CASANARE
Campesino estuvo 10 años en la cárcel injustamente condenado como líder de las FARC
Fabián Ramos Cruz, un campesino que pasó injustamente 10 años en la cárcel tras ser condenado por la justicia ordinaria por supuestamente haber sido líder del Frente 43 de las extintas Farc-EP, es absuelto por la JEP. Así lo decidió la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz que, como su nombre lo indica, se encarga de revisar sentencias de la justicia ordinaria y, en algunos casos, de la Jurisdicción.
Con esta decisión excepcional, la JEP determinó que Ramos Cruz no hizo parte de la organización guerrillera y mucho menos lideró esa estructura, sino que fue señalado equivocadamente de ser ‘Mauricio Pitufo’, quien murió en la Operación Dinastía del Ejército, en 2010, mientras Ramos estaba en prisión. Tras el proceso de contrastación judicial, la Jurisdicción decidió otorgarle libertad definitiva y finalizar su régimen de condicionalidad.
Así, la Sección de Revisión dejó sin efecto la sentencia del 26 de octubre de 2012, emitida por la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en relación con la decisión contra Ramos Cruz. Esta sentencia fue modificada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 11 de septiembre de 2013, cuando se declaró la prescripción del delito de rebelión.
¿De qué acusaban a Ramos Cruz?
Ramos Cruz fue sentenciado por el atentado del 20 de febrero de 2005 al Hotel Acapulco en Puerto Rico, Meta. Integrantes del Frente 43 detonaron explosivos con la idea de atacar a tropas del Ejército Nacional que pasaban frente a ese hotel, ubicado en la Inspección de Puerto Toledo. Seis personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de 14 años, un niño de 4 años, un teniente y dos soldados profesionales. Además, diez civiles resultaron heridos y se registraron daños al puesto de salud, así como en diez viviendas cercanas.
A este campesino se le acusaba de ser ‘Mauricio Pitufo’, quien estuvo detrás de estos hechos como autor mediato, es decir, como la persona que dio la orden. Además, era segundo al mando y médico general del Frente 43. Luego de que la justicia ordinaria concluyó equivocadamente que Ramos era ‘Mauricio Pitufo’, lo condenó por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado y terrorismo. Fue capturado el 27 de septiembre de 2008, mientras tramitaba su certificado judicial ante el DAS para postularse a un trabajo. Fue condenado a 31 años de prisión, a una multa de 2.151 salarios mínimos e inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.
Ramos Cruz pasó 10 años en la cárcel de Acacías, Meta. Estando allí, conoció a Carlos Cecilio Parra González, un exguerrillero de las Farc-EP que también estaba preso por el atentado al Hotel Acapulco. Parra, quien sí conoció a ‘Mauricio Pitufo’, le ofreció su ayuda y le dijo que estaría dispuesto a declarar a su favor. Años después, cumplió lo que le dijo y se presentó ante la JEP.
Ramos Cruz quedó en libertad condicional en 2018, tras someterse a esta Jurisdicción. Con esta decisión de la Sección de Revisión, su situación jurídica queda finalmente resuelta.
¿Cómo se comprobó la inocencia de Ramos?
En 2020, Ramos Cruz presentó una demanda de revisión transicional, después de que su caso fuera evaluado por la Sala de Amnistía o Indulto y la Sección de Apelación de la JEP. Ambas instancias coincidieron en la necesidad de una revisión a su sentencia en firme, un proceso que solo se lleva a cabo en casos excepcionales de delitos no amnistiables.
En este proceso, la defensa presentó una prueba nueva que no había sido tenida en cuenta durante la condena en la justicia ordinaria, ya que los hechos ocurrieron meses después de la sentencia contra Ramos. El abogado aportó noticias y un informe del Ministerio de Defensa que mostraban que ‘Mauricio Pitufo’, cuyo verdadero nombre era Eliseo Caicedo Garzón, murió el 1 de enero de 2010 durante la Operación Dinastía del Ejército. Esa misma versión fue confirmada por Bertulfo Caicedo Garzón, hermano de ‘Mauricio Pitufo’, en una entrevista publicada en el libro La Vorágine del Conflicto Colombiano.
La Sección de Revisión también escuchó los testimonios de otros comparecientes de la antigua guerrilla, entre ellos Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y Jorge Torres Victoria, ‘Pablo Catatumbo’, quienes afirmaron no conocer a Ramos. Carlos Cecilio Parra González fue el único compareciente que reconoció haber conocido a Ramos en la cárcel de Acacías, cuando se enteró de que lo acusaban de ser ‘Mauricio Pitufo’, líder del Frente 43. Parra aseguró que, más allá de la baja estatura de Ramos, no existía parecido físico alguno entre él y ‘Mauricio Pitufo’. Estas declaraciones se conocieron gracias al tránsito a la vida civil de los comparecientes y a su compromiso con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
La JEP también analizó documentos obtenidos durante una inspección judicial, que contó con el apoyo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), a los archivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en el Fuerte Militar Larandia, en Florencia, Caquetá. Esta investigación permitió confirmar la muerte de Eliseo Caicedo Garzón, conocido ‘Mauricio Pitufo’, que ocurrió meses después de la condena de Fabián Ramos Cruz.
A esto se sumó la valoración de otros documentos, como certificados laborales que prueban que Ramos Cruz se desempeñaba en tareas de campo desde los 13 años, que pagó aportes prestacionales mientras tuvo un empleo formal, que tramitó su libreta militar, que se encuentra inscrito en el Sisbén e incluso que fue reconocido por la Unidad para las Víctimas como víctima del conflicto armado. Su papá fue desaparecido presuntamente a manos del Frente 43 de las extintas Farc-EP, es decir, la misma estructura guerrillera de la que supuestamente era líder, según la condena equivocada de la justicia ordinaria.
Tras las pruebas presentadas y la toma de testimonios, el Ministerio Público e incluso el representante de las víctimas coincidieron con Ramos Cruz y su defensa en que la condena en su contra “era injusta y no se compadece con la realidad”. Por su parte, la Sección de Revisión de la JEP dijo que: “resulta imperioso declarar su inocencia”.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
CASANARE
En Támara se realizó la segunda Mesa Pública Departamental del PAE, para analizar el programa
Con una nutrida participación de la comunidad educativa, se llevó a cabo la segunda Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Institución Educativa Arturo Salazar Mejía del municipio de Támara. El encuentro tuvo como propósito fortalecer la transparencia y el seguimiento al funcionamiento del PAE en el departamento.
Durante la jornada se socializaron los avances y estrategias implementadas para garantizar la calidad y cobertura del servicio, que actualmente beneficia a 17.895 niños, niñas y adolescentes en 18 municipios, incluyendo 1.549 estudiantes de comunidades indígenas de Chaparral Barronegro, Caño Mochuelo, Morichito y Sáliba de Orocué.
Además, el secretario de Educación, Diego Ardila, destacó que el programa no solo contribuye al bienestar y nutrición de los estudiantes, sino también a la generación de empleo en el departamento. En total, cinco profesionales y 572 manipuladoras de alimentos, de las cuales el 30% son madres de familia, hacen parte de la operación del PAE en Casanare.
De igual manera, el programa cuenta con una inversión de 40.651 millones de pesos, de los cuales 30.499 millones se destinan a la modalidad de almuerzo para población externa, mientras que 10.152 millones provienen del Sistema General de Regalías y financian la modalidad de residencia escolar que incluye desayuno, almuerzo y cena para población interna.
En su intervención, el rector de la institución anfitriona, Jaime Humberto Suelta, resaltó la importancia de estos espacios de participación, que permiten el diálogo directo entre la comunidad educativa y la Secretaría de Educación. A su turno, el alcalde de Támara, William Forero, valoró la presencia institucional en su municipio y el esfuerzo por llegar hasta las zonas más apartadas.
Finalmente, la jornada concluyó con aportes de padres, estudiantes y docentes que coincidieron en la necesidad de fortalecer este programa, considerado una herramienta esencial para el desarrollo educativo y la garantía de una alimentación digna para la niñez casanareña.
CASANARE
Gobernador Zorro destacó que la Asamblea Departamental aprobara “un pedacito” del superávit
La Asamblea Departamental de Casanare aprobó en primer debate el proyecto de ordenanza presentado por la Gobernación, mediante el cual se autoriza la incorporación de un superávit por 29 mil millones de pesos, que serán destinados principalmente a los sectores de cultura y deporte.
El gobernador César Ortiz Zorro destacó la decisión del órgano colegiado y aseguró que esta es “solo un pedacito” del superávit total, ya que el resto de los recursos se proyecta para ser ejecutado el próximo año.
Ortiz Zorro expresó su gratitud hacia los diputados por el respaldo a la iniciativa, señalando que la aprobación representa un acto de responsabilidad y trabajo conjunto entre las dos instituciones. “Siempre estaré dispuesto al diálogo y a trabajar en equipo; todos tenemos competencias y la Asamblea ha cumplido con su misión al aprobar estos recursos”, afirmó el mandatario departamental.
El gobernador explicó que los fondos permitirán fortalecer los procesos deportivos y culturales, con miras a la participación de Casanare en los Juegos Nacionales. Agregó que ya sostuvo reuniones con las ligas del departamento para definir las inversiones y destacó los logros obtenidos por atletas casanareños en competencias nacionales e internacionales, gracias al apoyo en equipamiento y preparación.
Ortiz Zorro aseguró que su administración seguirá actuando con responsabilidad fiscal y visión de futuro, promoviendo una gestión basada en la eficiencia y el trabajo articulado con la Asamblea Departamental, con el propósito de impulsar el desarrollo integral de Casanare.
En el municipio de Orocué se llevó a cabo una mesa técnica para revisar los avances del programa médico arquitectónico del proyecto de ampliación de la infraestructura del centro de salud, un esfuerzo conjunto que busca fortalecer los servicios de salud y mejorar la atención a la comunidad orocueseña.
Durante la jornada se realizó un recorrido por las instalaciones actuales con el fin de conocer las condiciones físicas y funcionales, así como las áreas que serán objeto de ampliación y adecuación, en el marco de un proyecto que permitirá responder a la creciente demanda de servicios.
En este importante encuentro participaron la gerente de Red Salud Casanare, Lady Patricia Bohórquez Cuevas; el alcalde del municipio de Orocué, Anderson Bernal; y Álvaro Díaz Granados en representación de Secretaría de Salud, quienes manifestaron su compromiso de llevar el proyecto al Ministerio de Salud y Protección Social lo más pronto posible para avanzar en su gestión y aprobación.
El proyecto contempla la ampliación y adecuación de la infraestructura física, la proyección de nuevos servicios y el fortalecimiento de la capacidad instalada en áreas como medicina general y enfermería. Además, incluye la implementación de servicios de rehabilitación, terapias, rayos X y especialidades básicas como ginecología, pediatría, nutrición y psicología.
De igual forma, se adelantará un estudio de oferta y demanda para garantizar que la ampliación responda a las necesidades reales del municipio y su área de influencia, permitiendo optimizar los recursos y asegurar una atención integral y oportuna para todos los usuarios.
Red Salud Casanare, en articulación con la Alcaldía de Orocué y la Secretaría de Salud Departamental, continúa trabajando de manera coordinada por el fortalecimiento de la red pública de servicios de salud, reafirmando su compromiso con el bienestar y la calidad de vida de los casanareños.
