CASANARE
Capresoca afectada por red de corrupción que se movía desde la Supersalud
La W conoció el escrito de acusación en contra de Eva Katherine Carrascal, ex delegada de la Superintendencia Nacional de Salud y mano derecha del ex superintendente Norman Julio Muñoz, con el que la Fiscalía General de la Nación pretende poner en evidencia el millonario desfalco a la salud, un escándalo que apenas empieza a destaparse.
Según la Fiscalía, en Colombia existe una red criminal cuyo modus operandi es liquidar e intervenir EPS de manera injustificada para robarles los usuarios y trasladarlos a otras EPS que pagaron millonarias coimas por este ilícito.
La exfuncionaria habría utilizado su cargo público para realizar actuaciones ilegales, como por ejemplo ordenar la liquidación de una EPS o imponer medida de vigilancia especial. Esto, con el fin de beneficiar a una estructura delincuencial integrada por John Alexander Colmenares, Guillermo Grosso, exinterventor de Saludcoop y Javier Peña Ramírez, exdirectivo de Cajacopi EPS.
Empezamos entonces este recorrido por el robo a la salud con Cafesalud:
En el documento, la Fiscalía relata como a través de la compañía Medical Corporation S.A, contratada por Cafesalud, se hicieron pagos de facturas por servicios que nunca fueron prestados.
“Eva Katherine Carrascal, amparada en sus funciones de vigilancia favoreció a sus amigos para que esos pagos se agilizaran y a cambio obtener beneficios económicos”, dice el ente acusador.
Los dineros se habrían movido a través de las cuentas bancarias de Asesorías en Salud- Asersalud S.A, Innovasalud S.A.S y Dipromedicos S.A.S.
La W conoció que entre las EPS en las que la red criminal de la Superintendencia Nacional de Salud metió su mano negra está Capresoca:
CAPRESOCA EPS
Esta EPS fue objeto de una medida preventiva de vigilancia, en desarrollo de esa medida se presentó un plan de mejoramiento que fue objeto de seguimiento por parte de la Superintendencia y, además, se tramitó una solicitud para redistribución de afiliados.
Para el mes de febrero de 2017, los miembros de la red criminal asesoraron a la entidad frente a las acciones requeridas para normalizar su situación financiera y Carrascal, a cambio de dineros, intervino para favorecerlos proporcionándoles información privilegiada.
Como consecuencia los miembros de la red accedieron a contratos de salud en el departamento de Casanare, a través de la sociedad Clínica Casanare.
Fuente: Con información de www.wradio.com.co
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
