CASANARE
Cinco Concejales de Orocué dicen que proyecto inicial de Plan de Desarrollo tenía muchos “micos”
Un grupo de cinco Concejales de Orocué dice que alcalde “Tocayera” pretendía que aprobaran en el mismo Acuerdo del Plan de Desarrollo, autorizaciones para endeudar el municipio y crear nuevos impuestos.
Molestos e indignados se mostraron los cinco Concejales, a quienes se les tildó de “estar en contra del desarrollo del municipio” y se les atacó despiadadamente por redes sociales, solo por el hecho de no haber aprobado algunos “micos” inmensos en el Plan de Desarrollo, presentado en su momento por el alcalde Anderson Bernal.
La situación involucró a los Concejales Aurora Ibáñez, Soledad Arias, Plácido Monroy, Rolfer Samaniego y Wenceslao Barrera, quienes no quisieron aprobar el “cheque en blanco” que pretendía el Alcalde para estos cuatro años, incluyendo en el proyecto del Plan de Desarrollo autorizaciones para contratar endeudamientos, utilizar vigencias futuras, reestructurar la planta de personal de la Alcaldía, y otras actuaciones administrativas que fueron rechazadas por los Corporados.
Autorizaciones y facultades
Según el proyecto presentado inicialmente por el Alcalde, se rompía el principio de unidad de materia. Proyectos como autorizaciones para endeudamientos y vigencias futuras deben ser analizados por aparte en cada uno de los casos por el Concejo Municipal, cuando se requieran, siempre y cuando se anexen en cada caso los soportes económicos, técnicos y financieros.
“Eso estaba muy bonito hasta que llegamos al artículo sexto del Plan de Desarrollo que se presentó el 30 de abril, donde el Alcalde en una serie de artículos solicitaba que se le dieran facultades para todo. O sea, el Concejo no iba a ser necesario de ahí en adelante ni iba a tener por qué hacer control político, porque le iba a dar facultades al Alcalde para todo”, explicó el concejal Wenceslao Barrera.
Nuevo endeudamiento
Agregó el cabildante, que en el caso de la autorización para endeudar el municipio se debe tener en cuenta que actualmente Orocué está pagando una deuda anterior, por lo que en caso de ser necesario un nuevo crédito debe presentarse por separado el proyecto al Concejo, para analizar en su momento si las circunstancias financieras permiten adquirir nuevos compromisos.
“No sabemos si a futuro el municipio va a bajar sus ingresos y le alcance la plata para pagar. Lo que si le dimos facultades fue para refinanciar la deuda que hay, no entendemos para qué quiere más endeudamientos”, anotó el concejal.
Tiene facultades
Entendiendo que los proyectos contemplados el Plan de Desarrollo deben financiarse por parte de la Administración Municipal, el Concejo le aprobó la suscripción de Contratos Plan y la suscripción de Alianzas Público Privadas de cualquier tipo, con lo cual el Alcalde tiene libertad de acción para gestionar recursos del orden departamental y nacional.
“Él en este momento no tiene ningún impedimento para gestionar cualquier tipo de proyecto a nivel nacional. Además el Concejo anterior le dejó facultades para contratar hasta el 31 de diciembre. Eso sí, los proyectos deben estar radicados en el Banco de Proyectos del municipio. Tiene que tener un conducto regular la creación de cada proyecto”, explicó el Corporado.
Más impuestos
Pero el cúmulo de autorizaciones que pretendía el Alcalde a través del Plan de Desarrollo no para ahí, según el cabildante, se pretendía que autorizaran la creación de nuevas cargas tributarias (impuestos) para los orocueceños como la valorización y la plusvalía, cuando el municipio no hace el esfuerzo fiscal para recaudar con efectividad los ya existentes, como el impuesto predial, por ejemplo.
“Nos echó encima a los comerciantes y de sobremesa, para terminar, salieron unas víctimas porque el Secretario de Gobierno los asustó diciéndoles que no se iba a crear una política para atender a las víctimas”, se quejó el Concejal Wenceslao Barrera.
El mal ambiente generado por todos estos comentarios en contra de los Concejales hizo que se presentaran ofensas, intimidaciones y hasta amenazas a través de redes sociales, lo que lógicamente desencadenó las respectivas demandas por parte de los Corporados ante las autoridades competentes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
