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Cazadores y tráfico ilegal, principales enemigos del morrocoy de patas rojas
Es una especie usada como mascota en entornos rurales y urbanos. Su tenencia ha estado tradicionalmente asociada a creencias que atraen la prosperidad, la buena suerte e incluso que su carne posee propiedades afrodisíacas
La también conocida como tortuga terrestre de patas rojas o tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonarius) es naturalmente herbívora, aunque sí la comida escasea puede consumir animales muertos y actuar como una especie carroñera. Su dieta se basa principalmente en hongos, plantas, frutas, flores y animales de movimiento lento gusanos, algunos insectos y caracoles.
Esta especie habita en el sur de América Central y en gran parte de América del Sur y su gama incluye el este de Panamá y el oeste de los Andes en Colombia. La zona donde se puede observar con mayor abundancia, es al este de los Andes en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, y al este de Brasil, al sur de Río de Janeiro. En Colombia se distribuyen naturalmente en la Orinoquia y Amazonia.
Entre las principales amenazas que enfrenta esta especie de tortuga están la extracción de individuos silvestres por razones culturales o comerciales, dado que, por ser terrestre, la creciente fragmentación y pérdida de hábitat afecta sus poblaciones, aumentando la probabilidad de que sean capturados o mueran por múltiples causas, incluyendo incendios provocados, atropellamientos al intentar cruzar vías o depredación por parte de otros animales.
Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en Colombia según resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este ejemplar ha sido catalogado como vulnerable (VU) y ocupa el tercer puesto en el listado de las tortugas continentales más traficadas en el país.
Cormacarena recuerda que este ejemplar se puede identificar fácilmente porque su piel es de color negro y su caparazón se encuentra unido al plastrón mediante un puente, y en caso de hallarse una en mal estado o en peligro inminente, puede comunicarse a la línea de atención de fauna silvestre 321 482 0327.
Fuente: Cormacarena
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
