CASANARE
Cayeron Los Pijas, robaban en Boyacá y Casanare
La banda delincuencial estaba conformada por 12 personas
Mediante el desarrollo de un proceso investigativo llevado a cabo durante 1 año por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN del Departamento de Policía Boyacá, en coordinación con la Fiscalía octava local URI de Duitama, desarticularon la banda delincuencial denominada Los Pijas, con la captura de 12 personas (2 de estas en flagrancia por el delito de receptación), mediante la ejecución simultánea de 10 diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Duitama, Sogamoso y Yopal.
La investigación hecha por la Sijin involucró interceptación de líneas telefónicas por orden judicial, entrevistas, análisis de videos e imágenes. En una de las interceptaciones, se evidencia la conversación de 2 delincuentes entre ellos alias ‘Mono’, luego de cometer un hurto a una señora, la cual perdió su bolso con un teléfono celular, $10.000 y documentos.
Alias Mono: ¿Dónde anda?
Delincuente 2: Aquí por el lado de eso…
AM: no, yo estoy por aquí ya… me tocó esculcar eso a lo hiju$%&@, porque nos siguió una moto
D2: Si, pero no vio que la cucha se paró ahí.
AM: Por eso…
D2: Pero no, sano… sano
AM: Olé, salió un ‘celuco’ melo y salió como con 10 ‘lucas’ nada más
D2: Ahh…
AM: ¿Dónde nos vamos a ver?
D2: ¿Dónde está?
AM: Por el lado del Coliseo, de la 14, lléguenos a la Sierra… vamos para la Sierra.
Estos delincuentes realizaban seguimiento a mujeres que se movilizaban en vehículos, una vez las victimas detenían el automotor y los mecanismos de seguridad de las puertas se desactivaban, uno de los integrantes de la organización abría la puerta del copiloto intimidando a la víctima con arma de fuego o corto-punzante, hurtándole de forma violenta sus pertenencias, mientras que el otro lo esperaba a pocos metros con la motocicleta encendida, una vez consumado el hecho delictivo huían del lugar.
Su actividad criminal se basaba también en el hurto a residencias, para lo cual hacían uso de vehículos tipo automóvil, quienes, aprovechando la ausencia temporal de los moradores o propietarios, ingresaban a los domicilios violentando cerraduras y sustrayendo elementos de valor como electrodomésticos, joyas, computadores, entre otros, los cuales eran comercializados en municipios de las provincias del Tundama y Sugamuxi.
A este grupo se les atribuye el hurto mediante la modalidad de “fleteo” ocurrido el 29 de septiembre de 2018, donde intervinieron 4 integrantes quienes movilizándose en motocicleta y portando armas de fuego y cortopunzantes, intimidaron a sus víctimas, que en la mayoría eran mujeres, despojándolas de sus pertenencias y dinero en efectivo representado en 34 millones de pesos, hechos ocurridos en un centro de acopio de carbón en la ciudad de Sogamoso.
En el desarrollo de las diligencias de registro y allanamiento se incautaron: una motocicleta, un vehículo, ocho celulares, un computador portátil y se logró la recuperación de un celular.
Los integrantes de “Los Pijas”, en su mayoría Boyacenses y Casanareños, tenían múltiples anotaciones por varios delitos, siendo reincidentes en conductas delictivas como: hurto, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, receptación, entre otras y uno de los capturados tenía sentencia condenatoria por el delito de hurto calificado y agravado.
Los capturados junto con los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía octava local URI de Duitama, por los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, quienes en audiencia aceptaron los cargos y fueron enviados a los centros carcelarios de los municipios de Duitama y Sogamoso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
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Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.



