CASANARE
Capresoca afectada por red de corrupción que se movía desde la Supersalud
La W conoció el escrito de acusación en contra de Eva Katherine Carrascal, ex delegada de la Superintendencia Nacional de Salud y mano derecha del ex superintendente Norman Julio Muñoz, con el que la Fiscalía General de la Nación pretende poner en evidencia el millonario desfalco a la salud, un escándalo que apenas empieza a destaparse.
Según la Fiscalía, en Colombia existe una red criminal cuyo modus operandi es liquidar e intervenir EPS de manera injustificada para robarles los usuarios y trasladarlos a otras EPS que pagaron millonarias coimas por este ilícito.
La exfuncionaria habría utilizado su cargo público para realizar actuaciones ilegales, como por ejemplo ordenar la liquidación de una EPS o imponer medida de vigilancia especial. Esto, con el fin de beneficiar a una estructura delincuencial integrada por John Alexander Colmenares, Guillermo Grosso, exinterventor de Saludcoop y Javier Peña Ramírez, exdirectivo de Cajacopi EPS.
Empezamos entonces este recorrido por el robo a la salud con Cafesalud:
En el documento, la Fiscalía relata como a través de la compañía Medical Corporation S.A, contratada por Cafesalud, se hicieron pagos de facturas por servicios que nunca fueron prestados.
“Eva Katherine Carrascal, amparada en sus funciones de vigilancia favoreció a sus amigos para que esos pagos se agilizaran y a cambio obtener beneficios económicos”, dice el ente acusador.
Los dineros se habrían movido a través de las cuentas bancarias de Asesorías en Salud- Asersalud S.A, Innovasalud S.A.S y Dipromedicos S.A.S.
La W conoció que entre las EPS en las que la red criminal de la Superintendencia Nacional de Salud metió su mano negra está Capresoca:
CAPRESOCA EPS
Esta EPS fue objeto de una medida preventiva de vigilancia, en desarrollo de esa medida se presentó un plan de mejoramiento que fue objeto de seguimiento por parte de la Superintendencia y, además, se tramitó una solicitud para redistribución de afiliados.
Para el mes de febrero de 2017, los miembros de la red criminal asesoraron a la entidad frente a las acciones requeridas para normalizar su situación financiera y Carrascal, a cambio de dineros, intervino para favorecerlos proporcionándoles información privilegiada.
Como consecuencia los miembros de la red accedieron a contratos de salud en el departamento de Casanare, a través de la sociedad Clínica Casanare.
Fuente: Con información de www.wradio.com.co
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.

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