CASANARE
Cinco Concejales de Orocué dicen que proyecto inicial de Plan de Desarrollo tenía muchos “micos”
Un grupo de cinco Concejales de Orocué dice que alcalde “Tocayera” pretendía que aprobaran en el mismo Acuerdo del Plan de Desarrollo, autorizaciones para endeudar el municipio y crear nuevos impuestos.
Molestos e indignados se mostraron los cinco Concejales, a quienes se les tildó de “estar en contra del desarrollo del municipio” y se les atacó despiadadamente por redes sociales, solo por el hecho de no haber aprobado algunos “micos” inmensos en el Plan de Desarrollo, presentado en su momento por el alcalde Anderson Bernal.
La situación involucró a los Concejales Aurora Ibáñez, Soledad Arias, Plácido Monroy, Rolfer Samaniego y Wenceslao Barrera, quienes no quisieron aprobar el “cheque en blanco” que pretendía el Alcalde para estos cuatro años, incluyendo en el proyecto del Plan de Desarrollo autorizaciones para contratar endeudamientos, utilizar vigencias futuras, reestructurar la planta de personal de la Alcaldía, y otras actuaciones administrativas que fueron rechazadas por los Corporados.
Autorizaciones y facultades
Según el proyecto presentado inicialmente por el Alcalde, se rompía el principio de unidad de materia. Proyectos como autorizaciones para endeudamientos y vigencias futuras deben ser analizados por aparte en cada uno de los casos por el Concejo Municipal, cuando se requieran, siempre y cuando se anexen en cada caso los soportes económicos, técnicos y financieros.
“Eso estaba muy bonito hasta que llegamos al artículo sexto del Plan de Desarrollo que se presentó el 30 de abril, donde el Alcalde en una serie de artículos solicitaba que se le dieran facultades para todo. O sea, el Concejo no iba a ser necesario de ahí en adelante ni iba a tener por qué hacer control político, porque le iba a dar facultades al Alcalde para todo”, explicó el concejal Wenceslao Barrera.
Nuevo endeudamiento
Agregó el cabildante, que en el caso de la autorización para endeudar el municipio se debe tener en cuenta que actualmente Orocué está pagando una deuda anterior, por lo que en caso de ser necesario un nuevo crédito debe presentarse por separado el proyecto al Concejo, para analizar en su momento si las circunstancias financieras permiten adquirir nuevos compromisos.
“No sabemos si a futuro el municipio va a bajar sus ingresos y le alcance la plata para pagar. Lo que si le dimos facultades fue para refinanciar la deuda que hay, no entendemos para qué quiere más endeudamientos”, anotó el concejal.
Tiene facultades
Entendiendo que los proyectos contemplados el Plan de Desarrollo deben financiarse por parte de la Administración Municipal, el Concejo le aprobó la suscripción de Contratos Plan y la suscripción de Alianzas Público Privadas de cualquier tipo, con lo cual el Alcalde tiene libertad de acción para gestionar recursos del orden departamental y nacional.
“Él en este momento no tiene ningún impedimento para gestionar cualquier tipo de proyecto a nivel nacional. Además el Concejo anterior le dejó facultades para contratar hasta el 31 de diciembre. Eso sí, los proyectos deben estar radicados en el Banco de Proyectos del municipio. Tiene que tener un conducto regular la creación de cada proyecto”, explicó el Corporado.
Más impuestos
Pero el cúmulo de autorizaciones que pretendía el Alcalde a través del Plan de Desarrollo no para ahí, según el cabildante, se pretendía que autorizaran la creación de nuevas cargas tributarias (impuestos) para los orocueceños como la valorización y la plusvalía, cuando el municipio no hace el esfuerzo fiscal para recaudar con efectividad los ya existentes, como el impuesto predial, por ejemplo.
“Nos echó encima a los comerciantes y de sobremesa, para terminar, salieron unas víctimas porque el Secretario de Gobierno los asustó diciéndoles que no se iba a crear una política para atender a las víctimas”, se quejó el Concejal Wenceslao Barrera.
El mal ambiente generado por todos estos comentarios en contra de los Concejales hizo que se presentaran ofensas, intimidaciones y hasta amenazas a través de redes sociales, lo que lógicamente desencadenó las respectivas demandas por parte de los Corporados ante las autoridades competentes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
