puerto Gaitán, se pudo constatar que el proyecto no contempló las condiciones previstas en los requisitos mínimos para la creación y habilitación de un terminal de transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera.
A la fecha, este proyecto, que data del año 2019, no cuenta con el aval del Ministerio de Transporte para la ejecución del mismo y técnicamente se pudo establecer que, bajo las actuales condiciones pactadas contractualmente, no existe alcance para terminarlo a cabalidad, es decir, se evidencian dificultades para su funcionalidad, por cuanto no se construirían vías, andenes, parqueaderos, paisajismo, ventanería de aluminio del módulo principal y la totalidad de la red eléctrica de distribución interna.
Estas falencias conllevan a determinar incumplimiento al principio de planeación por parte de la Administración Municipal, por lo cual se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por la suma de $1.669 millones.
Fuente: Contraloría General de la República
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
