CASANARE
Cinco Concejales de Orocué dicen que proyecto inicial de Plan de Desarrollo tenía muchos “micos”
Un grupo de cinco Concejales de Orocué dice que alcalde “Tocayera” pretendía que aprobaran en el mismo Acuerdo del Plan de Desarrollo, autorizaciones para endeudar el municipio y crear nuevos impuestos.
Molestos e indignados se mostraron los cinco Concejales, a quienes se les tildó de “estar en contra del desarrollo del municipio” y se les atacó despiadadamente por redes sociales, solo por el hecho de no haber aprobado algunos “micos” inmensos en el Plan de Desarrollo, presentado en su momento por el alcalde Anderson Bernal.
La situación involucró a los Concejales Aurora Ibáñez, Soledad Arias, Plácido Monroy, Rolfer Samaniego y Wenceslao Barrera, quienes no quisieron aprobar el “cheque en blanco” que pretendía el Alcalde para estos cuatro años, incluyendo en el proyecto del Plan de Desarrollo autorizaciones para contratar endeudamientos, utilizar vigencias futuras, reestructurar la planta de personal de la Alcaldía, y otras actuaciones administrativas que fueron rechazadas por los Corporados.
Autorizaciones y facultades
Según el proyecto presentado inicialmente por el Alcalde, se rompía el principio de unidad de materia. Proyectos como autorizaciones para endeudamientos y vigencias futuras deben ser analizados por aparte en cada uno de los casos por el Concejo Municipal, cuando se requieran, siempre y cuando se anexen en cada caso los soportes económicos, técnicos y financieros.
“Eso estaba muy bonito hasta que llegamos al artículo sexto del Plan de Desarrollo que se presentó el 30 de abril, donde el Alcalde en una serie de artículos solicitaba que se le dieran facultades para todo. O sea, el Concejo no iba a ser necesario de ahí en adelante ni iba a tener por qué hacer control político, porque le iba a dar facultades al Alcalde para todo”, explicó el concejal Wenceslao Barrera.
Nuevo endeudamiento
Agregó el cabildante, que en el caso de la autorización para endeudar el municipio se debe tener en cuenta que actualmente Orocué está pagando una deuda anterior, por lo que en caso de ser necesario un nuevo crédito debe presentarse por separado el proyecto al Concejo, para analizar en su momento si las circunstancias financieras permiten adquirir nuevos compromisos.
“No sabemos si a futuro el municipio va a bajar sus ingresos y le alcance la plata para pagar. Lo que si le dimos facultades fue para refinanciar la deuda que hay, no entendemos para qué quiere más endeudamientos”, anotó el concejal.
Tiene facultades
Entendiendo que los proyectos contemplados el Plan de Desarrollo deben financiarse por parte de la Administración Municipal, el Concejo le aprobó la suscripción de Contratos Plan y la suscripción de Alianzas Público Privadas de cualquier tipo, con lo cual el Alcalde tiene libertad de acción para gestionar recursos del orden departamental y nacional.
“Él en este momento no tiene ningún impedimento para gestionar cualquier tipo de proyecto a nivel nacional. Además el Concejo anterior le dejó facultades para contratar hasta el 31 de diciembre. Eso sí, los proyectos deben estar radicados en el Banco de Proyectos del municipio. Tiene que tener un conducto regular la creación de cada proyecto”, explicó el Corporado.
Más impuestos
Pero el cúmulo de autorizaciones que pretendía el Alcalde a través del Plan de Desarrollo no para ahí, según el cabildante, se pretendía que autorizaran la creación de nuevas cargas tributarias (impuestos) para los orocueceños como la valorización y la plusvalía, cuando el municipio no hace el esfuerzo fiscal para recaudar con efectividad los ya existentes, como el impuesto predial, por ejemplo.
“Nos echó encima a los comerciantes y de sobremesa, para terminar, salieron unas víctimas porque el Secretario de Gobierno los asustó diciéndoles que no se iba a crear una política para atender a las víctimas”, se quejó el Concejal Wenceslao Barrera.
El mal ambiente generado por todos estos comentarios en contra de los Concejales hizo que se presentaran ofensas, intimidaciones y hasta amenazas a través de redes sociales, lo que lógicamente desencadenó las respectivas demandas por parte de los Corporados ante las autoridades competentes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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