CASANARE
Caen responsables de arrasar miles de hectáreas en Meta y Guaviare
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 presuntos integrantes de una estructura ilegal, conocida como ‘Los Taladores’, señalada de arrasar con más de 2.000 hectáreas de bosque nativo y selva en áreas de reserva forestal y especial protección ambiental, entre Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare.
Esta red, supuestamente, auspiciaba la tala indiscriminada de especies como cedro amargo, cedro ancho, achapo, flormorado, cabo de hacha, laurel, pecueco, dormidero, arrayán y salidillo, entre otras.
¿cómo operaban?
Al parecer, ‘Los Taladores’ transportaban la madera por los ríos Guayabero y Ariari desde los distintos frentes de extracción ilícita hasta dos aserradores ubicados en las veredas Aguas Claras y Guarapayas, en Puerto Concordia (Meta). En estos puntos la acopiaban, cortaban y transformaban en listones o planchones. Posteriormente, con guías de movilización y salvoconductos vencidos o alterados la trasladaban en tractocamiones y a altas horas de la noche a Bogotá y Villavicencio, Acacías, Granada y Guamal (Meta), donde el producto era comercializado y distribuido hacia diferentes ciudades del país.
‘Los Taladores’, presuntamente, mantenían contactos con las disidencias de las FARC y pagaban para que les permitieran realizar la actividad ilegal en la región desde 2019.
Hay indicios de que, en algunas oportunidades, habrían amenazado a las comunidades para que no los denunciaran. En controles técnicos también se conoció que algunos funcionarios de la fuerza pública y de otras autoridades, al parecer, los alertaban sobre los operativos en la región, de tal manera que ocultaban la madera y tomaban medidas para evitar ser detectados.
Captura y judicialización
Gracias a las capacidades investigativas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Guaviare de la Fiscalía, y al trabajo articulado con la SIJIN del Departamento de Policía de Guaviare, los 11 señalados integrantes de la organización delictiva fueron capturados en diligencias realizadas en Puerto Concordia y Villavicencio.
Entre los detenidos están los supuestos cabecillas principales y financiadores de todo el andamiaje ilícito, Félix Hernando Jiménez León y Fernando Cuervo Díaz, alias Pichirilo, quienes también eran los dueños de los dos aserraderos. Los demás capturados cumplían diferentes roles como administradores de los depósitos y coordinadores de las actividades de tala, transporte y comercialización.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a ‘Los Taladores’ los delitos de: ilícito aprovechamiento a los recursos naturales, daño a los recursos naturales renovables y concierto para delinquir agravado.
Los procesados, la mayoría reincidente en estas conductas, no aceptaron los cargos. Por disposición del juez de control recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, cuatro de ellos fueron enviados a la cárcel, se trata de: Félix Hernando Jiménez León y Fernando Cuervo Díaz, los dos señalados cabecillas; José Alfredo Jiménez León, el administrador de uno de los depósitos; y Andrés Camilo Romero Abril, encargado de la comercialización y distribución de la madera procesada.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
CASANARE
Capturan a dos personas en Yopal por presunta explotación sexual y trata de personas
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
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