META
Nueve hombres y una mujer capturados en el Meta por delitos sexuales
En una jornada contra la violencia sexual en el departamento del Meta, la Fiscalía logró la captura y judicialización de diez personas que estarían involucradas en hechos ocurridos entre los años 2012 y 2018.
Los señalados agresores, entre los 33 y 60 años de edad, fueron detenidos en operaciones articuladas entre la Policía Judicial del CTI de la Fiscalía, Policía y personal de la Séptima Brigada del Ejército Nacional en Villavicencio, Cumaral, San Juanito y La Macarena (Meta). En este último municipio fue capturado un profesor de danzas, quien se desempeñaba como director de la Casa de la Cultura.
En las audiencias concentradas ante jueces de control de garantías, cinco de los procesados fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo y violento con menor de 14 años, dos más recibieron cargos por acto sexual abusivo con menor de 14 años, una pareja por proxenetismo y otro por acceso carnal abusivo con incapaz de resistir. En todos los casos los sospechosos no aceptaron los señalamientos de la Fiscalía.
Por su parte, las víctimas son mujeres, la mayoría entre 4 y 17 años. Hay una joven de 25 años en condición de discapacidad que habría sido abusada y quedó en estado de embarazo.
En todos los casos, la Fiscalía detectó que estos supuestos agresores habrían ganado la confianza de las victimas y, mediante engaños, las sometieron a distintas actividades sexuales contra su voluntad.
Incluyendo el caso de un hombre que abusó de su menor hija, a quien además se le imputó violencia intrafamiliar, por agredir a su núcleo familiar, compuesto por cinco personas.
Nueve de los detenidos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, la decisión de no enviar a prisión a uno de los indiciados, fue apelada por la Fiscalía.
Los investigados son:
. Enrique Duarte Sánchez
. Julio Vargas Velásquez
. Oswaldo Díaz Ruíz
. Dago Prieto Romero
. Omar Aya Rodríguez
. Yesid Alejandro Mendoza Ferry
. Guillermo Alexander Serna Muñoz
. Luz Mary Perdomo
. W. G.
. César Granados Valencia, profesor de danzas.
La Fiscalía General de la Nación realizará más jornadas de este tipo, con el fin de garantizar los derechos y las libertades de las mujeres, y dar con el paradero de los responsables de delitos sexuales para que comparezcan ante la justicia y reciban la sanción penal que corresponde.
Fuente: Prensa y Comunicaciones Fiscalía General de la Nación
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
