CASANARE
Caen responsables de arrasar miles de hectáreas en Meta y Guaviare
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 presuntos integrantes de una estructura ilegal, conocida como ‘Los Taladores’, señalada de arrasar con más de 2.000 hectáreas de bosque nativo y selva en áreas de reserva forestal y especial protección ambiental, entre Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare.
Esta red, supuestamente, auspiciaba la tala indiscriminada de especies como cedro amargo, cedro ancho, achapo, flormorado, cabo de hacha, laurel, pecueco, dormidero, arrayán y salidillo, entre otras.
¿cómo operaban?
Al parecer, ‘Los Taladores’ transportaban la madera por los ríos Guayabero y Ariari desde los distintos frentes de extracción ilícita hasta dos aserradores ubicados en las veredas Aguas Claras y Guarapayas, en Puerto Concordia (Meta). En estos puntos la acopiaban, cortaban y transformaban en listones o planchones. Posteriormente, con guías de movilización y salvoconductos vencidos o alterados la trasladaban en tractocamiones y a altas horas de la noche a Bogotá y Villavicencio, Acacías, Granada y Guamal (Meta), donde el producto era comercializado y distribuido hacia diferentes ciudades del país.
‘Los Taladores’, presuntamente, mantenían contactos con las disidencias de las FARC y pagaban para que les permitieran realizar la actividad ilegal en la región desde 2019.
Hay indicios de que, en algunas oportunidades, habrían amenazado a las comunidades para que no los denunciaran. En controles técnicos también se conoció que algunos funcionarios de la fuerza pública y de otras autoridades, al parecer, los alertaban sobre los operativos en la región, de tal manera que ocultaban la madera y tomaban medidas para evitar ser detectados.
Captura y judicialización
Gracias a las capacidades investigativas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Guaviare de la Fiscalía, y al trabajo articulado con la SIJIN del Departamento de Policía de Guaviare, los 11 señalados integrantes de la organización delictiva fueron capturados en diligencias realizadas en Puerto Concordia y Villavicencio.
Entre los detenidos están los supuestos cabecillas principales y financiadores de todo el andamiaje ilícito, Félix Hernando Jiménez León y Fernando Cuervo Díaz, alias Pichirilo, quienes también eran los dueños de los dos aserraderos. Los demás capturados cumplían diferentes roles como administradores de los depósitos y coordinadores de las actividades de tala, transporte y comercialización.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a ‘Los Taladores’ los delitos de: ilícito aprovechamiento a los recursos naturales, daño a los recursos naturales renovables y concierto para delinquir agravado.
Los procesados, la mayoría reincidente en estas conductas, no aceptaron los cargos. Por disposición del juez de control recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, cuatro de ellos fueron enviados a la cárcel, se trata de: Félix Hernando Jiménez León y Fernando Cuervo Díaz, los dos señalados cabecillas; José Alfredo Jiménez León, el administrador de uno de los depósitos; y Andrés Camilo Romero Abril, encargado de la comercialización y distribución de la madera procesada.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
