CASANARE
Avance en construcción de nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable de Yopal es del 17%
Obra estaría terminada a final de año de acuerdo con el cronograma del Consorcio constructor.
En un 17,11 % avanza la ejecución de la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable de Yopal, según lo dio a conocer el Consorcio Aguas de Yopal que construye la obra en la Vereda La Vega.
En reunión convocada por Findeter con representantes de diferentes sectores de la ciudad donde no se hicieron presentes delegados de la Alcaldía de Yopal y solo uno de los veedores, se analizaron los avances de la obra y se presentaron aspectos técnicos de los trabajos que se vienen adelantando para solucionar por fin, luego de más de cinco años, la problemática por la falta de agua potable en Yopal.
Según la agente Interventora de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Luz Amanda Camacho, las obras deberían estar en un 16 por ciento de ejecución y sin embargo la misma presenta un avance del 17.11 por ciento, “esto quiere decir que todo va por buen camino y en la dirección que se esperaba”.
Se conoció que se está adelantando la construcción de los tanques de almacenamiento, así como las obras de protección en la ribera del río para lo cual se están utilizando poliedros prefabricados (en forma piramidal) de seis toneladas de peso y con una profundidad de 4 metros, toda vez que no fue posible la utilización de rocas del sector, por situaciones de permisos ambientales por parte de Corporinoquia, según el Consorcio constructor.
Construcción del tanque sur de almacenamiento.
Otto Mauricio Herrera, único veedor que se hizo presente durante la presentación de los avances, se mostró satisfecho de lo adelantado hasta el momento, señalando que luego de superar la revisión de los diseños que tanto solicitó la veeduría, se logró que se ajustaran y la obra avanza positivamente.
“Con base en las advertencias y la gestión adecuada y técnica de la veeduría se logró que los diseños fueran revisados, fueran ajustados, y fue así como se logró la construcción de unas obras de protección adecuadas, que según los informes que nos dan hoy garantizan la estabilidad de la planta por lo menos por 100 años”, anotó el ingeniero integrante de la veeduría ciudadana que se hizo presente.
Por su parte el presidente del Concejo Municipal, José Luis Avendaño, mostró escepticismo respecto de la efectividad de las obras de protección que se están adelantando, pues no serían las más adecuadas teniendo en cuenta el inmenso caudal que alcanza el río Cravo Sur durante la época de invierno, lo cual podría conllevar a colocar en riesgo la inversión y la estabilidad de la obra.
“Preocupa el tema, ya que según el informe, estas barricadas solo tendrían 4 metros de profundidad y un tonelaje insuficiente sí se tiene en cuenta la potencia del caudal del río en época invernal”, expresó el Corporado.
Avendaño Ortiz extendió la invitación a los entes competentes para que revisen el tema y de esta manera la obra pueda llegar a feliz término, de acuerdo a los plazos previstos en el contrato.
Fuente: El Diario del Llano -HOLA Casanare
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
