META
Avanza en el Meta judicialización de delitos por violencia intrafamiliar
La violencia intrafamiliar se encuentra en el segundo lugar de los delitos más denunciados en 2021 en Meta, después del hurto. Es por esto que la Seccional Meta adelanta con prioridad las investigaciones y judicializaciones por esta conducta. En 2021 han sido instauradas 647 denuncias que están siendo investigadas por un grupo de fiscales y su policía judicial.
De los 647 casos, se han corrido 250 escritos de acusación, 520 casos se encuentran en etapa de indagación y 127 en etapa de juicio. Por estos hechos han sido capturadas 170 personas en flagrancia, quienes fueron presentados ante los jueces de control de garantías para sus respectivas judicializaciones.
El material probatorio recaudado por la Fiscalía ha permitido que hasta el momento los jueces de conocimiento hayan dictado 23 medidas de aseguramiento contra presuntos responsables de este delito.
Las acciones judiciales emprendidas por la ciudadanía se han presentado en 17 de los 29 municipios del departamento; siendo Villavicencio, Acacías, Granada y Restrepo, los lugares donde más demandas por violencia intrafamiliar se han presentado.
En el caso de Villavicencio han sido radicadas 372 denuncias, de las cuales 281 se encuentran en etapa de indagación y 91 en juicio. En Acacías han sido presentadas 117 denuncias; 92 de los cuales están en etapa de indagación y 25 en juicio.
En Granada se han radicado 40 denuncias, las mismas están en indagación; y en Restrepo se han presentado 35 denuncias, 29 de los cuales se encuentran en etapa de indagación y 6 en etapa de juicio.
Responsables, modalidad y motivos
Entre los presuntos responsables de hechos de violencia intrafamiliar están los conyugues, exconyuge, hijos, hermanos e hijastros. En cuatro casos se tiene información de cuatro mujeres que habrían agredido a su compañero o excompañero permanente.
En estos casos ha sido proferido el escrito de acusación por el delito de violencia intrafamiliar, y se hizo el traslado correspondiente.
El material probatorio recaudado por la Fiscalía ha permitido reconocer que las modalidades de agresión que más se denuncian son la sicológica y la física; y en la mayoría de los casos los agresores recurren al uso de armas blancas contra las víctimas. Siendo la intolerancia, el consumo de alcohol o de sustancias alucinógenas, los celos y factores económicos los que predominan como detonantes de las agresiones.
Protección
Durante los primeros 4 meses de 2021, la Fiscalía radicó 70 audiencias con solicitud de medidas de protección en favor de víctimas de violencia intrafamiliar. Nueve agresores fueron obligados a desalojar las viviendas que compartían con las víctimas.
Otras medidas incluyen prohibición para que el agresor de acerque a la víctima, obligación de acudir a tratamiento sicológico, protección policiva especial e inclusión en Plan Madrina de la Policía Nacional y compromiso de no repetición de maltrato.
Algunos casos
-En Restrepo una mujer fue atacada por su esposo, quien la agredió en múltiples ocasiones con arma blanca.
-En Granada, un hombre mutiló a la mascota de su pareja y la amenazó de muerte a ella y a sus hijos.
-En Villavicencio se adelantan procesos contra dos presuntos consumidores de alucinógenos que agredían físicamente a sus progenitoras amenazándolas de muerte.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
