CASANARE
Cinco Concejales de Orocué dicen que proyecto inicial de Plan de Desarrollo tenía muchos “micos”
Un grupo de cinco Concejales de Orocué dice que alcalde “Tocayera” pretendía que aprobaran en el mismo Acuerdo del Plan de Desarrollo, autorizaciones para endeudar el municipio y crear nuevos impuestos.
Molestos e indignados se mostraron los cinco Concejales, a quienes se les tildó de “estar en contra del desarrollo del municipio” y se les atacó despiadadamente por redes sociales, solo por el hecho de no haber aprobado algunos “micos” inmensos en el Plan de Desarrollo, presentado en su momento por el alcalde Anderson Bernal.
La situación involucró a los Concejales Aurora Ibáñez, Soledad Arias, Plácido Monroy, Rolfer Samaniego y Wenceslao Barrera, quienes no quisieron aprobar el “cheque en blanco” que pretendía el Alcalde para estos cuatro años, incluyendo en el proyecto del Plan de Desarrollo autorizaciones para contratar endeudamientos, utilizar vigencias futuras, reestructurar la planta de personal de la Alcaldía, y otras actuaciones administrativas que fueron rechazadas por los Corporados.
Autorizaciones y facultades
Según el proyecto presentado inicialmente por el Alcalde, se rompía el principio de unidad de materia. Proyectos como autorizaciones para endeudamientos y vigencias futuras deben ser analizados por aparte en cada uno de los casos por el Concejo Municipal, cuando se requieran, siempre y cuando se anexen en cada caso los soportes económicos, técnicos y financieros.
“Eso estaba muy bonito hasta que llegamos al artículo sexto del Plan de Desarrollo que se presentó el 30 de abril, donde el Alcalde en una serie de artículos solicitaba que se le dieran facultades para todo. O sea, el Concejo no iba a ser necesario de ahí en adelante ni iba a tener por qué hacer control político, porque le iba a dar facultades al Alcalde para todo”, explicó el concejal Wenceslao Barrera.
Nuevo endeudamiento
Agregó el cabildante, que en el caso de la autorización para endeudar el municipio se debe tener en cuenta que actualmente Orocué está pagando una deuda anterior, por lo que en caso de ser necesario un nuevo crédito debe presentarse por separado el proyecto al Concejo, para analizar en su momento si las circunstancias financieras permiten adquirir nuevos compromisos.
“No sabemos si a futuro el municipio va a bajar sus ingresos y le alcance la plata para pagar. Lo que si le dimos facultades fue para refinanciar la deuda que hay, no entendemos para qué quiere más endeudamientos”, anotó el concejal.
Tiene facultades
Entendiendo que los proyectos contemplados el Plan de Desarrollo deben financiarse por parte de la Administración Municipal, el Concejo le aprobó la suscripción de Contratos Plan y la suscripción de Alianzas Público Privadas de cualquier tipo, con lo cual el Alcalde tiene libertad de acción para gestionar recursos del orden departamental y nacional.
“Él en este momento no tiene ningún impedimento para gestionar cualquier tipo de proyecto a nivel nacional. Además el Concejo anterior le dejó facultades para contratar hasta el 31 de diciembre. Eso sí, los proyectos deben estar radicados en el Banco de Proyectos del municipio. Tiene que tener un conducto regular la creación de cada proyecto”, explicó el Corporado.
Más impuestos
Pero el cúmulo de autorizaciones que pretendía el Alcalde a través del Plan de Desarrollo no para ahí, según el cabildante, se pretendía que autorizaran la creación de nuevas cargas tributarias (impuestos) para los orocueceños como la valorización y la plusvalía, cuando el municipio no hace el esfuerzo fiscal para recaudar con efectividad los ya existentes, como el impuesto predial, por ejemplo.
“Nos echó encima a los comerciantes y de sobremesa, para terminar, salieron unas víctimas porque el Secretario de Gobierno los asustó diciéndoles que no se iba a crear una política para atender a las víctimas”, se quejó el Concejal Wenceslao Barrera.
El mal ambiente generado por todos estos comentarios en contra de los Concejales hizo que se presentaran ofensas, intimidaciones y hasta amenazas a través de redes sociales, lo que lógicamente desencadenó las respectivas demandas por parte de los Corporados ante las autoridades competentes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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