META
Comenzarán a ser vacunadas personas entre 60 y 64 años en el Meta
El ministerio de Salud y Protección Social anunció que desde hoy se iniciará la inmunización de adultos de 60 a 64 años en todo el territorio nacional, que representa a 2 millones 564 mil personas. Con este grupo se cerrará la etapa II del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, y se estaría abriendo la etapa III hacia la tercera semana del mes de mayo.
Jonathan Neira, gerente de Prestación de Servicios de la secretaria de Salud del Meta, anunció que las personas del quinquenio de 60 a 64 años se pueden ir alistando para el llamado de las IPS para su inmunización, pero aclaró que al departamento aún no le han sido asignadas esas vacunas.
Informó que en las últimas horas llegó otro envío de, aproximadamente, 17 mil dosis de marca SINOVAC, dirigida al talento humano y adultos mayores de los municipios, para completar y cerrar la segunda dosis pendiente del biológico. La mayoría de los municipios ya recogieron los biológicos en la red de frío de la secretaria de Salud del Meta.
Precisó el representante de la Salud, que las IPS vacunadoras presentes en todo el Departamento han sido fundamentales para garantizar este avance, realizando un trabajo importante para vacunar a todo el personal de la salud independiente, quienes, los días, jueves y viernes, asistieron de manera masiva y sin agendamiento previo para su inmunización.
Durante estos dos días fueron aplicadas 1.800 biológicos al personal de salud independientes. Para el próximo lunes se retomará esta estrategia que ha dado buen resultado.
Anunció Neira que durante el fin de semana se continuará vacunando al personal con las segundas dosis, en todo el departamento. Las personas se podrán desplazar de manera normal, siempre y cuando hayan sido citados y agendados previamente por su IPS, aclarando que no se puede ir de manera masiva, ni por iniciativa propia.
Los municipios que cumplen parcialmente con la vacunación Covid-19 son: Uribe, Puerto Concordia, Mapiripán y Puerto Gaitán, ya que la comunidad indígena de estas localidades no han aceptado la administración del biológico, los demás cumplen con esta estrategia del Gobierno nacional.
Finalmente, resaltó el trabajo articulado que se adelanta diariamente entre la Secretaría y los equipos de vacunación de las diferentes IPS, quienes se han puesto esta meta como una prioridad.
Fuente: Gobernación del Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
