META
Condenan a ex secretaria del Concejo de Fuentedeoro por hurtar dinero del presupuesto
Una pena de 47 meses de prisión deberá cumplir Diana Marcela Buitrago Barreto luego de ser encontrada responsable por los delitos de peculado por apropiación en concurso con falsedad en documento privado.
Dichos ilícitos fueron cometidos en 2017 cuando la mujer se desempeñaba como secretaria del Concejo Municipal de Fuentedeoro (Meta).
Labores de policía judicial evidenciaron que la mujer se apropió de 17’090.309 pesos del presupuesto municipal. Según se logró determinarla Buitrago era responsable de custodiar los recursos relacionados con las trasferencias municipales para el funcionamiento del municipio.
Dicha condición fue aprovechada por la implicada para apropiarse, mediante el giro de 17 queques, de la referida suma la misma que fue girada desde la cuenta oficial del cabildo. Según se logró determinar, para realizar dichas transacciones la entonces secretaria falsificó la firma del presidente del concejo, lo mismo que el contenido de los extractos bancarios.
Esta sentencia fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito de Granada (Meta) tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía de la Unidad contra delitos de la Administración Pública.
El juzgado concedió a Buitrago Barreto la prisión domiciliaria por ser cabeza de familia. Además la procesada reintegró el valor total del dinero apropiado.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
