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Caso de secuestro de enfermero en Meta se enreda con decisión judicial
La Fiscalía Especializada adscrita al Gaula Meta interpuso recurso de apelación en contra de la decisión del Juzgado 1° Penal Municipal de San José del Guaviare, que se abstuvo de imponer medida privativa de la libertad contra Santiago Castellanos Auerbach y Albeiro Sanpedro López, luego de que fueran señalados como presuntos responsables del secuestro de un enfermero del hospital de San José del Guaviare, en octubre de 2018.
Irónicamente, el imputado y la víctima continúan trabajando en el mismo centro asistencial.
La Fiscalía imputó el delito de secuestro simple agravado en contra de los hoy judicializados, también empleados del hospital, quienes no aceptaron los cargos. El material probatorio presentado permitió que la Procuraduría apoyara la solicitud de medida, por lo que también apeló la decisión del despacho judicial.
Según la investigación, luego de una reunión de integración en un balneario del Guaviare los hoy imputados, junto a otras dos personas, habrían engañado a la víctima para que se trasladara al sector rural de la ciudad donde, supuestamente, tenían comprador para su carro.
La denuncia de la víctima señala que sus compañeros de trabajo lo habrían llevado hasta el predio, de propiedad de uno de los presuntos secuestradores, y supuestamente lo amarraron, golpearon y retuvieron porque lo acusaban del robo de algunos celulares que habían guardado en su vehículo, mientras la celebración.
Las órdenes judiciales de captura contra Sanpedro López y Castellanos Auerbach fueron materializadas por investigadores del Gaula Policía Ariari en vía pública de San José del Guaviare y mediante diligencia de allanamiento con fines de captura en la ciudad de Cali, lugar hasta donde viajó uno de los capturados. Posteriormente se efectuó la legalización de captura ante el Juzgado 1° Penal Municipal con función de control de garantías.
El Juzgado se abstuvo de dictar medida alguna con el argumento de que los imputados tienen arraigo, son profesionales y no representan un peligro para la comunidad.
La Fiscalía solicitó apoyo de las autoridades de Perú para la captura de otra persona vinculada a la investigación, sobre la cual figura circular azul.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
