META
Avanza en el Meta judicialización de delitos por violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar se encuentra en el segundo lugar de los delitos más denunciados en 2021 en Meta, después del hurto. Es por esto que la Seccional Meta adelanta con prioridad las investigaciones y judicializaciones por esta conducta. En 2021 han sido instauradas 647 denuncias que están siendo investigadas por un grupo de fiscales y su policía judicial.
De los 647 casos, se han corrido 250 escritos de acusación, 520 casos se encuentran en etapa de indagación y 127 en etapa de juicio. Por estos hechos han sido capturadas 170 personas en flagrancia, quienes fueron presentados ante los jueces de control de garantías para sus respectivas judicializaciones.
El material probatorio recaudado por la Fiscalía ha permitido que hasta el momento los jueces de conocimiento hayan dictado 23 medidas de aseguramiento contra presuntos responsables de este delito.
Las acciones judiciales emprendidas por la ciudadanía se han presentado en 17 de los 29 municipios del departamento; siendo Villavicencio, Acacías, Granada y Restrepo, los lugares donde más demandas por violencia intrafamiliar se han presentado.
En el caso de Villavicencio han sido radicadas 372 denuncias, de las cuales 281 se encuentran en etapa de indagación y 91 en juicio. En Acacías han sido presentadas 117 denuncias; 92 de los cuales están en etapa de indagación y 25 en juicio.
En Granada se han radicado 40 denuncias, las mismas están en indagación; y en Restrepo se han presentado 35 denuncias, 29 de los cuales se encuentran en etapa de indagación y 6 en etapa de juicio.
Responsables, modalidad y motivos
Entre los presuntos responsables de hechos de violencia intrafamiliar están los conyugues, exconyuge, hijos, hermanos e hijastros. En cuatro casos se tiene información de cuatro mujeres que habrían agredido a su compañero o excompañero permanente.
En estos casos ha sido proferido el escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar, y se hizo el traslado correspondiente.
El material probatorio recaudado por la Fiscalía ha permitido reconocer que las modalidades de agresión que más se denuncian son la sicológica y la física; y en la mayoría de los casos los agresores recurren al uso de armas blancas contra las víctimas. Siendo la intolerancia, el consumo de alcohol o de sustancias alucinógenas, los celos y factores económicos los que predominan como detonantes de las agresiones.
Protección
Durante los primeros 4 meses de 2021, la Fiscalía radicó 70 audiencias con solicitud de medidas de protección en favor de víctimas de violencia intrafamiliar. Nueve agresores fueron obligados a desalojar las viviendas que compartían con las víctimas.
Otras medidas incluyen prohibición para que el agresor de acerque a la víctima, obligación de acudir a tratamiento sicológico, protección policiva especial e inclusión en Plan Madrina de la Policía Nacional y compromiso de no repetición de maltrato.
Algunos casos
-En Restrepo una mujer fue atacada por su esposo, quien la agredió en múltiples ocasiones con arma blanca.
-En Granada, un hombre mutiló a la mascota de su pareja y la amenazó de muerte a ella y a sus hijos.
-En Villavicencio se adelantan procesos contra dos presuntos consumidores de alucinógenos que agredían físicamente a sus progenitoras amenazándolas de muerte.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
