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Contralor de Casanare señala que no existe acoso laboral contra sus funcionarios

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El Contralor de Casanare, Antonio José Ortega, respondió a los señalamientos que por presunto acoso laboral y otros delitos le han venido formulando dos funcionarios de la entidad, quienes argumentan que se sienten perseguidos por el jefe del organismo de control.
Según Ortega Santos, todas sus actuaciones se enmarcan en el respeto hacia sus subalternos, por lo tanto había evitado pronunciarse respecto de las acusaciones de los dos funcionarios, pero ante la gravedad de las mismas decidió romper su silencio y desmentir lo que consideró “falsas acusaciones” de parte de estas dos personas.

“Ese acoso laboral no existe, son situaciones que seguramente tienen otro trasfondo que en determinado momento se irán a conocer”, manifestó el Contralor, agregando que se están adelantando internamente las investigaciones por parte del Comité de Convivencia, y hasta tanto no concluyan estas investigaciones los integrantes del mencionado Comité no se pronunciarán al respecto.

Ortega Santos desmintió que esté orquestando o haya orquestado algún complot en contra de su antecesora Carmenza Motta, como lo habrían dejado entrever los funcionarios que lo están denunciando, y que solo se ha ocupado de trabajar en los postulados misionales de la entidad para sacar la Contraloría adelante.

Respeto por los funcionarios

Explicó que las condiciones laborales para estos dos funcionarios en ningún momento han sido desmejoradas, y por el contrario su Administración formalizó y legalizó el nombramiento de la funcionaria que hoy lo denuncia, porque estuvo nombrada de manera irregular durante más de tres años, como lo advirtió la Auditoría General de la República, que evidenció un hallazgo con alcance disciplinario por tal situación.

“Algunos de ellos han tenido inconvenientes respecto al cumplimiento de sus funciones, la verdad yo no soy una persona permisiva ni con los sujetos de control ni con los funcionarios de la Contraloría, si existiese algún acto de corrupción al interior de la entidad con algún funcionario desde luego que le caerá el peso de la Ley con la entidad que le corresponda hacerlo”, indicó el Contralor de Casanare, Antonio José Ortega.

Respecto de las acusaciones de uno de los funcionarios, en el sentido que por directiva del Contralor se desvió una investigación que se venía adelantando en un municipio, Ortega Santos respondió que en ningún momento existió tal directriz, y si por el contrario se encontró que el funcionario tenía otras motivaciones para hacer tales afirmaciones, las cuales serán reveladas cuando termine la investigación interna.

Finalmente, el Contralor de Casanare ratificó que todas sus actuaciones están enmarcadas en el respeto a sus subalternos, y que esperará el resultado de las investigaciones que adelanten los organismos respectivos, donde saldrá a la luz pública “la verdad verdadera” de estos casos.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Procuraduría formula cargos a exalcalde de Hato Corozal, por presunto incumplimiento del PAE

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dario Garcia Alcalde

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Darío Yesid García Barray, por presunto incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación escolar, en 2022.

Según la Procuraduría, al parecer, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del citado municipio, no se habría iniciado oportunamente y, en consecuencia, solo se prestó el servicio durante seis jornadas escolares del mes de octubre y 17 en noviembre, de ese año.

A juicio del ente disciplinario, el PAE, para las instituciones educativas urbanas de Hato Corozal, debió darse desde el primer día de inicio de clases, según las normas generales establecidas y, al parecer, solo se habría cumplido en la parte final del año.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la aparente conducta como falta grave a título de culpa gravísima.

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Desde Casanare y Bogotá evadieron impuestos por $155.000 millones con empresas de papel

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de crear y administrar una red de 185 sociedades de papel con las que empresas del sector real se apropiaron ilegalmente del impuesto a las ventas y redujeron la base gravable del impuesto de renta, causando un perjuicio al Estado que podría superar los $155.000 millones de pesos.

Según la investigación, los procesados figuraban como socios o representantes legales de compañías de fachada que no contaban con capacidad económica, logística ni operativa. Entre 2012 y 2022 habrían simulado operaciones comerciales millonarias para respaldar maniobras fraudulentas, utilizando diversos objetos sociales sin actividad real.

De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Ninguno de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendrían nada que vender.

Con apoyo del CTI, la Fiscalía estableció que a través de estas sociedades se reportaron operaciones inexistentes por más de $843.164 millones de pesos. Entre los judicializados están Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes habrían asumido roles de coordinación financiera, intermediación y representación legal.

Los implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare, y les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad —cinco domiciliarias y una en centro carcelario— y ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.

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Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa

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La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.

Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.

Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.

La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.

Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.

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