CASANARE
Cerca de 20 años de cárcel para autores del asesinato de un taxista en Hato Corozal
Este jueves 5 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia de lectura de fallo condenatorio por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo, contra los dos sujetos sindicados del asesinato de un taxista en el municipio de Hato Corozal.
Los hechos que generaron esta condena se presentaron el pasado 13 julio de 2019, cuando fue asesinado con varios disparos el señor Omar Orlando Romero Contreras quien era conocido como “El Flaco”, dedicado a conducir taxi en este municipio.
El día de su muerte, la víctima fue contactada por estos sujetos quienes le habrían solicitado un servicio, luego de abordarlo fue sacado aproximadamente a un kilómetro sobre la vía que de este municipio comunica con Sácama, donde fue ultimado y le fue hurtado el taxi que conducía.
La noche del crimen, gracias a una rápida acción de los soldados del Grupo Guías de Casanare, lograron interceptar a dos sujetos que se movilizaban en el taxi y una motocicleta, a quienes se les hallaron dos pistolas calibre 9mm, cuatro proveedores y 48 cartuchos para las mismas, además el vehículo, documentos y pertenencias del taxista asesinado.
Integrantes del ELN
Los capturados y hoy condenados fueron identificados como Héctor Andrés Caro Vargas, alias “John”, natural de Fortul y de 20 años de edad y Luis Alberto García Jerez, alias “Andrés”, natural de Fortul y también de 20 años de edad; según las autoridades los dos individuos son integrantes del ELN.
El Juez Promiscuo del Circuito de Paz de Ariporo luego de estudiar el caso y debido a la gravedad del hecho, les impuso una condena de 235 meses de prisión (19 años y 5 meses), por los delitos de Homicidio Agravado, Porte Ilegal de Armas de Fuego y Municiones y Hurto Calificado.
Los sentenciados se encuentran internos en la cárcel La Guafilla de Yopal donde permanecen privados la libertad, la Fiscalía no se opuso a la decisión del juez.
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Fuente: Información y fotografías de Pauto Noticias
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.

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