CASANARE
Caen responsables de arrasar miles de hectáreas en Meta y Guaviare
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 presuntos integrantes de una estructura ilegal, conocida como ‘Los Taladores’, señalada de arrasar con más de 2.000 hectáreas de bosque nativo y selva en áreas de reserva forestal y especial protección ambiental, entre Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare.
Esta red, supuestamente, auspiciaba la tala indiscriminada de especies como cedro amargo, cedro ancho, achapo, flormorado, cabo de hacha, laurel, pecueco, dormidero, arrayán y salidillo, entre otras.
¿cómo operaban?
Al parecer, ‘Los Taladores’ transportaban la madera por los ríos Guayabero y Ariari desde los distintos frentes de extracción ilícita hasta dos aserradores ubicados en las veredas Aguas Claras y Guarapayas, en Puerto Concordia (Meta). En estos puntos la acopiaban, cortaban y transformaban en listones o planchones. Posteriormente, con guías de movilización y salvoconductos vencidos o alterados la trasladaban en tractocamiones y a altas horas de la noche a Bogotá y Villavicencio, Acacías, Granada y Guamal (Meta), donde el producto era comercializado y distribuido hacia diferentes ciudades del país.
‘Los Taladores’, presuntamente, mantenían contactos con las disidencias de las FARC y pagaban para que les permitieran realizar la actividad ilegal en la región desde 2019.
Hay indicios de que, en algunas oportunidades, habrían amenazado a las comunidades para que no los denunciaran. En controles técnicos también se conoció que algunos funcionarios de la fuerza pública y de otras autoridades, al parecer, los alertaban sobre los operativos en la región, de tal manera que ocultaban la madera y tomaban medidas para evitar ser detectados.
Captura y judicialización
Gracias a las capacidades investigativas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Guaviare de la Fiscalía, y al trabajo articulado con la SIJIN del Departamento de Policía de Guaviare, los 11 señalados integrantes de la organización delictiva fueron capturados en diligencias realizadas en Puerto Concordia y Villavicencio.
Entre los detenidos están los supuestos cabecillas principales y financiadores de todo el andamiaje ilícito, Félix Hernando Jiménez León y Fernando Cuervo Díaz, alias Pichirilo, quienes también eran los dueños de los dos aserraderos. Los demás capturados cumplían diferentes roles como administradores de los depósitos y coordinadores de las actividades de tala, transporte y comercialización.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a ‘Los Taladores’ los delitos de: ilícito aprovechamiento a los recursos naturales, daño a los recursos naturales renovables y concierto para delinquir agravado.
Los procesados, la mayoría reincidente en estas conductas, no aceptaron los cargos. Por disposición del juez de control recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad, cuatro de ellos fueron enviados a la cárcel, se trata de: Félix Hernando Jiménez León y Fernando Cuervo Díaz, los dos señalados cabecillas; José Alfredo Jiménez León, el administrador de uno de los depósitos; y Andrés Camilo Romero Abril, encargado de la comercialización y distribución de la madera procesada.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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