META
Capturan a tres disidentes del frente primero de las FARC en Meta y Guainía
En los departamentos de Guanía y Meta; se logró la captura de tres disidentes del frente primero de las FARC por concierto para delinquir y extorsión agravado, dos hombres de 27 y 52 años así como una mujer de 48 años, Los capturados eran conocidos en la estructura criminal con los alias de “Mamaburra”, “el Mono” y “Guacharaca”.
La captura por orden judicial de las personas antes mencionadas, quienes fueron denunciados por sus víctimas por el delito de extorsión agravada y concierto para delinquir.
Modus Operandi
Los delincuentes realizaban actividades de inteligencia con el fin de recolectar información acerca de los transportadores fluviales de carga a través del río Guaviare, que viajan entre los departamentos de Guaviare Y Guanía, especialmente sobre las veredas; Mata Bambú, El Olvido, La Rompida, Puerto Caucho y El Búnker, posteriormente mediante la modalidad de extorsión clásica presencial los extorsionaban exigiendoles grandes sumas de dinero para permitirles navegar; las sumas llegaban a ascender hasta $150.000 pesos por tonelada transportada, también se encargaban de la extorsión por el tránsito de sustancias químicas utilizadas para el procesamiento de estupefacientes que transitan por la zona.
Las denuncias interpuestas por las víctimas de las extorsiones indican que este grupo de sujetos con antelación realizaban inteligencia delictiva para conocer horarios y días de viaje de las embarcaciones y posteriormente se identificaban como integrantes de la RAER (Redes de Apoyo a las Estructuras Residuales) del Frente Primero de las disidencias de las FARC, con el objetivo de interceptarlas durante su ruta y exigirles las cuotas extorsivas.
Los transportadores fluviales, ya habían reportado entre 30 y 40 millones de pesos en pérdidas producto de las extorsiones, cada uno.
Fuente: Policía Nacional
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
