META
Capturados en La Uribe tres integrantes de las disidencias de las Farc
Autoridades en el Meta desarrollaron la operación ‘Peñas-40’, la cual permitió acertar golpe contra las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC-EP subestructura 40, Urías Rondón, al mando ‘Gentil Duarte’.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Vista Hermosa ordenó las capturas de los sujetos conocidos como: ‘Caqueteño’, ‘Flaco’ y ‘La Negra’, los dos primeros en la inspección La Julia del municipio de Uribe y la mujer en Medellín, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, extorsión y concierto para delinquir agravado por conformación de grupos armados.
Los capturados delinquían en los municipios de Mesetas, Lejanías, La Uribe y Granada en el Meta, coaccionando mediante métodos violentos y agresivos el pago de comisiones extorsivas. Los cobros realizados a las víctimas oscilaban entre los 300 y 400 millones de pesos, al gremio de ingenieros, contratistas, comerciantes, agricultores y ganaderos a cambio de no atentar en contra de sus vidas, la de sus familias, sus bienes y permitirles continuar con sus actividades económicas. Se estima el recaudo económico sería aproximado a los 2.000 millones de pesos mensuales.
De acuerdo con las investigaciones, se logró establecer la participación criminal de cada una de estas personas:
‘Caqueteño’ de 37 años de edad, es el cabecilla y sería el encargado de realizar las llamadas extorsivas a diferentes víctimas, recibir los cobros de las extorsiones, efectuar reuniones a la población civil y ejecutar acciones en contra de la fuerza pública; es el coordinador de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales de las disidencias de las FARC-EP en los municipios de Mesetas y Uribe.
‘Flaco’ de 26 años, en la actualidad hace parte del programa de la Agencia de Reincorporación para la vida civil, teniendo en cuenta que integró el Frente 53 de las FARC-EP y se sometió al proceso de paz, ubicándose en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda La Guajira de Mesetas, (Meta), y es la persona de confianza del cabecilla conocido como ‘Urías o Cotiz’ de la subestructura ‘Urías Rondón’, quien tiene injerencia criminal en la región al servicio de ‘Gentil Duarte’.
‘La Negra’ de 24 años, sería la encargada de recoger los cobros extorsivos, que realiza la comisión financiera al servicio de ‘Urías o Cotiz’; manteniendo comunicación directa para la coordinación del accionar criminal con ‘Flaco’, desde la ciudad de Medellín.
Fuente: Policía Meta
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
