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Cinco Concejales de Orocué dicen que proyecto inicial de Plan de Desarrollo tenía muchos “micos”

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Un grupo de cinco Concejales de Orocué dice que alcalde “Tocayera” pretendía que aprobaran en el mismo Acuerdo del Plan de Desarrollo, autorizaciones para endeudar el municipio y crear nuevos impuestos. 

Molestos e indignados se mostraron los cinco Concejales, a quienes se les tildó de “estar en contra del desarrollo del municipio” y se les atacó despiadadamente por redes sociales, solo por el hecho de no haber aprobado algunos “micos” inmensos en el Plan de Desarrollo, presentado en su momento por el alcalde Anderson Bernal.

La situación involucró a los Concejales Aurora Ibáñez, Soledad Arias, Plácido Monroy, Rolfer Samaniego y Wenceslao Barrera, quienes no quisieron aprobar el “cheque en blanco” que pretendía el Alcalde para estos cuatro años, incluyendo en el proyecto del Plan de Desarrollo autorizaciones para contratar endeudamientos, utilizar vigencias futuras, reestructurar la planta de personal de la Alcaldía, y otras actuaciones administrativas que fueron rechazadas por los Corporados.

Autorizaciones y facultades

Según el proyecto presentado inicialmente por el Alcalde, se rompía el principio de unidad de materia. Proyectos como autorizaciones para endeudamientos y vigencias futuras deben ser analizados por aparte en cada uno de los casos por el Concejo Municipal, cuando se requieran, siempre y cuando se anexen en cada caso los soportes económicos, técnicos y financieros.

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“Eso estaba muy bonito hasta que llegamos al artículo sexto del Plan de Desarrollo que se presentó el 30 de abril, donde el Alcalde en una serie de artículos solicitaba que se le dieran facultades para todo. O sea, el Concejo no iba a ser necesario de ahí en adelante ni iba a tener por qué hacer control político, porque le iba a dar facultades al Alcalde para todo”, explicó el concejal Wenceslao Barrera.

Nuevo endeudamiento

Agregó el cabildante, que en el caso de la autorización para endeudar el municipio se debe tener en cuenta que actualmente Orocué está pagando una deuda anterior, por lo que en caso de ser necesario un nuevo crédito debe presentarse por separado el proyecto al Concejo, para analizar en su momento si las circunstancias financieras permiten adquirir nuevos compromisos.
“No sabemos si a futuro el municipio va a bajar sus ingresos y le alcance la plata para pagar. Lo que si le dimos facultades fue para refinanciar la deuda que hay, no entendemos para qué quiere más endeudamientos”, anotó el concejal.

Tiene facultades

Entendiendo que los proyectos contemplados el Plan de Desarrollo deben financiarse por parte de la Administración Municipal, el Concejo le aprobó la suscripción de Contratos Plan y la suscripción de Alianzas Público Privadas de cualquier tipo, con lo cual el Alcalde tiene libertad de acción para gestionar recursos del orden departamental y nacional.

“Él en este momento no tiene ningún impedimento para gestionar cualquier tipo de proyecto a nivel nacional. Además el Concejo anterior le dejó facultades para contratar hasta el 31 de diciembre. Eso sí, los proyectos deben estar radicados en el Banco de Proyectos del municipio. Tiene que tener un conducto regular la creación de cada proyecto”, explicó el Corporado.

Más impuestos

Pero el cúmulo de autorizaciones que pretendía el Alcalde a través del Plan de Desarrollo no para ahí, según el cabildante, se pretendía que autorizaran la creación de nuevas cargas tributarias (impuestos) para los orocueceños como la valorización y la plusvalía, cuando el municipio no hace el esfuerzo fiscal para recaudar con efectividad los ya existentes, como el impuesto predial, por ejemplo.

“Nos echó encima a los comerciantes y de sobremesa, para terminar, salieron unas víctimas porque el Secretario de Gobierno los asustó diciéndoles que no se iba a crear una política para atender a las víctimas”, se quejó el Concejal Wenceslao Barrera.

El mal ambiente generado por todos estos comentarios en contra de los Concejales hizo que se presentaran ofensas, intimidaciones y hasta amenazas a través de redes sociales, lo que lógicamente desencadenó las respectivas demandas por parte de los Corporados ante las autoridades competentes.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Alerta en Yopal: estafadores usan falsos pagos digitales para engañar a comerciantes

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En Yopal, un comerciante denunció haber sido víctima de una sofisticada modalidad de estafa digital que estaría afectando a varios establecimientos comerciales. Se trata de un grupo de aproximadamente 15 jóvenes, entre ellos varios estudiantes universitarios, quienes utilizan aplicaciones clonadas conocidas como “Nequi Glitch” o “Nequi Daisy” para simular pagos que nunca se hacen efectivos, generando pérdidas económicas a negocios locales.

El caso fue revelado por Mateo Tarquino, propietario del club deportivo “Taco de Oro”, quien aseguró que en tan solo una semana su establecimiento fue defraudado por una suma cercana a los $2 millones de pesos. La irregularidad fue detectada tras un arqueo de caja y revisión de inventarios que no coincidían con los ingresos registrados, lo que llevó a identificar múltiples comprobantes falsificados.

¿Cómo estafan a los comerciantes?

Según la denuncia, el modus operandi consiste en mostrar en tiempo real un supuesto pago desde una aplicación fraudulenta que replica con precisión los comprobantes originales, incluyendo datos como número de teléfono y nombre del destinatario. Esto engaña al personal del establecimiento, que valida visualmente la transacción sin verificar el ingreso real del dinero.

El comerciante advirtió que los presuntos responsables ya han sido identificados mediante cámaras de seguridad y no descartó acciones legales ante la Fiscalía. Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes a verificar directamente en la aplicación oficial los pagos recibidos o utilizar herramientas de validación como el escaneo de códigos QR, con el fin de evitar este tipo de fraudes.

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Anulan actos de la moción de censura de Cateryne Porras en el Concejo de Aguazul, por violar el debido proceso

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El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.

El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.

Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.

El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:

• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.

Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.

Una defensa que terminó respaldada por la justicia

El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.

Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.

Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.

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Aumento del salario mínimo y costos operativos ponen en aprietos a Bomberos de Yopal en 2026

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Bomberos Yopal sede

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal enfrenta un panorama financiero complejo para 2026, marcado principalmente por el incremento del salario mínimo y nuevas exigencias laborales. Así lo dio a conocer el comandante, teniente Rafael Rojas, quien advirtió que estos factores representan hoy la mayor preocupación económica para la institución.

De acuerdo con Rojas, más de la mitad del personal —alrededor de 30 de los 60 bomberos— devenga el salario mínimo, lo que obliga a asumir un incremento cercano al 23% en sus ingresos. Esta situación impacta directamente las finanzas del organismo, que ha tenido que ajustar su presupuesto y buscar alternativas para sostener la operación.

A esto se suma la reducción de la jornada laboral semanal, que este año quedará en 42 horas, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Esta medida obligó a la institución a vincular más personal durante el último año para garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, incrementando aún más los costos de funcionamiento.

El comandante también explicó que en 2026 aumentaron los recargos nocturnos —que ahora inician desde las 7:00 de la noche—, así como los pagos por trabajo dominical y festivo, que alcanzan el 90%. Además, deben asumir un régimen especial de pensiones con un 10% adicional, junto con otros gastos obligatorios como exámenes médicos, dotación y elementos de protección personal.

En este último aspecto, Rojas fue enfático en señalar que los costos son considerablemente altos. Equipar completamente a un bombero puede costar cerca de 45 millones de pesos, incluyendo trajes especializados y equipos de respiración que cumplen normas internacionales. A esto se suma el mantenimiento del parque automotor, con vehículos que ya superan los 10 y hasta 15 años de servicio, lo que incrementa la necesidad de repuestos y revisiones constantes.

Frente a este panorama, el Cuerpo de Bomberos ha implementado estrategias para generar recursos propios, como la recarga de extintores y la realización de capacitaciones. Sin embargo, el comandante reiteró que el reto sigue siendo grande y que la sostenibilidad del servicio depende de una adecuada gestión financiera y del apoyo institucional para seguir garantizando la atención de emergencias en Yopal.

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