REGIÓN
Condenan a mujer que estafó con subsidios de vivienda en Boyacá
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional de Fiscalías de Boyacá el juez primero penal del circuito de Tunja (Boyacá) condenó a 12 años y 6 meses de prisión a Daira Viasús Tibamozo, autora material de los delitos de estafa bajo la modalidad delito masa.
Las labores investigativas permitieron establecer que esta mujer, mediante el uso de un lenguaje engañoso y con falsas propuestas, ofreció subsidios de vivienda para la adquisición de apartamentos avaluados entre 80 y 100 millones de pesos. Para cumplir lo prometido, la mujer aseguraba contar con la ayuda de funcionarios de la Alcaldía de Tunja o de la Gobernación de Boyacá.
“Les advertía a sus víctimas que conocía gente importante que le estaba ayudando con la entrega de estos subsidios, y para realizar los trámites y separación del cupo pedía entre 500.000 y 8.000.000 de pesos”, advirtió el delegado fiscal al pedir la condena.
De la misma manera, se conoció como la implicada se comprometía con sus víctimas a prestarles colaboración para acceder a un plan de vivienda donde les era entregado un apartamento con finos acabados en diferentes urbanizaciones. Para esto debían entregarle una suma de dinero inicial con la cual adelantar los trámites, según algunos denunciantes.
Sin embargo, tras el incumplimiento con las entregas de los inmuebles y la cantidad de personas estafadas, fueron hechas diferentes publicaciones en redes sociales en las que se advertía sobre las maniobras delictivas que venía realizando la hoy sentenciada.
Luego de que las víctimas le hacían la entrega de dichos aportes, la procesada les firmaba una letra de cambio como garantía, pero nunca les cumplía, y por el contrario evadía sus llamadas. El montó de la estafa en masa está calculado en más de 200 millones de pesos, según precisa la investigación.
En virtud de la sentencia condenatoria el juzgado ordenó la reclusión de la mujer en la cárcel de Mujeres de Sogamoso, (Boyacá)
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
