CASANARE
Comunidad de La Chaparrera en Yopal anuncia paro cívico por problemática del alcantarillado
Un desesperante llamado a la Alcaldía de Yopal formularon habitantes del Corregimiento de La Chaparrera, para que les solucionen la problemática de contaminación que se presenta por rebosamiento del sistema de alcantarillado.
Édgar Tamayo, edil del Corregimiento, señaló que la situación se presenta porque desde hace más de 15 años se construyó el sistema de alcantarillado en tubería de gres que ahora resulta obsoleta e insuficiente para evacuar las aguas negras que producen los cerca de 5 mil habitantes que tiene este centro poblado.
“Literalmente estamos nadando entre los excrementos. Cuando se inunda se pasa hasta por los baños, por los inodoros y llega al río contaminando sus aguas, de las cuales se abastecen las veredas Corea, El Pretexto, Sirivana. La gente ya no aguanta más y está tomando la decisión de hacer un paro ya que la Alcaldesa no nos ha querido recibir en varias ocasiones”, se quejó el representante de la comunidad.
Agregó que desde hace tres meses están buscando una reunión con la Alcaldesa (e) para que se plantee una solución a esta problemática, pero ha resultado imposible, y en múltiples ocasiones han solicitado una respuesta a la Administración Municipal pero no sin obtener respuesta.
Recursos embolatados
Según explicó el edil Édgar Tamayo, se habían destinado 1.600 millones de pesos para iniciar la construcción del sistema de alcantarillado y reparar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR- que presenta problemas para descontaminar las aguas negras que se vierten al río, pero por falta de una Licencia Ambiental estos recursos quedaron a la deriva y ahora no se sabe qué destino tendrán.
Agregó que existe una demanda judicial a punto de fallo por el mal funcionamiento de la PTAR, pero ni aun así se han iniciado acciones por parte de la Administración Municipal para solucionar este gran problema ambiental.
Por último, el edil señaló que la comunidad de La Chaparrera está a la espera de que esta semana se concrete una reunión con la Alcaldesa (e) Luz Marina Cardozo para buscar una solución pronta a esta situación, de lo contrario echarían mano de una vía de hecho y entrarían en un paro cívico para presionar soluciones.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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