META
Caso de secuestro de enfermero en Meta se enreda con decisión judicial
La Fiscalía Especializada adscrita al Gaula Meta interpuso recurso de apelación en contra de la decisión del Juzgado 1° Penal Municipal de San José del Guaviare, que se abstuvo de imponer medida privativa de la libertad contra Santiago Castellanos Auerbach y Albeiro Sanpedro López, luego de que fueran señalados como presuntos responsables del secuestro de un enfermero del hospital de San José del Guaviare, en octubre de 2018.
Irónicamente, el imputado y la víctima continúan trabajando en el mismo centro asistencial.
La Fiscalía imputó el delito de secuestro simple agravado en contra de los hoy judicializados, también empleados del hospital, quienes no aceptaron los cargos. El material probatorio presentado permitió que la Procuraduría apoyara la solicitud de medida, por lo que también apeló la decisión del despacho judicial.
Según la investigación, luego de una reunión de integración en un balneario del Guaviare los hoy imputados, junto a otras dos personas, habrían engañado a la víctima para que se trasladara al sector rural de la ciudad donde, supuestamente, tenían comprador para su carro.
La denuncia de la víctima señala que sus compañeros de trabajo lo habrían llevado hasta el predio, de propiedad de uno de los presuntos secuestradores, y supuestamente lo amarraron, golpearon y retuvieron porque lo acusaban del robo de algunos celulares que habían guardado en su vehículo, mientras la celebración.
Las órdenes judiciales de captura contra Sanpedro López y Castellanos Auerbach fueron materializadas por investigadores del Gaula Policía Ariari en vía pública de San José del Guaviare y mediante diligencia de allanamiento con fines de captura en la ciudad de Cali, lugar hasta donde viajó uno de los capturados. Posteriormente se efectuó la legalización de captura ante el Juzgado 1° Penal Municipal con función de control de garantías.
El Juzgado se abstuvo de dictar medida alguna con el argumento de que los imputados tienen arraigo, son profesionales y no representan un peligro para la comunidad.
La Fiscalía solicitó apoyo de las autoridades de Perú para la captura de otra persona vinculada a la investigación, sobre la cual figura circular azul.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
