REGIÓN
Consejo de Estado ratifica elección del Gobernador de Boyacá
“Me preparé para servirles a los boyacenses y siempre actuaré apegado a la ley. Vamos a seguir trabajando con todo el compromiso y dedicación por Boyacá”. Con estas palabras el gobernador del Departamento, Ramiro Barragán, se pronunció sobre la decisión profirió el Consejo de Estado.
El Alto Tribunal negó las pretensiones de una demanda interpuesta por una ciudadana en el año 2020, con la que buscaba que se declarara la nulidad del acto de elección del gobernador del departamento para el periodo 2020-2023.
Frente a la decisión, el mandatario de los boyacenses aseguró que siempre confió en la justicia colombiana y ha sido respetuoso de sus decisiones, que hoy lo ratifican como Gobernador de Boyacá.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de única instancia, unificó la jurisprudencia y determinó que no existía causal de inhabilidad para anular la elección.
Más detalles
“La referida instancia judicial reconoció que, en pronunciamientos dictados por las secciones Primera y Quinta y la Sala Plena Contenciosa Administrativa, se presentaba una divergencia interpretativa respecto de los destinatarios de la incompatibilidad que se convertía en una inhabilidad, específicamente, en la determinación de la condición de reemplazante del gobernador y, por ello, la Sala Plena unificó la jurisprudencia”, señala la sentencia.
En el documento también se consideró que la expresión ‘reemplazo’ implica necesariamente un cambio en la titularidad del cargo, lo que no sucedió en este caso.
“Se destaca de las razones expuestas en la decisión judicial, que la interpretación efectuada en tal sentido, permite conservar la finalidad y el efecto útil del régimen constitucional y legal de inhabilidades aplicable a quienes pretenden aspirar a dicha dignidad”, destaca el fallo.
El Alto Tribunal señaló, además, que el encargo del cual había sido objeto el gobernador Ramiro Barragán, cuando se desempeñaba como secretario general del departamento de Boyacá, no fue de aquellos efectuados por el presidente de la República.
“Por el contrario, se comprobó que fue una decisión adoptada por el Gobernador de la época -período constitucional 2016-2019, Carlos Andrés Amaya, con fundamento en la posibilidad que para el efecto consagra el artículo 93 del Decreto Ley 1222 de 1986, que habilita a dejar encargado del despacho para asuntos urgentes a uno de los secretarios, cuando el primer mandatario departamental debe ausentarse de la residencia habitual para ejercer sus funciones por fuera de ella”, explica el documento.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
