META
Capturados en La Uribe tres integrantes de las disidencias de las Farc
Autoridades en el Meta desarrollaron la operación ‘Peñas-40’, la cual permitió acertar golpe contra las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC-EP subestructura 40, Urías Rondón, al mando ‘Gentil Duarte’.
El Juzgado Promiscuo Municipal de Vista Hermosa ordenó las capturas de los sujetos conocidos como: ‘Caqueteño’, ‘Flaco’ y ‘La Negra’, los dos primeros en la inspección La Julia del municipio de Uribe y la mujer en Medellín, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, extorsión y concierto para delinquir agravado por conformación de grupos armados.
Los capturados delinquían en los municipios de Mesetas, Lejanías, La Uribe y Granada en el Meta, coaccionando mediante métodos violentos y agresivos el pago de comisiones extorsivas. Los cobros realizados a las víctimas oscilaban entre los 300 y 400 millones de pesos, al gremio de ingenieros, contratistas, comerciantes, agricultores y ganaderos a cambio de no atentar en contra de sus vidas, la de sus familias, sus bienes y permitirles continuar con sus actividades económicas. Se estima el recaudo económico sería aproximado a los 2.000 millones de pesos mensuales.
De acuerdo con las investigaciones, se logró establecer la participación criminal de cada una de estas personas:
‘Caqueteño’ de 37 años de edad, es el cabecilla y sería el encargado de realizar las llamadas extorsivas a diferentes víctimas, recibir los cobros de las extorsiones, efectuar reuniones a la población civil y ejecutar acciones en contra de la fuerza pública; es el coordinador de la Red de Apoyo a Estructuras Residuales de las disidencias de las FARC-EP en los municipios de Mesetas y Uribe.
‘Flaco’ de 26 años, en la actualidad hace parte del programa de la Agencia de Reincorporación para la vida civil, teniendo en cuenta que integró el Frente 53 de las FARC-EP y se sometió al proceso de paz, ubicándose en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda La Guajira de Mesetas, (Meta), y es la persona de confianza del cabecilla conocido como ‘Urías o Cotiz’ de la subestructura ‘Urías Rondón’, quien tiene injerencia criminal en la región al servicio de ‘Gentil Duarte’.
‘La Negra’ de 24 años, sería la encargada de recoger los cobros extorsivos, que realiza la comisión financiera al servicio de ‘Urías o Cotiz’; manteniendo comunicación directa para la coordinación del accionar criminal con ‘Flaco’, desde la ciudad de Medellín.
Fuente: Policía Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
