ARAUCA
Confirman dos capturas por masacre de El Caracol en Arauca
En 11 días, la Fiscalía General de la Nación y su Cuerpo Técnico de investigación esclareció el crimen de cinco personas, ocurrido el pasado 21 de agosto en el corregimiento El Caracol, en zona rural de Arauca.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, explicó que las acciones investigativas dispuesta desde el primer momento en el que se conocieron los hechos, permitieron recopilar material probatorio que responsabilizaría del asesinato a disidencias de las Farc – estructura 10.
En ese sentido, fueron capturadas dos personas que fueron notificadas en los sitios de reclusión donde permanecen privadas de la libertad por otros delitos.
Los elementos dan cuenta que Dilia Elizabeth Achagua Maldonado, alias Alejandra, desde la estación de Policía de Arauca, donde permanece detenida, planeó con Exequiel Loaiza Guzmán, alias Urias, la comisión del homicidio.
A una de las víctimas de la masacre se le atribuía haber entregado información a las autoridades para que alias Alejandra fuera capturada.
Esta masacre ocurrió el 21 de agosto, en zona rural de Arauca, y allí murieron Jhersson Gabriel Zapara Artahona, Carlos Eduardo Sandon Galindez, José Gregorio Figueira Blanco, Ángel Abel Briceño Araque, y Eduar Rafael Campos Zapata.
A los capturados, Dilia Elizabeth Achagua Maldonado, alias Alejandra y Exequiel Loaiza Guzmán, alias Urias, la Fiscalía les imputará los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
De acuerdo a las pruebas recaudadas, los dos capturados mantenían comunicación constante con los cabecillas de las disidencias Farc en la zona, para la planeación y ejecución de crímenes en Arauca.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
El alcalde de Arauca, Juan Qüenza, expresó a través de sus redes sociales, su profunda preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en las vías del departamento, tras un nuevo ataque armado contra buses de transporte intermunicipal. A través de sus redes sociales, el mandatario denunció que estos hechos ponen en grave riesgo a conductores, pasajeros y a la movilidad de cientos de ciudadanos.
Según lo informado, en la noche del martes un bus de la empresa Libertadores fue atacado a disparos mientras cubría una ruta en el Piedemonte araucano, dejando como saldo dos personas heridas. Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que han venido afectando el transporte público en corredores como Fortul, Saravena y Tame.
Ante este panorama, las empresas transportadoras estarían evaluando la suspensión de las rutas nocturnas debido a las constantes amenazas y ataques, una decisión que impactaría directamente a las comunidades más vulnerables, incluyendo estudiantes, trabajadores y pacientes con remisiones médicas que dependen de estos servicios.
El alcalde Qüenza hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y a la Asamblea de Arauca para que se convoque un debate sobre la creciente inseguridad, los homicidios y los casos de secuestro en la región, insistiendo en la necesidad de acciones inmediatas que garanticen la seguridad en las vías y la protección de la ciudadanía.
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
