CASANARE
Continúa búsqueda de personas dadas por desaparecidas en Casanare durante el conflicto, son más de 2.000
Más de 2.000 personas continúan desaparecidas en el departamento de Casanare. Para fortalecer su búsqueda, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Fundación Yovany Quevedo, y diversas entidades, adelantaron un espacio de diálogo y escucha, para definir estrategias que permitan unificar esfuerzos y mejorar la coordinación entre las instituciones y las organizaciones de víctimas.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), a través de la coordinación regional en el departamento, realizó una mesa de trabajo conjunta donde, además, presentó avances de casos en proceso de búsqueda y, también, recogió sugerencias e inquietudes de las familias buscadoras que forman parte de la Fundación Yovany Quevedo. El objetivo consistió en articular acciones que permitan, no solo avanzar, sino impulsar de manera coordinada la búsqueda masiva y establecer conexiones entre los más de 2.000 casos de personas dadas por desaparecidas que se registran en Casanare.
A la mesa de trabajo se sumaron la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el GRUBE de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Con estas entidades, se definió una ruta conjunta de seguimiento para los casos acompañados por la Fundación, que agrupa a las familias buscadoras de personas que han desaparecido en razón y contexto del marco del conflicto armado.
Durante la jornada, Adriana Pestana, coordinadora de la UBPD en la región Oriente, destacó el trabajo en curso: “Hoy podemos mostrar avances y acciones que hemos venido realizando desde nuestro Plan Regional de búsqueda. Estamos haciendo una revisión de algunos de los casos de la Fundación, para poder articularnos alrededor de ellos desde las distintas instituciones”.
Por su parte Johana Rosas, representante legal de la Fundación Yovany Quevedo y quien busca a su hermano desaparecido desde el año 2003, insistió en la necesidad de una mayor coordinación entre las entidades: “La organización en su registro cuenta con más de 2.553 familias que están buscando a un ser querido desaparecido, motivo por el cual es muy importante que las entidades se articulen para dar respuestas”. Así mismo, resaltó la importancia de este tipo de espacio para lograr esos objetivos. “Estos encuentros son fundamentales para que se tenga claridad frente a los procesos de búsqueda y a la información que cada institución posee”.
Al cierre, se realizó un acto simbólico de compromiso entre las partes, también, la proyección de una segunda mesa técnica para el seguimiento a los acuerdos.
De esta manera, la Unidad de Búsqueda en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Suroccidente de Casanare, apoya el proceso que durante varios años han llevado estas familias, impulsando la coordinación entre las instituciones competentes para avanzar en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado en el departamento de Casanare.
La Unidad de Búsqueda cuenta con 28 sedes territoriales en el país, en las cuales recibe solicitudes de búsqueda y aportes de información que permitan encontrar personas que se encuentran desaparecidas y cuyas familias continúan buscando. La sede en Casanare está ubicada en la carrera 27 # 19-09 (barrio Los Helechos). También atiende en la línea 3162809395.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
